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Félix Montero y Clara Alba
Miércoles, 26 de marzo 2025, 07:25
Quejas por la reducción de los cuadros médicos, denuncias sobre supuestas presiones para ahorrar en tratamientos oncológicos y primas insuficientes para cubrir las pérdidas que ... el servicio genera a las aseguradoras. La crisis que en los últimos años se ha vivido con Muface -ahora solventada con la confirmación de que Adeslas (que en Euskadi controla el IMQ) y Asisa mantendrán vivo el servicio- ha puesto sobre la mesa una realidad en la que cada vez más funcionarios optan por la pública en detrimento de las aseguradoras privadas. La autoridad Fiscal (Airef) ha constatado esta semana que así lo hacen ya el 72% de los nuevos empleados públicos. Y de ahí su recomendación para que quienes se vayan incorporando a partir de ahora pasen directamente a la Seguridad Social.
La cuestión es que, con datos de cierre de 2024, solo tres de cada diez funcionarios están en la cartera de la Seguridad Social, frente al 70% del mercado que copan las privadas. Pero la cifra de quienes apuestan por la pública, al menos en el conjunto de España, ha crecido exponencialmente en los últimos años. En Euskadi, en cambio, la situación es la contraria: la cantidad de funcionarios que opta por las mutuas no ha variado.
Vayamos primero con los datos del conjunto de España. Hace una década, los mutualistas que optaban por la pública suponían solo el 18%. Y ahora, por primera vez en la historia, han superado la barrera del medio millón, de manera que uno de cada tres apuesta por este modelo. La cifra implica 49.449 más que en 2023 y coincide con un periodo de alta tensión para el sistema, acrecentado tras la licitación fallida del convenio. Situación que obligó al Gobierno a mejorar hasta en dos ocasiones su oferta para atraer a las aseguradoras.
Si se toma como referencia el actual concierto -que comenzó en 2022 y finalizaba en 2024, pero se amplió por los mencionados problemas con la licitación- el número de funcionarios que han pasado en este periodo a engordar la lista de la sanidad pública es de 125.872. Es decir, un 33% más. La cifra contrasta con la caída del 4% experimentada por las tres grandes aseguradoras que prestan el servicio de Muface -Adeslas, Asisa y DKG-, que han sufrido la 'fuga' de 47.107 funcionarios en el periodo, hasta una cartera de 1,05 millones.
La crisis del modelo de Muface, en cambio, no ha alterado los comportamientos de unos funcionarios vascos que continúan apostando de forma mayoritaria por la sanidad privada. De los 25.259 trabajadores públicos adscritos al sistema en Euskadi, solo 8.083 optan por Osakidetza. Aunque la proporción -uno de cada tres- es similar a la del conjunto de España, lo cierto es que en el País Vasco no se ha dado una fuga hacia la pública.
La cantidad de funcionarios en Muface que a finales de 2022 optaban por la sanidad privada ascendía a 16.682, mientras que quienes lo hacían por Osakidetza eran 8.031. Dos años más tarde, en cambio, la cifra se mantiene sin apenas variaciones. Los trabajadores que recurren a una de las tres aseguradoras ascienden a 17.176, mientras quienes se deciden por la pública son 8.083. En IMQ, la principal mutua de Euskadi, achacan este fenómeno al «arraigo» que históricamente ha tenido la compañía en la comunidad.
Tras el rechazo de DKV a Muface, sus 201.318 funcionarios en cartera - de los que 1.344 residen en Euskadi- deben elegir ahora entre pasarse a Adeslas, a Asisa, o a la sanidad pública. Todos los mutualistas -adscritos a cualquier aseguradora o al INSS- pueden elegir el cambio cada año, tradicionalmente durante enero. Pero este 2025 tendrán una nueva ventana de un mes a partir de que entre en vigor el nuevo concierto, previsiblemente en abril. Durante ese periodo, DKV está obligado a seguir prestando el servicio a sus funcionarios hasta que tomen su decisión. Y, si no lo hacen, Muface haría el cambio directo a la Seguridad Social.
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