El lehendakari asegura que Competencia no ha acreditado connivencia del Gobierno con el cártel de las consultoras

El lehendakari ha tenido que dar hoy explicaciones en el Parlamento vasco sobre el papel que ha jugado la Administración en el cártel de las consultoras, sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con 6,3 millones de euros a 22 firmas por repartirse más de 200 contratos públicos en la última década. Buena parte estas licitaciones se concedieron por parte de diferentes departamentos del Gobierno vasco y Elkarrekin Podemos ha preguntado sobre si se está investigando la posible connivencia de los gestores públicos con las consultoras adjudicatarias, entre las que destaca firmas ligadas al PNV como B+I Strategy, dirigida por Sabin Azua, hermano del exvicelehendakari, según ha resaltado la parlamentaria Miren Gorrotxategui. Es más, ha recordado que hasta la Autoridad Vasca de la Competencia, donde inició la investigación, contrató a esta sociedad para su plan estratégico.

El lehendakari ha destacado que en el expediente de Competencia no solo están implicadas administraciones vascas sino que también figuran las de otras comunidades autónomas. También ha asegurado que «en las investigaciones realizadas sobre las licitaciones del Gobierno vasco no se ha acreditado indicio alguno de connivencia» y eso que el organismo ha realizado muchos requerimientos de información. «Nuestra labor no ha sido puesta en cuestión con carácter general y solo se ha sancionado a las firmas consultoras», ha afirmado tras señalar que esos contratos fueron en su momento fiscalizados por los órganos de control y el Tribunal Vasco de Cuentas.

Urkullu también ha anunciado que pondrá a disposición del Parlamento vasco todos los contratos públicos que aparecen en el expediente de Competencia y que «no se escatimarán esfuerzos en las investigaciones que se pongan en marcha». Ha recordado, en este sentido, que el proceso todavía está abierto porque la CNMC ha remitido su resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, para que decida sobre una eventual prohibición de contratar a las consultoras y que cabe recurso contencioso-administrativo de estas ante la Audiencia Nacional.

En su expediente, Competencia sí hace referencia al papel de las administraciones al apuntar que «en algunos casos pudieran haber tenido un cierto conocimiento de estas prácticas», si bien descarta que eso descargue de culpa a las consultoras. Advierte, además, que para cuando el expediente llegó a la Sala de la CNMC, la responsabilidad de las administraciones como facilitadoras había prescrito al pasar cuatro años desde cada licitación. Se trata de contratos sin publicidad en los que bastaba con que el licitador pidiera tres ofertas para elegir la mejor y el 'modus operandi' consistía en que se acordaba la firma adjudicataria y otras dos le daban cobertura con ofertas peores.

Competencia señala que «algunos hechos protagonizados por algunos agentes de la Administración podrían no tener amparo en nuestro ordenamiento» y que «en algún supuesto aislado podría colegirse que la conducta llevada a cabo por las empresas se ha facilitado por parte de los funcionarios encargados del proceso de contratación». A renglón seguido detalla el episodio que considera «más grave», que se refiere al Puerto de Bilbao, en el que se observa cómo un directivo de ese organismo negocia el contrato con la adjudicataria, Deloitte. Pero también hay correos referidos a licitaciones del Gobierno vasco en los que se deduce que ya se había negociado la adjudicación con una firma, que luego busca la cobertura de otras dos.