Las empresas vascas deberán diseñar un plan para reducir a cero su impacto ambiental

Así lo establece el anteproyecto de Ley de Transición Ecológica y Cambio Climático diseñado por el Gobierno Vasco, que entre otras cuestiones obligará a todas las administraciones y entes públicos y a compañías de todo tipo a calcular su huella de carbono (la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de su actividad) y a diseñar un plan específico de reducción de emisiones dirigido a minimizar su impacto ambiental y a articular las medidas necesarias para que este sea cero o negativo.

El anteproyecto se encuentra aún en fase de consulta pública. La intención del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco que dirige Arantxa Tapia (PNV) es aprobar el texto en el Consejo de Gobierno durante el primer semestre de este año para posteriormente remitirlo al Parlamento Vasco y que pueda ser aprobado definitivamente antes de que termine 2022. Como anteproyecto, está sujeto aún a posibles modificaciones, pero la línea que marca es ya clara.

La nueva regulación supondrá un esfuerzo suplementario para miles de compañías, sobre todo las más pequeñas, que el Ejecutivo entiende como condición indispensable para lograr el objetivo que se ha marcado Euskadi de alcanzar la neutralidad climática en 2050 como muy tarde.

Un reto que conllevará transformaciones de calado que precisarán grandes inversiones, como el impulso de las energías renovables con nuevos parques eólicos y plantas solares, de la economía circular, de la reutilización de residuos a través de nuevas plantas de recuperación, etc., pero que necesitará al mismo tiempo de la aportación de todos y cada uno de los ciudadanos y empresas.

El anteproyecto deja claro que la lucha climática concierne a todos, hasta el punto de que dedica un artículo a cada sector económico, en los que desarrolla las líneas maestras y objetivos que deben marcar las políticas públicas enfocadas a que estos sectores alcancen la neutralidad climática. Así, el 19 está dedicado a las instalaciones de gestión de residuos y tratamiento de aguas, el 20 a la industria, el 21 al comercio, turismo y otros servicios, el 22 a las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras, el 26 a la edificación y rehabilitación de edificios, y el 27 a las infraestructuras y equipamientos públicos.

Pero lo novedoso es que también marca obligaciones para estas actividades, explicitando que las empresas industriales, de servicios, explotaciones ganaderas, e instalaciones de gestión de residuos y tratamiento de aguas deberán elaborar un plan de reducción de emisiones con medidas concretas.

El propio texto ofrece algunas pautas comunes, como el uso de fuentes de energía renovable y el fomento de la eficiencia energética, o la incorporación de la economía circular en los procesos productivos y comerciales. Pero también baja al detalle en algunos casos, como cuando en el sector primario habla de una «utilización racional de fertilizantes químicos, sustituyéndolos por otros de origen orgánico».

El Gobierno Vasco asume que el sector público debe jugar un papel principal en la transformación económica que plantea, por lo que la ley ya prevé que deberá haber partidas económicas para coadyuvar en ese proceso. Así, se contempla «apoyar nuevos vectores energéticos procedentes de energía renovable, como el hidrógeno verde, así como proyectos relacionados con la captura y almacenamiento de CO2».

Del mismo modo, «se crearán instrumentos de financiación para favorecer la promoción de proyectos de eficiencia energética, energías renovables, y transporte eficiente y sostenible en todos los sectores económicos». También «para mejorar la eficiencia energética en viviendas y para calefacción a colectivos vulnerables».

Los detalles de estas eventuales ayudas deberán concretarse con posterioridad en los diferentes desarrollos reglamentarios y planes sectoriales que complementen a la ley.

La futura norma también aborda otras cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, como la promoción de la movilidad sostenible, el impulso de la I+D+i en este ámbito, o el desarrollo y restauración de hábitats forestales, prados y pastos, zonas húmedas, praderas marinas y entornos urbanos verdes para que actúen como sumideros de carbono.

Y no olvida una cuestión que lleva tiempo sobre la mesa: la implantación de tasas adicionales a actividades que contribuyan a elevar los niveles de contaminación, como el depósito de residuos en vertederos en lugar de en plantas de recuperación o reciclaje para que «no salga má barato verter que reciclar». El texto ya anticipa que «deberán gravarse las actuaciones que hagan aumentar la vulnerabilidad o incrementen las emisiones de gases de efecto invernadero», e incentivar fiscalmentelas de signo contrario.