140.000 guipuzcoanos se benefician de la reducción fiscal por tributación conjunta que el Gobierno central estudia suprimir

En cualquier caso, las Haciendas forales, con competencia propia en el IRPF, deberán tomar su propia decisión en torno al futuro de esta bonificación. En la última campaña de la Renta, la de 2019, que no recoge el impacto de la pandemia, más de 140.000 guipuzcoanos se beneficiaron de esta reducción tributaria en las 72.528 declaraciones presentadas de esta forma, según datos del fisco. En total, hablamos de que en aquel ejercicio prácticamente dos de cada diez declaraciones (el 18,7%) se acogieron a esta modalidad. Echando un vistazo al histórico de datos de la Hacienda foral, se aprecia que esta modalidad de presentación es cada vez menos utilizada por los guipuzcoanos. Si en 1993 fueron 104.864, el año pasado fueron tal y como se ha citado 72.528, lo que supone un retroceso del 30,8%.

Las declaraciones que se realizan de forma conjunta son aquellas en las que una pareja o un progenitor y sus hijos unifican sus ingresos y declaran ante el fisco como una unidad familiar. Como norma general, la declaración conjunta beneficia a aquellas familias en las que uno de los cónyuges tiene unos ingresos sustancialmente superiores al otro. Más aún cuando en esa unidad familiar solo uno de los miembros obtiene ingresos. Tradicionalmente se acogían a esta fórmula aquellas familias donde la mujer no había trabajado o lo había hecho durante un muy breve periodo de tiempo.

La reducción por tributación conjunta es una fórmula que permite a las parejas una deducción sustancial. En concreto, la reducción en la base imponible del IRPF por tributación conjunta en Gipuzkoa asciende, en el caso de unidades familiares integradas por ambos cónyuges, a 4.218 euros, y en las monoparentales, a 3.665 euros. Son bonificaciones más generosas que las que se aplican en el resto del Estado, donde la Agencia Tributaria las simplifica en 3.400 y 2.150 euros, respectivamente. El impacto económico en las arcas forales fue de 294 millones en la última campaña de la Renta, frente a los 1.000 millones en que cifra su coste cada año la Hacienda estatal.

Desde el Ministerio de Hacienda reconocen que ésta es una medida que el Ejecutivo planea a largo plazo, que no hay fechas concretas de aplicación pero, una vez incluida en el Plan de Recuperación, se trata de un compromiso con la Comisión Europea. La Autoridad Fiscal (Airef) elaboró el año pasado un informe sobre los beneficios fiscales del sistema tributario estatal en el que precisamente repasaba las ventajas e inconvenientes de esta reducción en el IRPF.

En dicho informe, el organismo independiente sostenía que el beneficio fiscal de esta medida se reparte de manera homogénea y no altera la desigualdad. Aún así, indica que esta ayuda beneficia sobre todo a los hogares en los que solo hay un perceptor de rentas o el segundo gana poco, por lo que podría darse el caso en el que se «generase un desincentivo a la participación laboral de los segundos perceptores (principalmente mujeres de rentas bajas), lo que acentúa los problemas de brecha de género», señala el documento. Y ese es el argumento que utiliza ahora el Gobierno ante Bruselas.

En realidad, Gipuzkoa ya vivió un debate idéntico en 2013, cuando la Diputación -gobernada entonces por Bildu- estudió eliminar la declaración conjunta en el IRPF. La coalición abertzale tuvo que desechar finalmente este objetivo fiscal después de que la oposición compuesta por el PNV, PSE y PP se opusiera de pleno a ello, no sin antes negar que el ahorro de 300 millones que supondría esta supresión fuera el motivo de su propuesta. Ocho años después el debate vuelve a salir a la palestra y la pelota está ahora en el tejado de las Haciendas forales, que deberán pronunciarse en breve sobre el futuro de esta deducción familiar.