El consejo de administración de Talgo se reúne con la tensión al alza por la operación Sidenor

En ese ambiente es en el que se va a celebrar el próximo jueves el consejo de administración de Talgo. El último del año y una sesión en la que si bien no se tratará de forma directa la futura propiedad, sí pesará en el ambiente la posición de unos y otros consejeros. La mayoría representan a Trilantic, que con un 29,9% de las acciones pide por su participación 185 millones, 5 euros por título. Jainaga está dispuesto a ofrecer 150 millones, 4 euros por acción.

En el consejo están representados también, en menor proporción, el resto de los principales accionistas, como la familia Oriol, con el presidente Carlos de Palacio; y Torreal, el vehículo inversor de la familia Abelló, así como otros consejeros independientes.

La posición ante la operación Sidenor no es, en absoluto, monolítica. De momento, Trilantic, trata de ganar tiempo y no ha permitido un acceso fluido a las cuentas de la compañía, una vez que se conoció formalmente el interés de Sidenor por hacerse con el control de Talgo. Las primeras cifras llegaron la semana pasada, como adelantó EL CORREO, y la información sigue llegando a cuenta gotas para enfado del Ejecutivo central. El Gobierno de Pedro Sánchez ha fiado en Sidenor la apuesta para salvar el proyecto industrial de Talgo, que cuenta también con el compromiso del Ejecutivo vasco y de la Fundación Vital -accionista alavesa de Kutxabank- de aportar capital a cambio de trasladar la sede de la empresa a Euskadi.

Precisamente ayer,según informó Manu Alvarez, el presidente de las cámaras de comercio del País Vasco, Gregorio Rojo, aseguró que «el Gobierno español y las instituciones vascas harán todo lo posible para que Talgo vuelva a ser vasca». Los representantes de los órganos empresariales de Bilbao, San Sebastián y Vitoria se mostraron optimistas y achacaron la situación a «episodios propios de una negociación». «Sería una pena que Sidenor no se haga con el control de esa empresa», apuntó Mauricio Arregui, presidente de la Cámara de Gipuzkoa.

Otra de las cuestiones que pesará en la reunión del órgano de gobierno del fabricante de trenes son las penalizaciones ejecutadas por Renfe por los retrasos en la entrega de los Avril. El operador envió hace dos semanas una 'orden de ingreso' de 116 millones y ha paralizado los pagos pendientes que ascienden a 120 millones. Siendo Talgo una cotizada parece complicado evitar la provisión de la multa este año, tal y como explican fuentes del sector, lo que le haría cerrar con pérdidas. La decisión final corresponde al auditor de las cuentas, Deloitte.

Por si fuera poco, ayer se sumó lo que podría ser un nuevo frente. Según publicó el diario 'La Razón', Magyar Vagon recurrió finalmente al Tribunal Supremo el veto del Consejo de Ministros a su opa de 5 euros por acción, 619 millones por el 100% de Talgo. Fuentes del Alto Tribunal confirmaron a este medio su registro el pasado 31 de octubre, el último día del plazo y tras amagar con no hacerlo. El consorcio húngaro consideró que el veto «carece de la más mínima motivación y deja al oferente -Magyar Vagon- en la más absoluta indefensión». Si el Supremo estimase la demanda y abriera el fondo de la cuestión podría bloquear la operación corporativa de Talgo hasta resolver la validez del bloqueo gubernamental apoyada en información clasificada del CNI.

El cúmulo de acontecimientos erosionó el valor de la acción de Talgo en Bolsa, que cayó ayer un 1,72%, hasta los 3,42 euros.