Euskadi roza ya el medio millón de pensionistas

Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social correspondientes al pasado mes de diciembre, Euskadi tiene 498.613 pensionistas que reciben 548.158 pensiones (hay ciudadanos que tienen derecho a cobrar más de una). Mientras, el número de afiliados a la Seguridad Social -y por tanto, sujetos de cotización- era de 938.767. Esto arroja un ratio de 1,88 cotizantes por cada pensionista. Y si la correlación se establece en lo que se refiere a número de pensiones, sería de 1,71. En el primer caso, la media nacional arroja un ratio de 2,23, el mínimo desde el año 1999.

Tradicionalmente se ha considerado que el número de trabajadores por cada pensionista debía ser como mínimo de 2,5 para garantizar la viabilidad del sistema. Ni España en su conjunto, ni mucho menos Euskadi, alcanzan ese suelo. Durante los años en que se igualó y superó ese ratio, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social pudo conformar un colchón que, a día de hoy, ya casi no existe.

De hecho, hace escasos días se conoció que el Gobierno, a través del Tesoro, prestará 15.000 millones a la Seguridad Social para poder hacer frente al pago de las pensiones este año. Y es que en la llamada ‘hucha de las pensiones’ ya casi no quedan ni telarañas. Los 67.000 millones que la hacían rebosar en 2011 se ha reducido a 8.000, lo que ni siquiera permite cubrir ni una nómina de los jubilados. Y eso que 2017, y como consecuencia de la progresiva recuperación del mercado laboral, ha registrado un récord en ingresos de cotizaciones sociales, de unos 109.000 millones de euros.

Euskadi también lleva un tiempo recuperando el terreno perdido desde 2007, el año del comienzo de la crisis. Desde entonces hasta 2013, el número de cotizantes cayó ejercicio tras ejercicio. A partir de ese año el mercado laboral comenzó la remontada lo que dio lugar a un incremento de cotizantes que crecía a un ritmo anual ligeramente inferior al 2%. Sin embargo, los prestatarios de algún tipo de pensión no han hecho más que aumentar en la última década (en torno al 1,5% anual). Así que Euskadi apenas ha podido en los últimos ejercicios amortiguar la caída en el ratio de cotizantes/pensionistas.

«Es el resultado de dos fenómenos: la baja natalidad que sufre Euskadi, incluso relativamente a otras regiones, y que provoca que estén entrando menos cotizantes jóvenes que en otras regiones,. Y también nuestra alta longevidad. En esto Euskadi también tiene una esperanza de vida mayor que otras regiones, lo que provoca tener más pensionistas dado que vivimos más», expone Sara de la Rica, catedrática de Economía en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

En el último año, Euskadi ha ganado algo más de 18.000 afiliados al sistema. Pero también 8.000 pensionistas más. Y el importe de las prestaciones -las más altas de España-, no deja de crecer. La cuantía media de una pensión en Euskadi es de 1.151 euros, un 35% superior a la de hace una década. Así que la nómina de las pensiones que la Seguridad Social tiene que hacer frente en Euskadi es de 630 millones de euros, 227 más que en el año 2007. Esto significa un incremento del 56%.

«La situación en Euskadi es tan grave que ni siquiera la creación de empleo de calidad, con lo que ello puede suponer en cuanto a la cuantía elevada de cotizaciones, parece suficiente. Más grave resulta, si cabe, la situación a nivel de España, dado que no se está creando empleo de calidad y el desempleo no consigue bajar del 16%», opina Javier Arrieta, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Deusto. Sin embargo, advierte de que la situación «hay que valorarla desde la perspectiva del Estado, porque la Seguridad Social es un todo, en su conjunto. Con otras palabras, el hecho de que en determinadas Comunidades Autónomas haya menos cotizantes no resultaría tan preocupante, si ello se compensaría con los cotizantes de otras. Y ello porque nuestro Sistema de Seguridad Social se fundamenta en los principios de unidad, solidaridad e igualdad, además de en el de universalidad».

Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CC.OO. Euskadi, pone el foco del debate en el hecho de que «desde el año 2002, las cuentas de la Seguridad Social en Euskadi son  deficitarias, mientras en el conjunto del sistema no se ha producido déficit hasta el año 2011. Por tanto, gracias al sistema de la Caja Única, que actúa como instrumento de solidaridad interterritorial, el conjunto del sistema de Seguridad Social ha sido solidario con el País Vasco».

Y es que hay varias comunidades autónomas que presentan un ratio de cotizantes/número de pensiones que se eleva por encima de 2: la primera de ellas es Madrid, con 2,71. O Canarias, donde hay 2,50 cotizantes por cada pensión que se abona. Eso sí, como recuerda Sara de la Rica, hay que tener en cuenta que «los ingresos del sistema no dependen sólo de la cantidad de empleos que haya, sino también de los salarios de los trabajadores, pues las cotizaciones son proporciones de los salarios. Por otro lado, los gastos dependen tanto del número de pensionistas como de la cuantía de las pensiones».

En este sentido, Euskadi presenta una población relativamente envejecida, que cobra unas pensiones muy altas. Pero también figura en el podio de comunidades autónomas con mayores sueldos. Más complicada es la situación en otras zonas de España. Por ejemplo, la provincia de Orense, que presenta un caso único, al contabilizar más pensiones que cotizantes. O Asturias, donde el ratio de cotizantes/pensiones es de 1,19, a lo que hay que sumar el hecho de que la pensión media es allí la tercera más alta de España (1.092 euros) tras Euskadi y Madrid. Y la prestación por jubilación (1.301 euros de media) sólo es superada por la vasca.

Pese a todo ello, en el sindicato ELA defiende que «las decisiones sobre la Seguridad Social se deben tomar en el ámbito vasco. Los trabajadores y trabajadoras de Hego Euskal Herria sufrimos las consecuencias de los recortes de derechos sociales y laborales que se adoptan en el Estado español». Así pues, «tanto por opción nacional como por el modelo de seguridad social que ELA defiende exigimos que las decisiones sobre estas materias se adopten en Euskal Herria», defiende Janire Landaluze, del gabinete de estudios del sindicato abertzale. En su opinión, el sistema de la Seguridad Social «no debe tener una financiación limitada a las cotizaciones sociales. Nada impide que los impuestos sirvan para financiar el gasto de las seguridad social, de la misma manera que financian otros gastos públicos».

A Javier Arrieta no le parece una buena solución en «acudir a los impuestos para financiar la Seguridad Social. No debe olvidarse que las prestaciones no contributivas debieran financiarse exclusivamente por esa vía y que se limitan a cubrir el estado de necesidad, es decir, el nivel mínimo vital». Tampoco ve conveniente «atacar los principios de solidaridad y universalidad. Se está endureciendo el acceso a las prestaciones, por ejemplo, aumentando los períodos mínimos de cotización, reformulando el cálculo de las bases reguladoras para calcular la cuantía de las pensiones, retrasando la edad ordinaria de jubilación, aplicando el Factor de Sostenibilidad o el nuevo Índice de revalorización de las pensiones». «La sostenibilidad del sistema depende de que la gente trabaje de forma estable y con una retribución adecuada, suficiente. De ahí la importancia de crear empleo con condiciones de trabajo dignas», añade.

De la Rica considera que para aumentar los ingresos del sistema «es preciso que las tasas de empleo aumenten, y para esto hace falta una demanda de empleo más dinámica que la existente en estos momentos. Además, necesitamos más mano de obra, y en consecuencia, debiéramos ser atractivos para trabajadores inmigrantes, articular empleos a los menores de 25 que estén finalizando sus estudios y evitar que mujeres en la edad de maternidad abandonen el mercado laboral».

«Si no se ponen en marcha medidas que mejoren los ingresos de la Seguridad Social, una sociedad más rica, como será la nuestra dentro de treinta años, va a pagar a sus jubilados pensiones más bajas, excluyéndoles del reparto de la riqueza generada y, por tanto, rompiendo los principios de equidad y cohesión social», apunta Mari Cruz Vicente.