¿Cómo frenar el encarecimiento de la electricidad?

El precio de la energía, el que se determina en el mercado mayorista, supone aproximadamente el 30% de la factura eléctrica del consumidor doméstico, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Un 50% corresponde a peajes de acceso y otros componentes regulados. Y un 20% a los impuestos, fundamentalmente el IVA. Sin embargo, también es cierto que cualquier aumento en alguna de las dos primeras 'cestas' del recibo (peajes y energía consumida), lógicamente repercute en la tercera, la del IVA (se aplica sobre los dos conceptos anteriores).

Puede que pese a todo el revuelo que se forma en torno al alza de la luz el recibo sólo se encarezca unos pocos euros. Pero que se pueden convertir en un problema añadido para familias con escasos recursos, o negocios y empresas con un alto consumo eléctrico. Además, acaba calando en la opinión pública es que los precios del mercado mayorista dependen de múltiples factores, pero que casi todos ellos acaban encareciendo la factura final del consumidor.

Por ejemplo, hubo un tiempo en que los políticos -el mismo Mariano Rajoy, sin ir más lejos-, confiaba en que soplara el viento y lloviera para que el precio de la electricidad bajase. Y eso era porque la mayor participación de las energías renovables como la eólica o la hidráulica contribuían a bajar precios. Sin embargo, el agua ha dejado de cumplir ese papel, y aunque en muchas épocas del año marca el precio en hasta el 80% de las horas, no contribuye a abaratar el 'pool'. En casi todos los meses del año el 'mix' energético del mercado mayorista -con más participación de renovables- ha sido en teoría más favorable a la configuración de precios bajos que en 2017. Sin embargo, han acabado siendo más altos.

Por si fuera poco, producir electricidad con las tecnologías más caras es ahora mismo más caro que nunca. Y eso es achacable al alto precio de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Las empresas tienen en cada país un cupo de emisiones gratuitas. Para poder emitir más gases contaminantes (porque su producción así lo exije), estas compañías pueden acudir a un mercado donde comprar derechos de emisión. Para desincentivar la expulsión a la atmósfera de gases contaminantes (el CO2 es el principal agente causante del 'efecto invernadero'), las autoridades europeas han impulsado un encarecimiento de ese mercado. Así, cada derecho a emitir una tonelada de CO2 costaba en agosto 21 euros, tres veces más que en el mes de enero, Y en términos interanuales el precio casi se ha cuadruplicado. Esto repercute en los precios a los que las centrales de carbón y de gas ofertan su electricidad. Sobre todo a las primeras, que emiten más CO2.

¿Es ineficiente el mercado mayorista?¿Hay que reformarlo?¿Es la único foco de inflación en el precio de la luz?

«En teoría, el sistema de mercado marginalista es el mejor. Pero partiendo de la premisa de que hay competencia», expone Francisco Valverde, «observador, como él mismo se define, del mercado eléctrico. Para este ingeniero de telecomunicaciones -que vierte su pasión por todo lo que acontece alrededor del 'pool' en su blog 'Entre el blanco y el negro' (http://franvalverdes.blogspot.com/)- el problema «no es el sistema, sino la falta de competencia. Si en vez de tres empresas que se comen la parte mayoritaria hubiera 27 o 30, habría más 'peleilla'», considera. Cree además que «donde hay que meter mano» es en el agua. «Es quien manda en el mercado. Se supone que es una fuente de energía renovable. Pero tiene precio de energía fósil». Esto es por el llamado 'coste de oportunidad', denunciado por muchos expertos del sector. Como el carbón y el gas están muy caros, los generadores de electricidad con agua pueden ofertar su energía a un precio mucho más alto por lo normal sin el peligro de verse desplazados por las centrales térmicas. «Agua a precio de cava», como ironizaba un experto del sector. El precio de la energía hidráulica «sólo es bajo cuando las empresas se ven obligadas a desembalsar. Ahí, o ponen precio bajo, o se arriesgan a no entrar en el mercado», dice Valverde, quien propone que el Estado asuma -o que se reasignen- las concesiones de los embalses que en los próximos años toquen a su fin».

«Lo más eficiente para el mercado sería que se produzca con agua en las horas más caras. Porque si no, tendrían que generar electricidad otras centrales, como las de carbón o gas, más ineficientes y caras», recomienda José Pablo Chaves, investigador del Instituto de Investigación Tecnológica de Comillas ICAI.

