El Gobierno Vasco realizará inspecciones anuales y aleatorias para garantizar que se cumpla la cadena alimentaria

Así lo ha explicado este martes la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad en funciones, Arantxa Tapia, tras el Consejo de Gobierno, que ha dado luz verde a este decreto que busca fundamentalmente que no se pague por debajo de los costes a los productores, pero también que se cumpla con esta máxima en todos los eslabones de la cadena alimentaria.

Este decreto le dota al Gobierno Vasco de los instrumentos necesarios para poder desarrollar esta tarea con más ahínco y con todas las garantías, ya que, según ha recordado Tapia, ya se venía desarrollando una labor desde que se aprobó la ley estatal en 2021. Estos instrumentos son el Código de Buenas Prácticas y el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que ya está en marcha, pero que se fortalecerá en este control de los precios fijando los costes mínimos en función de unos criterios objetivos, como son los gastos de productos, energía, maquinaria, inmobiliario e incluso la mano de obra necesaria.

La fijación de esos precios iniciales permitirá poder ir controlando el resto de la cadena alimentaria, para que no se abone por debajo de los costes, pero también para que no haya precios excesivos.

El Observatorio se convertirá en un órgano colegiado, buscará promover las buenas prácticas, realizar un seguimiento y análisis de las prácticas comerciales y de los contratos, que deberán quedar todos registrados para poder controlar el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria.

Además, contará con una autoridad de ejecución, con capacidad para inspeccionar, controlar y sancionar. Unas sanciones que en el caso de ser leves oscilarán entre los 250 euros y los 3.000; en los graves irán de 3.001 euros hasta los 100.000 euros y en los muy graves desde 100.001 euros hasta el millón.

La Inspección contará de entrada con siete personas, que son las que hay en la actualidad, pero a medida que se vayan incorporando más productos en el Observatorio de la cadena alimentaria se requerirá de más personal, según ha destacado la consejera en funciones.

El Ejecutivo en funciones ha aprobado también destinar 250.000 euros para impulsar la participación de los trabajadores en la gestión y en los órganos de las empresas, con lo que se pretende favorecer el relevo generacional en las empresas, y también para extender las políticas de responsabilidad social corporativa en el mundo empresarial. El año pasado se promovieron 50 iniciativas, según ha recordado Arantxa Tapia.

Además, se destinarán este año 2.500 millones para los contratos que lleva a cabo la administración pública con el mundo empresarial, lo que supone un 30% más que el año pasado, lo que permitirá incrementar en un 150% esos contratos, que el ejercicio pasado alcanzaron los 8.500.

Finalmente, el Ejecutivo ha acordado destinar 1,6 millones de euros en este ejercicio al laboratorio de tecnologías cuánticas que se instalará en Donostia para finales del proximo año.