Euskadi podrá poner multas de hasta un millón si se venden alimentos por debajo de coste

El decreto confirmará la potestad sancionadora del Ejecutivo autónomico, que podrá imponer multas de hasta un millón de euros, en el caso de las infracciones más graves, a cualquier agente de la cadena alimentaria que no cumpla las condiciones del código de buenas prácticas que buscará garantizar que cada parte, desde el productor al distribuidor, aplique unos costes que eviten trabajar a pérdidas. Las infraciones leves, las más comunes, suponen multas de 250 a 3.000 euros y las graves, de 3.001 a 100.000. De esta última cifra al millón oscilan las muy graves. La mayoría de estas irregularidades, están estrechamente relacionadas con el precio de un producto y son las establecidas en el Título V de la Ley 12/2013. Todas las multas se harán públicas y, por norma, se conocerá los nombres de las empresas infractoras.

Con el borrador del decreto vasco, que desarrolla parcialmente la ley estatal de la cadena alimentaria, «se adopta a las peculiaridades» del sector primario en Euskadi y Gipuzkoa y da «más seguridad jurídica», señalan a este periódico fuentes solventes conocedoras del decreto y consultadas por este periódico. No son las mismas las necesidades de los productores de vacuno o cereal de Gipuzkoa que las de los de Castilla y León, explican. A la vez, «adecuan el procedimiento sancionador a la realidad vasca de la cadena», algo que supone una «ventaja para su ámbito competencial».

El decreto del Gobierno Vasco se sustenta sobre varios pilares. Los principales, el Código de Buenas Prácticas, que completa el que recoge la ley estatal, actualizada en 2021, y el Observatorio de la Cadena Alimentaria, para analizar productos y calcular costes de producción y que será un órgano colegiado y regulado por decreto y participación de todos en su composición. Desde productores a distribuidores, a sindicatos agrarios y mundo cooperativo, pasando por instituciones (Gobierno Vasco, diputaciones) y consumidores. Algo más que un mero instrumento de recopilación de estadísticas. Es clave el papel de Hazi, entidad bajo el paraguas del Gobierno Vasco para impulsar la sostenibilidad de la cadena de valor alimentaria, que analiza los principales costes de las alimentos más importantes en el mercado vasco.

El Observatorio protege a todos los eslabones de la cadena, aunque la primera reflexión lleva a pensar en la protección exclusiva del baserritarra. El decreto también recoge una suerte de código ético para el sector, aunque la adhesión a él es «voluntaria». Como ventaja, se ofrece a las empresas formar parte de un registro de «buenas prácticas» y poder publicitar un sello haciendo gala de ello. Los firmantes se comprometerán a llevar a cabo prácticas «justas, equilibradas y leales» en el mercado.

Y por último, fija al Gobierno Vasco como autoridad de ejecución para imponer las multas. La cuantía las marca la ley estatal pero el decreto faculta a Euskadi a llevar a cabo un procedimiento adecuado a la normativa y da «más seguridad jurídica».

La vigilancia de la cadena alimentaria está en plena ebullición estas semanas con las tractoradas de protesta, que en Gipuzkoa saldrán de nuevo a las carreteras este viernes. Las asociaciones agroganaderas aplauden sentencias como la de la Audiencia Nacional contra ocho grandes empresas acusadas de formar un «cártel de la leche» y que podrían enfrentarse a indemnizaciones millonarias a los productores. Lo mismo ocurre con la confirmación de un fallo de la Audiencia Nacional contra Mercadona por comprar leche por debajo de coste a uno de sus proveedores de marca blanca, Covap.

Fue a principios del año pasado cuando el Gobierno Vasco dotó al ObservatorioBehatokia con un nuevo equipo de cuatro técnicos, un jurista y un administrativo para velar por el cumplimiento de la Cadena Alimentaria y poner coto a prácticas abusivas.Actualmente esta unidad ya está creada y estos técnicos, tal y como reza el procedimiento de la inspección general, podrán realizar una inspección tras una denuncia –se promete proteger la confidencialidad de los alertadores– y si se aprecian indicios de irregularidades.

El cuerpo de inspectores tendrá la consideración de agente de la «autoridad» y podrán verificar almacenes, acceder a documentación, tomar muestras o solicitar explicaciones a personas implicadas. Asimismo, se les faculta a «acceder a cualquier local, terreno, instalación o medio de transporte» y a «precintar» los espacios que sean precisos, aunque deberán contar con autorización judicial o, en su defecto, con el consentimiento «expreso» del propietario.Este equipo inspector también podrá tomar muestras de materias primas, productos intermedios y terminados para determinar su composición y características, así como de los subproductos generados, aunque evitando siempre perturbar en la menor medida posible el desarrollo normal de las actividades laborales, empresariales o profesionales de la persona obligada.