Concursos de acreedores: camino (casi) seguro hacia la liquidación

Pero, ¿asistimos a un claro repunte del número de empresas que suspenden pagos, o es más una percepción alimentada por el eco mediático de estos casos? Lo cierto es que hoy día se presentan muchos menos concursos de acreedores que en los peores momentos de la crisis. Por ejemplo, en 2013 fueron 538 las empresas vascas que suspendieron pagos, mientras que en el primer semestre de este año han sido 157. También es verdad que se ha producido un pequeño repunte del 3,3% respecto al mismo periodo de 2016. Pequeño, sí, pero significativo porque rompe una tendencia bajista: en los tres últimos primeros semestres de año el número de casos caía en torno a un 20-25% interanual.

«Hay que esperar a que haya más datos y trimestres para ver si estamos ante un caso aislado, ante un cambio de tendencia, o simplemente en una estabilización de esta variable. Creo que será esto último», dice Pablo Martín, del departamento económico-fiscal de Confebask. «En cualquier caso, es un número superior al de los años que precedieron a la crisis. Pero es que entonces el crédito se daba con muchísima alegría, y esto favorecía que hubiera muy pocos procesos concursales ya que era fácil encontrar financiación, aunque fuera para proyectos que muchas veces cayeron posteriormente», añade.

Los últimos datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hablan de un notable repunte en el número de empresas industriales que suspenden pagos en Euskadi: durante el primer semestre de este año fueron 36, un 33% más que en el mismo periodo de 2016. Eso sí, la mayor parte de los procesos concursales (98) se siguen dando en el sector servicios. En cuanto al tamaño, más de la mitad de esas empresas tenían menos de 10 empleados. Y las que cuentan con entre uno y dos trabajadores ascienden a 32. Sólo 3 superaban los 100 empleados.

Una radiografía que más o menos se ajusta a las características del tejido empresarial vasco, abrumadoramente dominado por las pymes, y en el que el sector servicios también es el más representativo. «En contra de lo que pudiera parecer, las empresas industriales en concurso son bastante pocas. Es cierto que ha habido un repunte, pero antes de la crisis venían a representar casi la mitad de las empresas concursadas. Y ahora son una cuarta parte, o menos. Lo que pasa es que son casos que normalmente tienen una mayor repercusión mediática», expone Pablo Martín.

La inmensa mayoría de los concursos de acreedores que se presentan son voluntarios. Es decir, solicitados por el deudor. Y muy pocos son necesarios, que es cuando lo pide el acreedor o cualquier otro sujeto legitimado. La vigente Ley Concursal nació en 2003 con el propósito de satisfacer la necesidad de regular el reparto de pérdidas cuando una empresa (también una familia) no pude hacer frente a sus deudas. En teoría el procedimiento busca proteger a los más débiles, que en estos casos suelen ser los trabajadores.

En opinión de Aner Rodríguez, esta ley ha demostrado «ser un evidente fracaso en la práctica, al apostar por la vía del convenio, que es la convencional. Esto es, que una empresa siga funcionando como tal una vez superado el procedimiento concursal después de que los acreedores alcanzaran un acuerdo con la empresa para cobrar todos sus créditos con aplazamientos y quitas». Es lo que se denomina vía preferencial. Si el convenio no funcional, se llega a la liquidación (vía residual). «Y es donde acaban entre el 95% y el 98% de los casos», asegura el juez decano de Bilbao, que anteriormente fue magistrado titular del juzgado de lo mercantil 2 de la capital vizcaína.

Ante este panorama, los procedimientos concursales derivan en ocasiones hacia una tercera vía, no contemplada en la actual ley, aunque sí tenga una base legal. Consiste en que la empresa se declara en liquidación, aunque sigue funcionando como una unidad productiva, para venderse a un tercero, normalmente alguien de la competencia. El empresario original desaparece. Si no lo hace -se han dado casos- estaríamos hablando de fraude. «El nuevo dueño inyecta un dinero con el que se paga a los acreedores, conforme a un orden. Lógicamente, esos acreedores cobran mucho menos de lo que recibirían si se llega a un acuerdo de quita y espera. Incluso algunos no ven nada», ilustra Rodríguez.

