El Consejo Vasco de Finanzas ratifica la nueva Ley de Aportaciones que dará «certidumbre» a las Cuentas Públicas

Este acuerdo renueva la metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las diputaciones forales a la financiación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable al periodo 2022-2026.

El Consejo de Gobierno tendrá que aprobar el Proyecto de Ley, que se remitirá al Parlamento Vasco donde PNV y PSE cuentan con la mayoría necesaria para aprobarla. El objetivo de las instituciones vascas es que, cumplidos todos los trámites parlamentarios, la nueva Ley esté vigente para principios de octubre.

«Todos los niveles institucionales de Euskadi hemos priorizado poder tenerla aprobada antes de la elaboración de los presupuestos 2022, ya que dota de solidez y mayor certidumbre a las cuentas públicas en este momento crucial de escenario económico, enfocado a la recuperación económica y generación de empleo», ha señalado Azpiazu.

Según ha explicado el consejero, el acuerdo recoge las reivindicaciones que las distintas instituciones han venido reclamando durante la vigencia de la actual metodología y pone en valor la incorporación de los preceptos que se derivan de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi (LILE), con un capítulo especialmente dedicado a la financiación municipal.

«Estoy convencido de que tanto las diputaciones forales de los tres Territorios Históricos, como Eudel y el Gobierno Vasco, hemos sido capaces de tener la suficiente altura de miras como para hacer prevalecer el bienestar de la ciudadanía vasca frente a cualquier otra cuestión. La nueva Ley de Aportaciones es resultado de una intensa colaboración interinstitucional. Una colaboración sincera y leal, y un trabajo conjunto que hoy ha dado sus frutos», ha destacado.

El coeficiente vertical se incrementa del 70,04% al 70,81% fundamentalmente por la integración de la financiación específica correspondiente a traspasos de funciones y servicios como prisiones, AP-1 o AP-68, entre otras, y la nueva financiación que no estaba reflejadas en el coeficiente anterior que respondía a financiaciones extraordinarias de Sanidad, Educación y Dependencia.

El Fondo de Servicios Sociales se amplía desde los 20 millones de euros hasta los 35 millones de euros y, en consecuencia, la aportación del Gobierno Vasco se incrementa en 10,5 millones de euros hasta los 24,5 millones de euros. Esta contribución se integra en el coeficiente vertical.

También incluye políticas de fomento del euskera y la planificación de su normalización en ámbitos que corresponden a la esfera de atribución local por 900.000 euros. Los coeficientes horizontales de aportación, por su parte, mantienen «en sus mismos términos» la metodología para el cálculo vigente.

Respecto al Fondo General de Ajuste, se mantiene el objetivo de asegurar que el peso relativo de la recaudación de cada Diputación foral alcance el 99% de su coeficiente horizontal. El límite máximo del Fondo aumenta hasta el 1,45% de los recursos que se distribuyen entre las instituciones vascas, frente al 1% fijado por la ley vigente.

En su primer tramo, se instrumenta de la misma forma que el Fondo General de Ajuste actual, ya que tiene como límite el 1% de los recursos a distribuir, y al mismo contribuyen el Gobierno Vasco y las diputaciones forales en función de sus respectivos coeficientes.

La activación del segundo tramo del Fondo se prevé cuando por aplicación del primer tramo, la recaudación relativa de alguna diputación foral se mantenga aún por debajo del límite del 99% de su coeficiente horizontal.

El límite del segundo tramo se establece en el 0,45% de los recursos a distribuir y, a diferencia del primer tramo, la contribución del Gobierno Vasco es del 50%. Las diputaciones forales aportan el restante 50% en función de sus respectivos coeficientes horizontales.

Finalmente, se establece en un 39,23% el porcentaje mínimo de participación de las entidades locales en los tributos concertados. Así, entidades locales de los tres Territorios Históricos consolidarán por ley un porcentaje de participación en los tributos concertados superior a la recomendación vigente en la Ley 2/2007.

Este porcentaje se obtiene, una vez integrada la financiación específica foral en el modelo de distribución de recursos, la contribución del Gobierno Vasco destinada a los Territorios Históricos para Servicios Sociales y la financiación de planes de euskera destinada a EELL, y teniendo en cuenta los porcentajes de participación local efectiva en los tributos concertados que establecen los Consejos Territoriales de Finanzas de cada Territorio.

Las entidades locales de los tres Territorios Históricos consolidarán por ley un porcentaje de participación en los tributos concertados superior al recomendado actualmente en la vigente Ley 2/2007, del 54,70%.

Preguntado sobre si hay fecha celebrar la Comisión Mixta del Concierto para fijar la tasa de referencia de déficit y deuda para 2022, el consejero de Economía ha explicado que todavía no hay un acuerdo con el Ministerio de Hacienda pero cree que «hay tiempo para ello» y espera que el acuerdo esté «en coherencia» con la decisión de Europa de suspender las reglas del pacto de estabilidad y crecimiento que hace que las tasas de endeudamiento sean «de referencia, no de obligado cumplimiento».

Azpiazu cree que una «senda de referencia menos estricta» debe permitir a la Administración vasca elaborar unos presupuestos «valientes» y ha subrayado que el Gobierno Vasco los quiere hacer «inversores» para «darle un empujón a la situación de crisis económica», ya que cree que «es el momento de hacer ese esfuerzo desde la inversión aprovechando este momento político y económico» actual.