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La voluntad del Gobierno estatal de hacer permanentes los gravámenes temporales a las empresas energéticas y a la banca está generando críticas no solo de los sectores afectados. Ayer, por primera vez, el lehendakari, Imanol Pradales, se opuso públicamente a estas imposiciones fiscales al considerar ... que perjudican a la industria.Pero fue más allá y afirmó que en caso de que siga adelante la propuesta de consolidarlos como impuestos, Euskadi haría valer su capacidad en materia fiscal para «exigir su concertación» y poder «definirlos».
Pradales aprovechó su intervención en el Foro Metafuturo en Madrid para hablar sobre estos gravámenes en un momento en el que vuelven a estar de plena actualidad y después de que ayer el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, arremetiera contra la propuesta de convertirlo en un impuesto permanente a las energéticas en un artículo publicado en este periódico. Un impuesto que Imaz califica de «discriminatorio» y que «imposibilita» que las inversiones en industria puedan llevarse a cabo.
Unos gravámenes que fijó el Estado a los llamados «beneficios caídos del cielo» por considerar que tanto las energéticas como la banca se estaban beneficiando de los elevados precios de la energía y de los altos tipos de interés tras la Guerra de Ucrania y la consiguiente tensión inflacionista. Unos ingresos con los que pretendía afrontar las medidas sociales adoptadas para suavizar ese impacto en los bolsillos de los consumidores.
Pradales recordó ayer que estos gravámenes surgieron con un «horizonte de carácter temporal» y que parece que «ahora se quieren consolidar». Unas imposiciones fiscales, indicó, que gravan las ventas y no los dividendos que tienen las compañías y que, a su entender, «no son la manera más adecuada de favorecer que se desarrolle industrialmente el tejido de un país».
En todo caso, añadió que si se consolidan esos gravámenes –debe aprobarse en el Congreso de los Diputados– y se convierten en impuestos, van a exigir desde Euskadi su concertación, porque tienen «capacidades fiscales propias», lo que permitiría tomar «la decisión más adecuada, teniendo en cuenta que tenemos capacidad propia no solo de concertación y recaudación, sino también de definión del impuesto». Una capacidad que permitiría redifinirlo, ya que podría prácticamente neutralizarlo vía exenciones o incentivos.
De hecho, indicó que van a exigir la concertación para que, «dentro del régimen del Concierto, hagamos lo que entendemos más conveniente, teniendo en cuenta que hay un tejido industrial que genera mucho empleo en Euskadi y que tiene que abordar grandes proyectos de descarbonización y de inversión a futuro». Repsol ya amagó con dejar en suspenso inversiones millonarias si se mantenía dicho impuesto e incluso con llevárselas a otro país. Por contra, pronosticó que si había un «cambio» de calado el grupo desarrollará las inversiones previstas en España, contempladas en un programa de entre 16.000 y 19.000 millones en los próximos cuatro años, de los que un 60% serán en la Península Ibérica.
Pradales no fue el único en pronunciarse ayer, ya que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, hizo también un llamamiento a tener «cuidado con el impuesto a las compañías energéticas y a los bancos porque no es bueno matar a la gallina de los huevos de oro». En una entrevista concedida a TVE incidió, asimismo, en que «se tendría que concertar con el País Vasco, que luego tendría capacidad para organizarse y articular ese impuesto de acuerdo con nuestra realidad fiscal y nuestra realidad industrial».
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