El desconcierto económico vasco

Los dardos llegan desde múltiples frentes: economistas, presidentes autonómicos, dirigentes políticos… Uno de estos, Albert Rivera (Ciudadanos), ha calificado el acuerdo de «cuponazo». Y aunque la mayoría no pone en duda la legitimidad del sistema de financiación vasco, sí que urge a revisar el cálculo del Cupo porque, considera, no se ajusta a los estándares de solidaridad interterritorial que rigen en el régimen común. O, como mínimo, a dotarlo de más transparencia. Pero la dificultad de comparar ambos modelos de financiación, el enrevesado cálculo del cupo, y los intereses políticos embarran el terreno del debate, donde las opiniones tienen a polarizarse.

Entre los detractores figuran los economistas que forman parte de la comisión de expertos sobre la reforma de la financiación autónomica. Entre las muchas conclusiones que figuran en su informe -presentado en verano- está la de una «imprescindible revisión del cálculo del cupo y de la aportación, así como de los ajustes a consumo del IVA, para adecuarlos a las directrices que establece la normativa vigente». Y todo ello, «sin cuestionar el sistema foral de concierto o convenio».

Es decir, este grupo de expertos no entra a discutir la legitimidad del sistema vasco de financiación, que hunde sus raíces en el pasado siglo, y que está validado tanto por la Constitución Española como por las autoridades europeas. Pero creen que la revisión del Cupo «debería incorporar una valoración realista de las cargas no asumidas por los territorios forales». Es decir, de lo que aporta Euskadi a los gastos comunes del Estado en concepto de competencias no transferidas (Defensa, relaciones exteriores, mantenimiento de la Casa Real, etc.). En virtud de la recientemente renovada Ley del Concierto Económico vasco, Euskadi aporta el 6,24%, una cifra que se mantiene inalterable desde su origen (1981).

En opinión de Gonzalo Martínez Etxeberria, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, y autor de una tesis doctoral sobre el concierto económico vasco, en demasiadas ocasiones «se meten consideraciones de índole no técnico a cuestiones tan complejas como es determinar cuál es la valoración de una competencia. La cuestión es que el Concierto es un instrumento político pero lo determinación técnica del Cupo, no. No es tan simple como establecer un porcentaje de IVA».

A Ángel de la Fuente, economista de FEDEA, le resulta «muy difícil evitar la conclusión de que el importe del Cupo es fruto directo de un pacto político que después se viste con el ropaje de la Ley del Concierto, ajustando la valoración de las cargas no asumidas de la forma que sea necesaria para llegar a la cantidad final pactada. Algo similar sucede con el ajuste a consumo del IVA, que en la práctica poco o nada tiene que ver con la distribución real del consumo y la producción entre el País Vasco y el resto de España».

Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) no pone en cuestión este argumento, y cree en todo caso que «lo mejor para todos sería revisar el cálculo, hacerlo transparente. Eso significaría que las definiciones que se usan respondan a los conceptos que se pactaron. Transparente significa que hubiera un detalle de las partidas que se consideran asumidas y no asumidas, de tal forma que todo el mundo supiera cómo se ha llegado a las cifras globales que figuran en la Ley de Cupo».

Pero, ¿está Euskadi sobrefinanciada? ¿Es insolidaria con el resto de comunidades autónomas? Pedro Azpiazu -consejero de Hacienda y Economía del Gobierno vasco- afirmaba en un artículo de opinión publicado recientemente en este medio, que la aportación del 6,24% fijada por ley «es superior al porcentaje de población, del 4,8% y a nuestro PIB, estimado en el 6,1%. Por tanto, Euskadi es una comunidad solidaria, que aporta por encima de la población y riqueza relativa». Azpiazu recordaba además que el acuerdo «mantiene, como siempre, la contribución solidaria de Euskadi a financiar el Fondo de Compensación Interterritorial, esto es, el instrumento previsto en la Constitución española para reducir las diferencias entre las distintas comunidades autónomas».

Ignacio Zubiri argumenta en sentido contrario. «La prueba más evidente de que Euskadi aporta menos a la solidaridad es que los recursos de la comunidad (per cápita o en porcentaje de PIB) son mayores que para otras autonomías de riqueza similar». «Se dice que Euskadi no es solidaria porque el gasto público per capita es mayor. Pero si yo tengo unos tipos impositivos mayores, lógicamente me sale una recaudación mayor. Establecer que como tengo un gasto mayor no soy solidario con el Estado es erróneo. Estos datos quieren decir que gestiono bien, porque hay menos economía sumergida, y que tenemos unos impuestos elevados. Tengo, por tanto, más gasto por persona porque también estamos pagando más por persona», aseguraba Alfonso Basagoiti, exconsejero y asesor del Gobierno vasco en el primer Concierto, en una entrevista concedida a este medio.

