«Se mantiene un control férreo de los sindicatos en la estiba», advierte Guibert

El mundo de los puertos sigue dominado por hombres pero cuenta con figuras femeninas relevantes como María Luis Guibert. Ella es la presidenta del Grupo Algeposa, uno de los mayores operadores del sector, nacido en 1981 en Pasaia, pero con una fuerte posición otras siete terminales desl Estado, entre ellas Bilbao. Pese a su relevancia, la empresaria azpeitiarra es poco conocida fuera de su ámbito. Huye de los focos y rara vez se expone al público. Pero ayer hizo una excepción. En la asociación de directivos Adype le convencieron para dar una conferencia en Bilbao y, aunque no se le notaba nada cómoda en el atril, habló con una contundencia nada común en su sector.

Así, abordó sin ningún reparo el espinoso asunto de la estiba. Denunció que, con las reformas que se han adoptado tras exigir Bruselas la liberalización, «no se han resuelto los problemas» porque, explicó, sigue habiendo una única estructura para la contratación, sometida a un «férreo control por parte de los sindicatos». Recordó, en este sentido, la investigación abierta por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que ve indicios de infracción en el acuerdo que alcanzaron patronal y sindicatos para acabar con las huelgas. «Tenemos miedo ante las posibles multas. Nosotros queremos cumplir la ley pero los sindicatos nos obligan a saltárnosla», se lamentó.

Guibert se alineó con el discurso de quienes consideran que se ha acometido una liberalización falsa para cumplir, al menos en apariencia, con Bruselas, pero sin cambiar las cosas. Según explicó, ante la presión de las movilizaciones, «la mayoría de puertos fueron cediendo». Fue en julio de 2017 cuando se alcanzó un acuerdo en el sector, después de un junio plagado de huelgas. Entonces se produjo incluso una escisión en la patronal: por un lado quedó Anesco (los grandes operadores globales de contenedores), favorable al pacto, y por otra, se creó Asoport (empresas familiares que mueven mercancía común), más crítico. Algeposa se unió a esta última.

Aquel acuerdo, bendecido por el Gobierno del PP, debía venir acompañado de un reglamento que desarrollase el real decreto aprobado en 2017 para calmar a Bruselas. Pero lo ha parado el Consejo de Estado. Ahora le toca lidiar con ello al Ejecutivo del PSOE. Guibert se quejó de que, ante el daño que supone tener los puertos parados, siempre se prioriza la paz social. «Se impone eso de 'no queremos bronca en los puertos'», dijo en referencia a la clase política, a la que reclamó una solución a largo plazo, consensuada por todos los partidos. «Lo que pedimos es poder organizar el trabajo como cualquier empresario», resumió. Recordó que el coste laboral es el de mayor peso en su actividad y que «los salarios de los estibadores son muy altos».

La presidenta de Algeposa también trasladó algunas reclamaciones a Puertos del Estado, el ente público que gestiona el sector y que, por cierto, por primera vez está dirigido por una mujer, Ornella Chacón. Guibert se refirió a las cuantiosas inversiones que requiere su sector -«una grúa móvil cuesta entre tres y cinco millones de euros»- y reclamó una rebaja de las elevadas tasas que pagan. También criticó la lentitud con que está respondiendo Madrid a la petición de que se amplíen las concesiones a cambio de mayores inversiones, para poder rentabilizar éstas. En relación a esto, la empresaria se unió a las voces que reclaman un nuevo modelo de gestión, con mayor autonomía.

Otro asunto que abordó es «la consolidación» que se ha producido en el sector durante la crisis, causante de una caída en el tráfico. Destacó la entrada del gigante chino Cosco en Noatum, la empresa que explota el tráfico de coches en Pasaia y la terminal de contenedores del Puerto de Bilbao, en la que Algeposa, a través de S.L.P., tiene un 20%. «Nos quedaremos ahí mientras estemos cómodos», comentó. Algeposa ha llegado a un acuerdo con Noatum para compartir participaciones en diferentes terminales y extender así su red a ocho puertos.