La esposa de Aristrain dimite del consejo de Tubacex por la 'guerra' que mantiene con su marido

La empresa ha remitido a primera hora de la mañana una comunicación a la CNMV en la que explica de forma muy sintética lo sucedido. Al parecer, José María Aristrain había pedido la inclusión en el orden del día de la junta de accionistas de un punto en el que se solicitaba el cese de su esposa como vocal del consejo de administración. Ante esta maniobra, Genma Navarro no se ha quedado quieta y ha decidido presentar antes su dimisión, haciendo constar el motivo: «Discrepancias» con su marido. «Gema Navarro Mangado ha presentado su dimisión como consejera dominical de Tubacex por discrepancias con el consejo de administración y con el accionista significativo que propuso su nombramiento. Dicho accionista había solicitado incluir su cese por pérdida de confianza como punto del orden del día de la junta general de accionistas», señala la comunicación de Tubacex.

José María Aristrain figura habitualmente en la lista Forbes de las principales fortunas de España y buena parte de sus negocios han estado tradicionalmente ligados al mundo de la siderurgia, después de haber heredado en los años 90 la compañía fundada por su padre en Gipuzkoa para la fabricación de productos largos de acero. Tras la fusión con Aceralia y la posterior absorción por parte de Arcelor-Mittal, Aristrain se convirtió en uno de los socios de referencia de esta última empresa multinacional, de la que posee el 2%. Su participación en Tubacex, donde controla de forma directa el 11%, es también una de sus inversiones más destacadas.

Residente en Suiza, esta condición le ha generado no pocos problemas con la Hacienda española, que llegó a presentar contra él una demanda judicial al reclamarle casi 700 millones de euros. La Agencia Tributaria estimaba que el empresario había simulado su residencia en el país alpino para eludir el pago de impuestos en España. Recientemente, los tribunales también han decidido volver a juzgarle por otra causa diferente en la que se le acusa de haber traspasado de forma irregular la propiedad de un inmueble en Madrid, con el objetivo de sortear también el pago de deudas con Hacienda.