«Yo creo que en los últimos 40 años no podemos hablar de sobre o infrafinanciación, sino de periodos en los que unas veces ha salido ganando el Estado, y otras Euskadi. No pienso que estemos sobrefinanciados respecto a otras comunidades», sostiene Gonzalo Etxeberria. El profesor de Deusto cree que el Concierto Económico vasco «no es una panacea 'per se'. Es un instrumento que la sociedad vasca en los últimos 40 años de democracia, y en los últimos 128 años desde que el 1878 lo aprobó, ha demostrado capaz de administrar adecuadamente». Para Alfonso Basagoiti, gestionar un sistema como el vasco requiere de «una disciplina y una vocación económico-financiera muy fuerte, y nosotros la tenemos». Y se pregunta: «¿Quien gasta mejor, el que conoce el esfuerzo del ingreso o el que no lo conoce? Evidentemente el primero, como es el caso del País Vasco. Porque si yo recaudo, es evidente que no puedo gastar. Aquí no vale lo de que, aunque no tenga dinero, lo gasto y, sin entro en déficit, ya lo pagará después el Estado».

La singularidad del modelo vasco estriba en que se asienta en un criterio de capacidad económica, frente a un sistema, el de las autonomías del régimen común, basado en un criterio de necesidad. Así, Euskadi aporta a los gastos comunes del Estado en base a su riqueza relativa, mientras que el resto recibe financiación estatal para sufragar las competencias que les han sido transferidas. Por eso, considera el consejero Azpiazu, «el Concierto Económico implica responsabilidad y riesgo unilateral». Es decir, que debe aportar los gastos comunes independientemente de su situación financiera.

Esta circunstancia hace sospechar a los defensores del Concierto Económico vasco que, de estar en sus manos, pocas autonomías desearían tener el suyo propio. «A la única a la que se le ofreció algo parecido fue a Cataluña, en 1980. Y lo rechazó de raíz, porque lo consideraba una antigualla histórica, ya que entendía que ponía a las instituciones catalanas en el papel de recaudadoras de los impuestos de los catalanes. Pero, ¿porque vamos a hacerlo si lo puede hacer el Estado por nosotros?», se pregunta Gonzalo Martínez Etxeberria.

Pedro Luis Uriarte reflexiona en su libro 'El Concierto Económico vasco. Una visión personal', sobre a qué comunidades autónomas podría interesar un modelo similar. «Muy especialmente, a aquellas que, en función de su estructura económica, capacidad de recaudación, peso del fraude fiscal y de la economía sumergida, etc. estén seguras de que por esa vía van a obtener una capacidad de gasto superior a la que les da el actual régimen de financiación». «Por contra -añade- no interesará a aquellas regiones que por esta vía recibirían menos recursos que los que están consiguiendo gracias al modelo actual de financiación. Y, por supuesto, no lo querrán para sí tampoco aquellas otras que, por prejuicios de la naturaleza que sea, lo consideran poco menos que un instrumento del diablo o algo similar».

Ignacio Zubiri cree que «todo depende de cómo se defina el Cupo. Se se hace de forma estricta, las comunidades ricas lo aceptarían porque tendrían muchos más recursos. Madrid y Cataluña, que son quienes realmente financian la redistribución en el sistema común, serían las grandes ganadoras. También Baleares y, probablemente, Valencia, que aunque no está entre las más ricas, está bastante maltratada por el sistema común».

Pero, ¿sería posible una España con 17 conciertos económicos? «No, por razones fiscales, financieras y redistributivas», considera el catedrático de la UPV/EHU. «En el ámbito fiscal, España sería el único país donde el gobierno central no podría establecer impuestos y dependería de los cupos de las CC.AA. Esto implicaría que no habría política fiscal y que si los Cupos se definen como en la CAPV el Estado no podría pagar las competencias que tiene. Las empresas tendría que tratar con 17 Administraciones tributarias (19 dado que la CAPV tiene 3) que, además, deberían coordinarse a efectos de inspección y diseño de los impuestos», añade.

«¿Sería aplicable, por ejemplo, para Murcia? Pues tengo mis dudas, pero no en el sentido de que lo utilizasen bien o mal, sino por las dudas que plantea un instrumento que nunca han utilizado. Aquí hay una tradición histórica, una concienciación social y una sociedad con una capacidad de trabajo y contribución muy importante y un respeto a las Haciendas forales», opina Martínez Etxeberria