Pablo Martín, de Confebask, apunta dos razones por las que estos procesos suelen acabar mal. Una de ellas es el «estigma» que cae sobre las empresas que suspenden pagos. «Por eso muchas veces, cuando solicitan el concurso de acreedores, suele ser demasiado tarde», dice. El juez Rodríguez lo llama «cultura de la insolvencia un poquito deficitaria». En otras palabras, «cuando alguien huelo un poco mal, enseguida se le entierra, y todo el mundo tiende a blindarse en el concurso de los acreedores», lo que a su juicio va en contra de una salida conveniente. «A veces las empresas aguantan demasiado y entran en una insolvencia que no tiene marcha atrás», añade.

Martín dice que «en muchas ocasiones el sistema judicial no se muestra nada ágil», lo que tampoco ayude a que el proceso concursal llegue a buen puerto. «Desde que una empresa lo solicita hasta que se declara, pueden pasar meses. A este respecto hay una propuesta de directiva europea que trata de reducir los tiempos y costes del procedimiento concursal, que elevaría las posibilidades de que consiga sobrevivir», asegura.

Aner Rodríguez rebate este argumento. «Quizá puo influir en su momento. Pero no ahora, al menos en los juzgados que yo controlo en Euskadi. Tenemos una calidad de respuesta en tiempo bastante razonable». Y pone el ejemplo de una empresa pesquera bermeana, dueña de tres barcos, que entró en concurso. «Llegó una superoferta de una compañía venezolana. Se corrió mucho, se vendió y se pagó todo en aquel concurso. Cuando viene un 'mirlo blanco' a poner dinero, se corre. Ninguna empresa deja de tener una buena salida porque la justicia vaya lenta. Por lo menos en Euskadi», sostiene.

Las alternativas al concurso de acreedores están en el acuerdo extrajudicial de pagos, o en los procesos de refinanciación de la deuda. El primer supuesto consiste, a grandes rasgos, en el nombramiento de un mediador concursal que intenta llegar a un acuerdo con los acreedores siempre que una mayoría de estos esté de acuerdo con la solución propuesta. Una vía «que es un fracaso absoluto en la práctica», según el juez Rodríguez. «A algunas grandes empresas les ha salvado. Pero no a las pequeñas».

A la vía de la refinanciación acudió, por ejemplo, Eroski hace dos años y medio para salvar sus apuros económicos. La cooperativa suscribió un acuerdo con acreedores que representaban el 95% de su deuda financiera, que ascendía a más de 2.500 millones de euros. Fue la base sobre la que se cimentó el nuevo plan estratégico de la compañía.

Son dos caminos a seguir distintos a los del concurso de acreedores, que es sinónimo de liquidación en la mayoría de los casos, y en la mayoría de sectores. Excepto uno en el que casi se invierte proporcionalmente la estadística que arroja el resto: el fútbol. La gran mayoría de los procesos concursales en los que se ven implicados los clubes tienen final feliz. «¿Por qué sucede esto? Porque en estos casos la sociedad reclama responsables. Y muchas veces hay acreedores públicos -que muchas veces son la Hacienda o la Seguridad Social-, controlados claro está por políticos, que ceden muchísimo para que se puedan llegar a convenios», asegura Aner Rodríguez.

Ejemplos de ello los tenemos en Euskadi (Real Sociedad y Alavés) y otros muchos en la Liga española: Betis, tantos en la Liga española: Deportivo, Celta, Betis, Sporting, Las Palmas, Zaragoza… hasta casi 30 clubes del fútbol profesional español lograron escapar de ese túnel casi sin salida que para la gran mayoría del resto de las empresas representa el concurso de acreedores.