Primera condena en Gipuzkoa al cártel de los coches por pactar precios

El origen de esta problemática se remonta, como decíamos, a años atrás. La CNMC impuso una sanción en 2015 a 34 marcas de coches por haber creado un cártel. ¿De qué se les acusaba a las empresas automovilísticas? De intercambiar información confidencial, mediante un acuerdo, para controlar el mercado de la distribución y venta, lo que iba en contra de la competencia y de los consumidores, ya que los fabricantes implicados suponen un 90% de la cuota del mercado del motor. El 'cartel de coches', como se ha denominado, fijaba los precios entre aquellos años para reducir la competencia, lo que hizo subir el coste de los mismos entre 2.000 y 9.000 euros.

Según diversas fuentes, unos ocho millones de consumidores estarían afectados en todo el país. Se trata de aquellas personas que compraron entre febrero de 2006 y agosto de 2013 un vehículo de las marcas Citroën, Nissan, Chevrolet, Chrysler, Fiat, BMW, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW Audi o Volvo en alguno de los concesionarios sancionados. En el caso de Gipuzkoa, en ese periodo se comercializaron 69.985 turismos y todoterrenos. Lo que no quiere significar que todos estén afectados, ya que la casuística y las fechas varían en función de la marca y el modelo.

José Manuel Urkiri, abogado que ha presentado una decena de demandas en los tribunales donostiarras, explica que «pese a que está constatado que las empresas intercambiaron información y operaban como un cártel, la dificultad estriba en acreditar en cuánto ha sido afectado un comprador». Para ello, junto a la colaboración de tres economistas de la UPV-EHU (Mari Paz Espinosa, Aitor Ciarreta y Javier García), han elaborado un informe general en el que se detallan las compensaciones mediante complejas fórmulas matemáticas. Además, se presenta otro estudio de carácter más técnico en el que el afectado entrega las facturas y toda la documentación relacionada con la adquisición del vehículo.

Aquí está la madre del cordero. Porque así como en un caso el juez ha validado estos informes, en el otro ha considerado que «incurre en imprecisiones» por los siguientes argumentos jurídicos: «No consideramos que haya un correcto cálculo de la base imponible». De ahí que el magistrado Pedro José Malagón deniegue la compensación de 2.538,79 euros que reclamaba el afectado por un Citroen C5 comprado en mayo de 2013. Los fallos no admiten recurso por ser las indemnizaciones requeridas inferiores a 3.000 euros.

Urkiri, que reconoce el «revés» que ha supuesto que una de las dos demandas no haya sido aceptada, asume que «habrá que mejorar los informes técnicos» y subraya que el plazo para presentar demandas «es hasta 2026». Hasta la fecha, los tribunales que se han pronunciado sobre este asunto desde otoño han dictado fallos de todo tipo, ya que en unos casos se han manifestado en contra del cliente y en otros, a favor. En estos fallos, la indemnización ha oscilado entre un 5 y un 10%.

Letrados que llevan estos casos recomiendan a los afectados que se pongan en contacto con las asociaciones de consumidores para presentar sus reclamaciones. En el caso del País Vasco, la Unión de Consumidores de Euskadi (UCE) llevan más de 300 casos, más de un tercio en Gipuzkoa. La Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca (EKA/ACUV), por su parte, tiene una cartera de alrededor de 200 afectados.