El Gobierno obligará a grandes empresas y administraciones públicas a registrar su huella de carbono

Esta normativa obligará a calcular anualmente la huella de carbono y establecer un plan de reducción de emisiones a cinco años con medidas «concretas» para conseguirlo. Las administraciones públicas deberán registrar sus datos en un documento público, mientras que para las empresas este trámite es voluntario.

Noticias relacionadas

La energía renovable supera en 2024 el 57% de generación anual, su mayor registro

España necesita 19.300 puntos de recarga rápida más para igualarse a las gasolineras

El real decreto incorpora no solo a las grandes empresas, sino también a la administración. Así, los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, así como las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social, y otras entidades del sector público administrativo estatal deberán calcular de manera anual la huella de carbono de su organización según los requisitos establecidos en esta normativa.

«Tenemos por delante un plan ambicioso y alineado con la neutralidad climática», indicó Aagesen, que afirmó que luchar contra el cambio climático «no es dogmatismo, sino responsabilidad». Como forma de crítica al acuerdo firmado entre el PP y Vox en la Comunidad Valenciana para los Presupuestos, la ministra aseguró que «la inmensa mayoría de la ciudadanía española no es negacionista y respalda las actuaciones contra el cambio climático». «Los españoles están pidiendo a los gobiernos que hagamos más, no menos», aseguró.

En este sentido, Aagesen aseguró que la respuesta europea al cambio climático sigue siendo el Pacto vErde firmado en 2019, por el que el Parlamento Europeo anunció su hoja de ruta. Y aunque Bruselas comienza a extender el plazo de algunas de sus restrictivas políticas medioambientales, la ministra aseguró que España no permitirá «ningún paso atrás» en el Pacto Verde europeo porque España es «especialmente vulnerable» al reto del cambio climático.