Falsificaciones: un multimillonario fraude en constante mutación

El próximo día 8 de junio se celebra el Día mundial contra las falsificaciones, un negocio que a las empresas españolas pertenecientes a los doce sectores de la economía más perjudicados les cuesta casi 8.000 millones al año. Y que destruye alrededor de 67.000 puestos de trabajo, según un estudio de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que esta misma semana ofrecerá una versión más actualizada de estos datos. A nivel mundial, el comercio de falsificaciones -de acuerdo con informes realizados de forma conjunta por la EUIPO y la OCDE- supone un volumen de 338.000 millones de euros, lo que representa el 2,5% de los intercambios de mercancías en todo el planeta. Y eso que estos estudios no cubren las infracciones denominadas «intangibles», como la piratería digital, ni las violaciones de otros derechos de la propiedad intelectual… Estas mismas fuentes sostienen que el de las falsificaciones representa el segundo tráfico ilegal que genera más lucro a las bandas criminales, por detrás del de las armas.

El origen, el tránsito y la llegada a su destino final de todos estos productos están más o menos monitorizados. Pero el hecho de que se trate de un comercio a escala mundial que multiplica no sólo sus rutas de expansión, sino también los procedimientos que usa para burlar vigilancia policial y aduanera, añade muchos grados de dificultad a su persecución. «Lamentablemente, la globalización, además de generar inmensos beneficios a escala mundial, también se asocia con oportunidades que facilitan que las redes criminales obtengan beneficios con el comercio ilícito de productos falsificados a expensas de consumidores, empresas y gobiernos. La única respuesta consiste en establecer una estrecha colaboración entre las autoridades aduaneras nacionales, las fuerzas de seguridad, las organizaciones internacionales, las empresas y los consumidores», se quejaba el Director de Gobernanza Pública de la OCDE, Rolf Alter, en la presentación de un informe sobre las rutas internacionales del comercio mundial de productos falsificados.

Según ese estudio, la mayoría de ellos proceden de China, aunque otras economías asiáticas como India, Tailandia, Turquía, Malasia, Pakistán y Vietman están ganando protagonismo en ciertos sectores. Además, señalaba a Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Singapur como principales centros del tráfico mundial. Desde allí se importan cargamentos de contenedores llenos de productos falsos. Aproximadamente tres cuartas partes de este material se transportan por mar. Sin embargo, el servicio de mensajería y el correo ordinario «se están generalizando como modos de envío de productos falsificados de menor tamaño», sostiene el informe. En 2013 el 43% de todos los envíos contenían menos de 10 artículos.

El fuerte auge del comercio electrónico ha abierto una brecha por la que se cuelan miles de productos falsificados o de imitación. «También hemos constatado un aumento de fraude en las páginas de venta de artículos de segunda mano, tipo Wallapop. Estas plataformas tienen muchas visitas y ahí encuentran los falsificadores una ventana de oportunidad para llegar a mucha gente. Y también a través de las redes sociales», explica José Antonio Moreno, presidente de Andema, la Asociación para la Defensa de la Marca.

Pese al empuje del comercio electrónico y la posibilidad de perder mucho material en una sola carga, los puertos siguen siendo la principal vía de entrada de estos productos, ocultos en contenedores. El personal de las aduanas hace lo que puede con los medios que tiene para combatir este tráfico ilegal. Siguen una serie de criterios (procedencia, peso, tipología, etc.) para desviar cada producto por distintos canales: por el verde entran los libres de toda sospecha; en el naranja se realizan inspecciones documentales; y los derivados al canal rojo son sometidos a una inspección física.

Eso sí, las bandas criminales se valen de novedosas artimañas para impedir la interceptación de sus productos. Por ejemplo, introducen mercancía genérica. Es decir, camisetas, zapatillas o bolsos de determinado color, sin más distintivos. Por otra vía -paquetería postal- se transportan los complementos necesarios para dar forma al producto falsificado. «Es decir, los logos, los herrajes y cremalleras en el caso de los bolsos, etc. Todo ello se junta al final en el lugar en el que se ensambla. De esta forma, la aduana no puede paralizar de forma física la zapatilla o el bolso, porque es un genérico. No está protegido», relata Moreno.

