La reforma fiscal dificulta la declaración conjunta a separados y parejas no casadas

Desde la Hacienda foral, consultados al respecto, confirman que la reforma fiscal recoge esta novedad. Es decir, que los progenitores no casados o que no sean pareja de hecho no podrán hacer la declaración conjunta con los hijos, a no ser que demuestre que los mantiene exclusivamente. «Se trata de equiparar al resto de los padres –con la relación formalizada–, ya que estos no pueden hacerla de manera individual con los hijos, sino que están obligados a presentarlos como una unidad familiar», argumentan. Las mismas fuentes agregan que los modelos familiares «han cambiado» y que Hacienda, por tanto, se ajusta a los nuevos tiempos.

¿Pero qué es la tributación conjunta? Las declaraciones que se realizan de esta manera son aquellas en las que una pareja o un progenitor y sus hijos unifican sus ingresos y declaran ante el fisco como una unidad familiar. Como norma general, la declaración conjunta beneficia a aquellas familias en las que uno de los cónyuges tiene unos ingresos sustancialmente superiores al otro. Más aún cuando en esa unidad familiar solo uno de los miembros obtiene ingresos. Tradicionalmente se acogían a esta fórmula aquellas familias donde la mujer no había trabajado o lo había hecho durante un muy breve periodo de tiempo.

La reducción por tributación conjunta es una modalidad que permite a las parejas una deducción sustancial. En concreto, la reducción en la base imponible del IRPF en Gipuzkoa asciende, en el caso de unidades familiares integradas por ambos cónyuges, a 4.800 euros, y en las monoparentales, a 4.169 euros. Son bonificaciones más generosas que las que se aplican en el resto del Estado, donde la Agencia Tributaria las reduce a 3.400 y 2.150 euros, respectivamente.

El impacto económico de esta medida en las arcas forales fue de 286 millones en la campaña de la Renta de 2022 –ver tabla adjunta–, frente a los 2.400 millones en que cifran su coste cada año la Hacienda estatal y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal –AIReF–. En el caso de Gipuzkoa, el mayor 'agujero' para las arcas de Errotaburu fue en el año 2014 con 323 millones.

Desde Sayma, especializados en fiscalidad, calculan a cuánto asciende actualmente en nuestro territorio el ahorro en IRPF de aquellos contribuyentes que aplican la tributación conjunta. El estudio se ha realizado con tres tramos de renta, cuando uno de los cónyuges –el que más ingresa– declara 30.000, 45.000 y 65.000 euros y el otro, 15.000.

En el primer caso, al hacer la declaración de forma conjunta –la presenta el que más gana–, el ahorro es de 1.167,32 euros. Cuando uno de los cónyuges ingresa 45.000 euros, la cuota íntegra se reduce en 1.426,49 euros. Y en el último tramo de los analizados –65.000 euros–, el pago a Hacienda se aminora en 1.667,6 euros.

Como el IRPF es un impuesto progresivo, el ahorro es mayor cuanto más elevada es la renta del cónyuge. De manera que si se toma como ejemplo a una persona que gana más de 204.270 euros, el ahorro en la declaración conjunta sería de 2.042,81 euros. Sería el máximo al que se podría acoger un guipuzcoano que tenga una nómina XXL.

En lo que respecta al Gobierno central, esta deducción fiscal está en el punto de mira, tal y como evidenció el Plan de Recuperación que el Ejecutivo Sánchez presentó a Bruselas en otoño. No solo lo abultado de las cifras de recaudación mencionadas anteriormente parece jugar a favor de la Hacienda estatal a la hora de defenestrar la tributación conjunta en el IRPF. Un repaso al resto de países europeos permite comprobar que esta figura está desapareciendo. Así, en economías como Austria, Italia, Reino Unido o Canadá existe la obligación de hacer la declaración individual del IRPF.

Pero el gran punto flaco de esta reducción estriba, según los fiscalistas que sirven de guía al Gobierno, en su supuesta contribución negativa a la hora de fomentar una mayor integración laboral de la mujer. En concreto, argumentan que declarar el IRPF conjuntamente con sus parejas masculinas desincentiva la búsqueda de una ocupación por parte de las potenciales trabajadoras y contribuye a incrementar la brecha de género que caracteriza a la economía española.