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Las tres diputaciones forales vascas han pactado fijar una fecha para disponer de una «evaluación cuantitativa del actual sistema tributaria vasco», el primer paso para ... la reforma fiscal pendiente en Euskadi, que incluye también como punto de partida un examen de los resultados obtenidos en las reformas de 2014 y 2018, pactadas por PNV y PSE, con el apoyo del PP.
Los gobiernos forales de los tres territorios han explicado este jueves que «el compromiso es disponer, antes del 31 de diciembre, de los informes y análisis relativos al impacto económico de la fiscalidad actual». La revisión como tal se abordará ya en 2024, con la equidad y la progresividad como ejes centrales. El IRPF, las deducciones por vivienda, el reto demográfico, la igualdad de género o el emprendimiento serán algunos de los aspectos a repasar. Se persigue, añadieron los Gobiernos forales, «una revisión que permitirá seguir apuntalando la apuesta por la innovación y competitividad del tejido económico de Euskadi».
«Tras un periodo de inestabilidad marcado por la pandemia y la invasión a Ucrania, que han desvirtuado los análisis y la evaluación de las reformas fiscales previas, ha sido necesario disponer de un marco de estabilidad para acometer con garantías el proceso de estudio. Teniendo en cuenta para ello la nueva realidad económica, la evolución en materia de empleo y las capacidades y competitividad de las empresas», señalaron. Se trata de «modificaciones para atender y responder a las demandas que la sociedad vasca requiere con la implementación de modificaciones oportunas para consolidar el carácter progresivo, equitativo, justo y solidario del sistema tributario vasco», han apuntado.
El primer gesto de calado para esa reforma pendiente lo vimos recientemente en las Juntas Generales de Gipuzkoa, en cuyo primer pleno ordinario tras las elecciones del pasado mayo se aprobó por unanimidad arrancar esa reforma fiscal y fijar un calendario preciso y concreto para ello. El texto detallaba que la Diputación Foral «deberá consensuar con todos los grupos junteros un calendario para acometer una reforma del sistema tributario». Ya está aquí, y por partida triple, ese calendario.
La reforma fiscal en Euskadi, después de las llevadas a cabo en 2014 y 2018, se iba a afrontar en 2020, pero llegó la pandemia de coronavirus y quedó en aire 'sine die'. Más tarde, la guerra desatada en Ucrania tras la invasión por parte de Rusia y su impacto en toda Europa en términos económicos, y sobre todo energéticos y de precios, volvió a alterar cualquier calendario.
No fue hasta el pasado mes de febrero cuando el Partido Nacionalista Vasco y los socialistas de Euskadi acordaron engrasar el desafío pendiente, siempre bajo la mirada de la progresividad (que paguen más los que más tienen). Lo hicieron, curiosamente, en un momento de marcado tinte electoral (a las puertas de unas elecciones forales y municipales y de otras generales), pero con la vista puesta más allá, en la última parte del año, una vez quedaran conformados en los tres territorios los gobiernos que salieran del 28-M.
Ahora, por fin, ha llegado el momento de dar forma a esa tarea, para la que, cuando anunciaron su entente, ni jeltzales ni socialistas pusieron líneas rojas. Eso sí, que nadie espere grandes revoluciones. Según los mensajes telegrafiados hasta ahora, parece que el IRPF (tributo que de algún modo quedó pendiente de analizar en la anterior reforma) podría ser el protagonista de esta venidera reforma fiscal vasca.
Cuestiones como las deducciones por compra de vivienda, que hoy sólo se dan en el País Vasco, o la tributación de las entidades de previsión social voluntarias (EPSV), que el Gobierno Vasco quiere promover, se presentan en la primera lista de los temas a tratar. De otra parte, en Gipuzkoa se ha despertado también en los últimos tiempos un debate sobre la conveniencia de adquirir más capacidad en el impuesto indirecto por excelencia, el IVA; asunto sobre el que por ahora no hay demasiada luz.
Junto a la progresividad, otra premisa marcará la reforma. Una idea apuntada incluso por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y que se resume en que sin socavar la capacidad y la competitividad del tejido productivo vasco los cambios que se puedan pactar deberán garantizar los recursos necesarios para mantener y hasta reforzar un gasto social que se ha revelado más necesario que nunca en los últimos tiempos.
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