El Gobierno Vasco adelantará las ayudas de las PAC y favorecerá la liquidez de los baserritaras

Este es uno de los puntos del decálogo al que se comprometió ayer la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Rural, Arantxa Tapia, en el encuentro que mantuvo con representantes de EHNE Gipuzkoa y Bizkaia, ENBA Gipuzkoa y Bizkaia, y UAGA, en Derio, en el centro Neiker. Un documento que incluye las propuestas del propio Ejecutivo y buena parte de las enviadas por el primer sector y que recoge, además, el compromiso de crear varias mesas de trabajo conjuntas para desarrollar algunas de las medidas. Tapia se comprometió a implementar todas las medidas y medios necesarios antes del 30 de junio.

En el apartado de las ayudas de las PAC, ese adelanto permitirá que se abone a los agroganaderos entre el 70 y el 80% de las mismas en octubre, tal y como contempla Europa. Las fechas oficiales son desde el 1 de diciembre del año al que pertenecen las ayudas hasta el 31 de junio del siguiente. Además, el sector ha solicitado que las ayudas de 2023, que van con mucho retraso, se abonen antes del día 30 de este mes. El Ejecutivo vasco indicó que lo intentará, según señala Xabier Iraola, secretario general de ENBA Gipuzkoa.

En lo que respecta al apoyo financiero, se ha abierto la posibilidad de que los agroganaderos puedan solicitar un crédito a la banca -se tendrá en cuenta las ayudas cobradas el año anterior- para afrontar los gastos hasta que reciban esas subvenciones con el aval del Instituto Vasco de Finanzas. Cuando se ponga en marcha esta medida se estudiará quién paga el coste financiero.

Asimismo, se defenderá ante las autoridades comunitarias la voluntariedad del cuaderno digital y su implementación gradual, otra de las demandas del sector.

En lo que respecta a la Ley de la Cadena Alimentaria, el Ejecutivo se compromete a extender los controles -para que no se pague por debajo de los costes- en todos los eslabones, no solo a los productores, sino también a la industria y a la distribución, lo que permitirá tener una fotografía completa de cuánto cuesta producir, transformar y distribuir, con lo que se pretenden garantizar precios justos. Además, se incluirá la renta de referencia estatal para el cálculo de la mano de obra propia. Hasta ahora se aplicaba el 40% de esta renta y el 60% del Salario Mínimo Interprofesional. Además, se realizará un análisis de los costes de producción trimestrales y no anuales, como en la actualidad.

El Gobierno Vasco impulsará, asimismo, una implementación más flexible y se tratará de reducir la burocracia en la gestión de ayudas, y asegurando que las producciones de terceros países cumplan con la misma normativa aplicada a las producciones comunitarias.

Respecto a otra de las demandas del sector, como es la de garantizar el uso del suelo agrario, el Ejecutivo se compromete a promover un uso eficiente y sostenible para asegurar la productividad a largo plazo, defendiendo el suelo de alto valor estratégico. Se estudiará mejorar la gestión de suelos de titularidad pública y se creará una mesa para analizar el impacto y las medidas a adoptar respecto a la implantación de proyectos de energía renovable.

Reducir la burocracia en la gestión de ayudas; asegurar que la producción de terceros países cumplan con la misma normativa; optimizar el sistema de seguros agrarios ampliando la cobertura y adaptándolas a las necesidades de Euskadi; y fomentar la innovación tecnológica y prácticas sostenibles para mejorar la productividad, son otros de los compromisos adoptados. El Gobierno Vasco también está dispuesto a promover el atractivo del sector agrario para las nuevas generaciones y a impulsar la transformación artesanal y la compra de productos locales. Asimismo, está dispuesto a trasladar al Gobierno central y al Ejecutivo comunitario aquellas demandas que son de su competencia.