Gipuzkoa pone en valor la nueva Ley de Aportaciones, «que es un mecanismo mucho mejor»

El esquema acordado (dibujado para el periodo 2022-2026) se convertirá en proyecto de ley una vez lo apruebe este mismo mes el Consejo de Gobierno vasco, que lo enviará a su vez al Parlamento de Vitoria. El objetivo es que se superen con celeridad los trámites de la Cámara vasca y sea ya ley en octubre.

Eso permitiría (y aquí está parte de la explicación a esa resolución del nudo gordiano de las aportaciones) elaborar unos presupuestos generales para el próximo ejercicio -también a los ayuntamientos vascos-, el de la recuperación, con el escenario muchísimo más claro.

El diputado general de Gipuzkoa, que reconoció que con el pacto y la nueva de la Ley de Aportaciones se quitaba «una espina», incluso en el plano personal, defendió la importancia del propio acuerdo (alcanzado entre organismos controlados por el PNV) y lo valioso de la capacidad de llegar a una entente «no sin problemas técnicos y políticos».

A su juicio -un mensaje replicado después por todos los protagonistas del acuerdo y por el presidente de Eudel, Gorka Urtaran-, el verdadero valor de lo anunciado ayer radica en «la fortaleza demostrada como país» al cristalizar ese acuerdo que siempre se presumió complicado.

Olano no quiso entrar en si el mantenimiento de la metodología para determinar cuánto dinero ponen a la bolsa común los tres territorios -lo que se conoce como coeficientes horizontales, que no van a cambiar a pesar de que habían sido el punto de mayor fricción- era bueno o malo para el territorio. Y eso que en los últimos años esa circunstancia había generado una suerte de déficit entre lo que recaudaba Gipuzkoa y lo que debía aportar. Algo que también venía sucediendo en Álava, aunque no así en Bizkaia, que no se veía penalizada por este extremo.

Tanto es así, que el propio Consejo Vasco de Finanzas tuvo que crear en febrero de 2019 un Fondo Extraordinario dotado con el 0,45% de los recursos totales a distribuir (y nutrido entre el Gobierno Vasco y las diputaciones) para ayudar a aquel territorio que no llegara al 99% de la cantidad asignada. Esa ayuda se sumaba a otro fondo general de auxilio (del 1%) que ya existía.

Ahora, la solución encontrada es consolidar ese fondo extraordinario en el general (que pasa a ser del 1,45%, aunque distribuido en dos tramos) y que, como destacó Markel Olano, «se convierta en ley». El diputado general de Gipuzkoa rechazó el concepto de «penalización» para el territorio por los coeficientes horizontales y prefirió hablar de «desajustes». Quien sí habló de ellos fue el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, quien además de felicitarse por el acuerdo explicó que ese criterio de reparto se mantenía con el plácet de Gipuzkoa y Álava «como no podía ser de otra manera».

El diputado general alavés, Ramiro González, como el propio Rementeria o el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpizu, insistieron en el valor del acuerdo y en lo oportuno del momento en que se ha alcanzado, en los albores de la recuperación frente a la crisis del Covid y cuando van a hacer falta presupuestos expansivos en todo Euskadi.

Entre lo pactado, que eleva (en realidad consolida) al 70,81% del dinero recaudado lo que se queda el Gobierno Vasco una vez pagado el Cupo, que es lo que se llama coeficiente vertical, destaca la obligatoriedad y no simple recomendación (como hasta ahora) de reservar parte de los fondos a los ayuntamientos. En concreto, el 39,23% de los recursos por tributos concertados; algo que celebró el presidente de Eudel, Gorka Urtaran, al entender que «blinda» la financiación municipal.