Los productos ilegales pueden adoptar la forma de falsificaciones, o de imitaciones. En el primer caso, la clave es que se reproduzca de forma íntegra la marca progegida, «independientemente de que el producto sobre el que está adherido exista o no en el comercio auténtico», dice el presidente de Andema. «Puede ser un bolso de determinado diseño en el que figure el logo de Luis Vuitton, por poner un ejemplo, aunque la marca no tenga uno igual en su catálogo. Y más aún, se han dado casos de preservativos de esa marca, que por supuesto jamás ha fabricado este producto», añade Moreno. En cuanto a la copia o imitación, consiste en la reproducción, cercana al original en alguno de los aspectos externos de esa marca, «pero sin reproducirla íntegramente con ánimo de confundir al consumidor». Es decir, objetos con logos o distintivos muy parecidos a los de la firma que se trata de imitar. Pero no idénticos.

Pero el fraude no sólo afecta a la marca del producto. Es decir, a su imagen. También a la innovación. «En este caso, hablamos de vulneración de patentes. Es entonces cuando el fabricante dueño de la licencia de ese producto tiene que demostrar que otro le está 'copiando'», dice Gonzalo Korraletxe, gerente de Ochandiano&Molina, empresa vasca especializada en patentes y marcas.

Lo que sucede en que en estos casos es frecuente que se conozca su origen: tanto el fabricante como el distribuidor. «Entonces les enviamos un requerimiento para que dejen de incurrir en esta ilegalidad»; añade Korraletxe. Y cuenta una experiencia reciente. «Hace poco entró a través de una aduana una partida de cerraduras electrónicas que copiaban el formato de las que fabricaba una firma vasca. Se sabía dónde venía, y se le envió un requerimiento al distribuidor (europeo) y al fabricante (chino). Creo que tuvimos éxito, porque el cliente no ha vuelto a detectarlo en el mercado», se felicita.

Las marcas más afectadas por la falsificación están registradas fundamentalmente en el área OCDE, y de forma especial en los países miembros de la Unión Europea (UE). El top manta, epítome de este lucrativo negocio ilegal, trae de cabeza a los comerciantes de las principales ciudades del continente. Las capitales vascas no son una excepción. «Y no sólo es en Bilbao. Es toda Bizkaia, porque en Sestao o Barakaldo pasa lo mismo. Hay sectores del comercio que lo están pasando mal, y no veo voluntad de solucionar el problema», lamenta Pedro Campo, presidente de Cecobi, la Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia. Campo apela no sólo a las instituciones, sino también al consumidor. «La gente demanda prestaciones sociales, una mayor calidad en la enseñanza y la sanidad, pero no se da cuenta de que cuando compran a alguien que no paga impuestos (como los manteros), está defraudando a Hacienda», sentencia.

Hace cuatro años, la EUIPO realizó una encuesta a nivel europeo sobre la percepción que los ciudadanos tenían sobre la propiedad individual. Casi todos los encuestados (el 97%) creía importante que los inventores, creadores y artistas puedan proteger sus derechos y sean retribuidos por su trabajo. Y buena parte (el 70%) consideraba que «nada» puede justificar la compra de productos falsificados. Siete de cada cien admitían haber comprado alguno de estos productos en el año anterior a la encuesta, porcentaje que se elevaba al 15% entre los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad. Y un 10% accedió «intencionadamente» a contenido de fuentes ilegales (el 27% entre los jóvenes).

La realidad es que, como denuncian algunos representantes del comercio en las capitales vascas, «todo el mundo mira con normalidad cómo nuestras calles se llenan de gente vendiendo sin licencias, sin facturas ni nada. Y no pasa nada. No lo acabo de entender», dice Amador Viteri, presidente de Dendartean, la agrupación de asociaciones de comerciantes, hosteleros, empresas de servicios y autónomos de Gipuzkoa.

Víctor Manuel Ibáñez, presidente de la Asociación de Comerciantes de la calle Gorbea, en Vitoria, se queja de que la venta ilegal callejera «es el último eslabón» de una larga cadena que es muy difícil de cortar. «Yo siempre voy al origen del problema. Y ahí veo a un niño de 9 o 10 años trabajando en condiciones infrahumanas. De eso se beneficia alguien que tendría que pagarlo. Pero la gente mira para otro lado, y no se le pone solución. En todos los bares de Vitoria, y de otras ciudades, vemos gente con bolsas llenos de productos falsificados. Al ciudadano de pie le da pena, porque cree que tiene que ayudar. Pero si en Bilbao, Vitoria o San Sebastián se venden 1.000 bolsos, y de esos 400 los vende esta gente, pues son 400 bolsos menos que van a vender los comercios», lamenta.