Se trata, en opinión de ambos expertos, no en cambiar el sistema marginalista -donde se casa la oferta y la demanda- porque entre otras cosas, es el que se aplica en todos los países europeos. Pero sí retocar su funcionamiento. E incentivar a las empresas eléctricas para que sus ofertas de mercado sean más baratas. ¿Cómo? Por ejemplo, «eliminando o reduciendo los impuestos a la generación eléctrica», sostiene Valverde. En la actualidad, la producción eléctrica está gravada con un impuesto del 7%, independientemente de la fuente de generación. A ello hay que sumar el 25,5% que las hidroeléctricas han de pagar en concepto de canon hidráulico. «Y al final, todos esos impuestos acaban repercutiendo en las ofertas que las empresas realizan en el 'pool'. Y por tanto, en los consumidores», denuncia Valverde.

«También habría que revisar el IVA del recibo eléctrico. Así como lo hay reducido para servicios como el cine, qué bien más básico para la ciudadanía que la electricidad. Debería haber un IVA reducido al menos para los consumidores más vulnerables», recomienda Chaves. Es lo que esta misma semana ha propuesto -bajarlo al 4%- la organización de consumidores Facua, dentro de una batería de medidas presentadas al secretario de Estado de Energía, José Domínguez, para frenar la escalada del precio de la luz. «Aquí te clavan un 21%, cuando por ejemplo Reino Unido tiene un mercado mayorista más caro que el nuestro, pero pagan un IVA del 5%», recuerda Valverde.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez no parece estar por la labor. Recientemente lo reconocía en una respuesta parlamentaria planteada por Unidos Podemos. Argumenta que un descenso del IVA en la electricidad «podría falsear considerablemente las decisiones acerca de una combinación óptima de fuentes energéticas y el nivel óptimo de consumo». El Ejecutivo apuesta por paliar los problemas de las clases más desfavorecidas a través de «políticas nacionales específicas», que sin embargo no llega a precisar.

El consumidor doméstico no es, por supuesto, el único perjudicado por el encarecimiento de la electricidad. También lo es, y mucho, la industria, especialmente la electrointensiva: siderurgia, metalurgia, química, etc., «muy sensible al coste del suministro eléctrico, que llega a suponer entre el 10 y el 50% de los costes de producción», resume Fernando Soto, director general de AEGE. Esta asociación agrupa a las empresas con gran consumo de energía. En la actualidad son 26. Pocas, pero que absorben hasta el 11% de la demanda anual eléctrica peninsular.

Soto se queja de que en 2017, «la brecha competitiva del mercado eléctrico mayorista en España» representó un sobrecoste para las empresas de AEGE de 450 millones de euros con respecto a Alemania. «Y en 2018 la situación es más alarmante». Además, añade el presidente de AEGE, «el diferencial del precio final que paga la industria en España con respecto a Alemania y Francia se ve incrementado, por los distintos mecanismos de compensación existentes en estos países y la disminución del 40% de la retribución del servicio de interrumpibilidad aquí. Con Alemania el sobrecoste de nuestro suministro eléctrico es del 30%».

Soto propone, entre otras, las siguientes medidas: «lograr la mejora de la competitividad del mercado eléctrico, fomentar los contratos a largo plazo (PPAs) a precios competitivos, implementar los mecanismos de compensación existentes en Alemania y Francia, y consolidar el servicio de interrumpibilidad». Esto es, el dinero que reciben las grandes empresas consumidoras de energía por parar su producción -y por tanto, su consumo- en caso de que el sistema así lo requiera.

Soto también lamenta que la «limitada» capacidad de interconexión con Francia «hace que no podamos importar grandes cantidades de electricidad a precios más competitivos, que sin duda ayudarían a mejorar la competitividad de nuestro mercado eléctrico».

José Pablo Chaves, como otros muchos expertos, también enarbola una vieja reivindicación de consumidores, empresas y partidos políticos: sacar del recibo los costes regulados que no tienen que ver exclusivamente con el suministro eléctrico. «Cuestiones que responden a la política territorial, como el coste de llevar la electricidad hasta las islas, por ejemplo», dice. U otra serie de partidas, como los incentivos a la producción de energía renovable, la amortización del déficit de tarifa, las retribuciones a los operadores del mercado (Omie) o a la CNMC… y así un largo etcétera «que es lo que más ha contribuido a aumentar la factura. Mucho más que el mercado eléctrico, recuerda el investigador de la Universidad de Comillas ICAI.

Este mismo miércoles la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparecerá en el Congreso de los Diputados para explicar el imparable alza del precio de la luz y, se supone, para explicar la estrategia de su departamento en este aspecto. «No espero demasiadas cosas de esa comparecencia», se lamenta Francisco Valverde.