Cronología del caso Víctor Bravo

En las próximas líneas repasamos los hitos de un escándalo que hizo temblar los pilares de la Hacienda foral de Gipuzkoa y puso en jaque hace más de una década al Gobierno foral del PNV.

La Fiscalía Provincial de Gipuzkoa presentó una denuncia contra el ex director de Hacienda Víctor Bravo por su presunta participación en cinco delitos contra la Hacienda pública, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos. La Fiscalía imputó los mismos delitos a Rufino Eizaguirre, socio de Víctor Bravo y persona que desempeñó el cargo de jefe de la oficina técnica del gabinete del entonces diputado general, Joxe Joan Gonzalez de Txabarri. El ministerio público dirigió también la denuncia contra otras cuatro personas, entre ellas la esposa del exdirector de Hacienda. Y estimó en 2,15 millones los perjuicios económicos causados por los imputados a la Hacienda del Estado en el Impuesto de Sociedades.

La Fiscalía Provincial de Gipuzkoa solicitó al Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebabastián que impusiera una fianza conjunta de 2.943.426,43 euros a Víctor Bravo, ex director de Hacienda, y a las otras cinco personas denunciadas junto a él por dicha Fiscalía por presuntos delitos contra la Hacienda pública, cohecho, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. En el caso de que dicha fianza no fuese abonada en el plazo que estableciere el Juzgado, el ministerio público pidió que se procediera al embargo de los bienes de los acusados y de los pertenecientes a la empresa Glass Costa Este Salou, S.L., a la que estuvieron supuestamente vinculados todos ellos y en torno a la cual giraban todas las denuncias.

La Diputación de Gipuzkoa anunció que se personaría como acusación particular en el caso de Víctor Bravo. La decisión se tomó en la reunión del Consejo de Diputados a iniciativa del entonces diputado general, Markel Olano. Los dos partidos que sustentaban el Ejecutivo foral (PNV y Hamaikabat) subrayaron la gravedad y carga de profundidad de los hechos.

Víctor Bravo justificó en julio de 2009 su gestión como director de Hacienda durante una declaración de casi cuatro horas que realizó ante el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián, que investigaba el presunto fraude en el que estaría implicado. Bravo acudió acompañado de su mujer, la que fuera presidenta del Tribunal Económico Administrativo Foral de Gipuzkoa, Arantza Arbelaitz, acusada también, junto a su marido y otras cuatro personas más, de participar en el fraude cometido por la empresa catalana Glass Costa Este Salou, que aparentó tener su sede fiscal en Donostia para acogerse a unos beneficios fiscales reservados a empresas radicadas en Gipuzkoa.

El exdirector de Hacienda de Gipuzkoa y exsenador del PNV Víctor Bravo se negó a responder a las preguntas de la comisión de investigación de las Juntas Generales al entender que la Cámara guipuzcoana ya se había personado como acusación particular en el procedimiento judicial abierto contra él y otras cinco personas más. Pese a que a su salida confesó a los periodistas estar «deseando» dar su versión de los hechos, el exdirector de Hacienda evitó también hacer ningún tipo de declaración tal y como, reconoció, le había aconsejado su letrado, Javier Beramendi

Las Juntas Generales de Gipuzkoa censuraron por unanimidad la gestión de Víctor Bravo en Hacienda. Todos los grupos que formaban parte de la comisión de investigación del caso Víctor Bravo aprobaron por unanimidad un informe de conclusiones que subrayó las «grandes quiebras» que se dieron en el funcionamiento de Hacienda al menos hasta 2003.

El Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián dio por concluida la fase de instrucción del caso Víctor Bravo y abrió la de calificación, en la que dieron a las acusaciones diez días de plazo para que presentaran sus escritos de imputación sobre el que fuera director de la Hacienda de Gipuzkoa entre 1992 y 2003 y posteriormente senador por el PNV.

El ministerio fiscal remitió al juez su escrito de acusación y petición formal de pena para los principales acusados, el exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa entre 1992 y 2003, Víctor Bravo, y el administrador de la compañía, Fernando González, para los que solicitaba dos años de prisión por tres delitos contra la Hacienda pública. En el escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Donostia, la Fiscalía solicitó también una multa de 2,75 millones de euros, y una indemnización conjunta de casi 1,4 a la Hacienda Foral de Gipuzkoa correspondientes a la cuota defraudada.

Según adelantó DV, un tribunal de lo Penal de Donostia juzgaría a Víctor Bravo entre el 16 y el 18 de septiembre de 2019 por la presunta comisión de tres delitos contra la Hacienda Pública. La Fiscalía le reclamaba seis años de cárcel por defraudar supuestamente al fisco que dirigió casi 1,4 millones de euros. No iba a ser la única acusación. Según las fuentes consultadas, la Abogacía del Estado iba más allá y elevaba su petición de cárcel hasta los nueve años –tres por cada uno de los delitos–, situando la cuota defraudada en 1,8 millones. Las acusaciones solicitarían además al que fuera senador jeltzale cantidades millonarias en concepto de multas e indemnizaciones al fisco. La Fiscalía le reclamaba en total 3,5 millones; la Abogacía del Estado, un millón más.

El exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa y exsenador por el PNV Víctor Bravo decidió defenderse a sí mismo en el juicio contra su figura, acusada de tres delitos contra la Hacienda pública. Bravo sostuvo que mantendría un perfil bajo antes del juicio, una estrategia que consideraba prioritaria para defender sus intereses y su inocencia.

La primera jornada del juicio al exdirector del fisco foral y exsenador del PNV Víctor Bravo entró directamente en el meollo de la cuestión. Bravo y el otro acusado, Fernando Isidoro González Enfedaque, centraron todos sus esfuerzos en acreditar la legalidad del establecimiento de la sociedad Glass Costa Este Salou, dedicada a la promoción inmobiliaria, en territorio guipuzcoano. Por el contrario, la media docena de inspectores de la Hacienda estatal y de técnicos del fisco foral que testificaron por la tarde no encontraron ni actividad ni empleados en las investigaciones a esa sociedad en las que tomaron parte cuando este caso estalló.

La primera jornada comenzó con un retraso de media hora sobre lo previsto, mucha expectación mediática y un incidente. Éste tuvo lugar sobre las nueve menos cuarto de la mañana y sus protagonistas fueron Víctor Bravo, uno de los acusados, y un profesional de los medios. Según varios testigos, Bravo se encaró en primer lugar con el fotógrafo y, posteriormente, hubo un intercambio de acusaciones. Hasta que empezó el juicio, pasadas las diez de la mañana –media hora más tarde de lo anunciado– este tema copó todas las tertulias, especialmente entre los periodistas y fotógrafos que acudieron a cubrir el juicio.

Pablo Urrecha, inspector de la Hacienda del Estado, uno de los testigos que compareció en la segunda jornada del juicio al exdirector del fisco foral Víctor Bravo, atribuyó a éste un papel «esencial» en la compañía Glass Costa Este Salou. El testigo, con rango de jefe regional de Gestión Tributaria, atribuyó al exdirector del fisco guipuzcoano el papel de figura relevante en el supuesto proceso de «deslocalización» empresarial de la sociedad dedicada a la promoción inmobiliaria. En primer lugar, por permitir al administrador mayoritario de Glass Costa, Fernando González Enfedaque –el otro acusado– fijar su domicilio en su vivienda particular de San Sebastián. Y en segundo lugar, por «no inhibirse» en el proceso que permitió supuestamente a esta firma beneficiarse del Régimen Especial de Sociedades de Promoción de Empresas de Gipuzkoa.

La Fiscalía de Gipuzkoa elevó tres años, de seis a nueve, la petición de cárcel para el exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa Víctor Bravo. La representante del Ministerio Fiscal, Marta Sánchez Recio, decidió así igualar su petición de prisión a la del Abogado del Estado en la vista oral que concluyó en el Palacio de Justicia de San Sebastián. El juicio quedaba visto para sentencia.

Víctor Bravo, el que fuera director del fisco entre 1991 y 2003, fue condenado a una pena de 7 años de cárcel y un pago de casi 4 millones de euros –entre multas e indemnizaciones– por tres delitos contra la Hacienda pública. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de San Sebastián, consideró probados los hechos. Es decir, dictaminó que Bravo ayudó a una empresa de la que era socio –Glass Costa Este Salou– a fingir que tenía su sede fiscal en Gipuzkoa para acogerse a beneficios fiscales que sólo existían en el territorio. La sentencia cargó contra el exdirector de la Hacienda guipuzcoana por usar su cargo para cometer el fraude –cifrado en 1,5 millones– y justificó la extensión de las penas por aprovecharse de dicha condición con el único objetivo de defraudar a la Hacienda Pública, cuando su labor era la contraria, defender el interés público.

En cuanto al otro acusado, el que fuera administrador de Glass Costa Este Salou, socio y amigo de Bravo, Fernando Isidoro González, se le condenó a tres años de prisión como autor penalmente responsable de tres delitos contra la Hacienda pública, con la atenuante de reparación del daño causado y de dilaciones indebidas. También le impuso una multa de 1.500.000 euros.

El exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa Victor Bravo, condenado a siete años de cárcel por tres delitos contra la Hacienda pública por el caso Glass Costa Este Salou, presentó el recurso de apelación alegando que no intervino en los hechos. Bravo y el letrado que le acompaña en este proceso judicial, Juan José Gómez Losada, especializado en materia fiscal, entregaron el recurso -que consta de cien páginas con tres grandes ejes- en el juzgado de lo penal de Donostia, que lo enviaría a la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, el tribunal competente para el próximo pronunciamiento.

La Audiencia de Gipuzkoa ha confirmado este viernes los delitos contra la Hacienda Pública cometidos por Víctor Bravo, pero le ha rebajado la pena de 7 a 2,5 años de prisión. La sentencia, que es firme y contra la que no cabe recurso, aplica los atenuantes de dilaciones indebidas y la redacción del Código Penal vigente en el momento de los hechos.