Tubacex decide no readmitir a los 129 trabajadores y pagarles el salario en sus casas

La decisión de la empresa tubera sigue los pasos de PCB, la filial de ITP Aero, que ante una sentencia similar de anulación del ERE apostó por dejar a los trabajadores en sus casas, pagándoles el salario, con el argumento de que no había carga de trabajo suficiente. El fallo judicial obliga a readmitir a los despedidos (sin excluir la opción de la remunerarles sin que trabajen) de forma inmediata, al margen de que la empresa recurra el Tribunal Supremo, tal como ya ha hecho.

Tubacex ya anunció el recurso nada más conocer la sentencia del TSJPV. Expresó su discrepancia con el fallo al considerar «incomprensible» que no tenga en cuenta el impacto estructural que está teniendo en el mercado del petróleo y gas, al que se dirigen sus tubos, la acelerada transición ecológica y que tampoco contemple «la delicada situación de las plantas vascas en los últimos años». En el juicio advirtió de que TTI, con sede en Llodio, podría entrar en causa de disolución en 2022. Sin embargo, la sala presidida por Garbiñe Biurrun obvió la situación de números rojos de 2019 debido a a que «si ese año no fue necesaria ninguna medida extintiva, tampoco se puede justificar en la actualidad».

Los sindicatos, por el contrario,reclaman que el fallo establece la readmisión de los trabajadores y eso es lo que exigen. Esgrimen que el fallo no solo considerada que los despidos vulneran la prohibición de despedir por Covid sino que los magistrados no constaron las causas económicas, productivas y organizativas alegados por la empresa.

El fallo ha dado pie a una avalancha de reacciones . La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo aplaudió al considerarlo una «gran noticia». «Tras 146 días de huelga, los trabajadores y trabajadoras consiguen frenar los despidos», celebró entonces. Visiblemente molesto por esta alegría, el Gobierno vasco le replicó que la situación de Tubacex es «una mala notica» y subrayó que la huelga en nada beneficia a la situación de la empresa, a la vez que apeló al diálogo. En la misma línea, la presidenta de Cebek, Carolina Pérez Toledo, advirtió de que el fallo es «incorrecto» y que la empresa había intentado negociar un recorte salarial para unas remuneraciones muy por encima de la media –de 50.000 a 60.000 euros–, pero que se le respondió con conflictividad.