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R. C.
Madrid
Viernes, 14 de marzo 2025
La agencia de calificación crediticia S&P Global ha decidido este viernes mantener la calificación de España en 'A/A-1', con perspectiva estable. Sin embargo, ha avisado de que «las tensiones comerciales representan un riesgo para la economía española», especialmente tras los efectos que podría tener los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para diferentes productos de la Unión Europea, entre ellos el acero y el aluminio –donde el país aún mantiene un peso específico- y el vino, donde destacan las bodegas españolas.
Esos riesgos derivados de la guerra comercial que comenzó el polémico mandatario norteamericano en febrero, centrando hasta ahora sus medidas tanto en la Unión Europea y China como en sus vecinos Canadá y México, «son elevados a nivel mundial, aunque para la firma de 'rating' »España está menos sujeta a sus efectos directos«.
La razón –añaden sus expertos- es que «menos del 6% de sus exportaciones de bienes se destinan a Estados Unidos y los servicios, que constituyen el grueso de la economía española, aún no están sujetos a aranceles». Sin embargo, también deja claro que España «podría sufrir las consecuencias de un posible menor crecimiento económico en la eurozona, su principal socio comercial».
En todo caso, para S&P España «es una de las economías de mayor crecimiento de la zona euro» y también de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este sentido, prevé que la «pujante oferta laboral», los menores costes energéticos en comparación con otros países europeos y las exportaciones «impulsarán un crecimiento de alrededor del 2 % durante los próximos cuatro años, aproximadamente el doble de la media de la eurozona».
A pesar de ello, sus economistas se muestran preocupados porque la deuda pública «sigue siendo elevada», al representar todavía algo más del 100% del Producto Interior Bruto (PIB). Y también ponen el foco en la imposibilidad por parte del Gobierno de coalición PSOE-Sumar de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) –el Ejecutivo continúa operando con la prórroga de las Cuentas Públicas de 2023- y su repercusión consiguiente en las limitaciones de gasto, informa Europa Press..
Sin embargo, desde S&P esperan que la elevada ratio de deuda pública sobre PIB «disminuirá lentamente» en España. «Para 2028 prevemos que caerá al 96%, volviendo a su nivel prepandemia desde el 100% en 2024 -señala-. Esto representa una disminución moderada del 4% del PIB», aunque insiste en que el pasivo público «se mantiene elevado en comparación con los países con calificación crediticia a nivel mundial».
También se fija en que las presiones para aumentar el gasto en defensa podrían ralentizar el ritmo de consolidación presupuestaria. «Con un 1,3% del PIB, dicho gasto es mucho menor que el objetivo de la OTAN de al menos el 2% del PIB», constata la agencia.
En cuanto al paro, afirma que «sigue siendo elevado según los estándares de la OCDE, en un 10,6%», si bien admite que «ha mejorado considerablemente desde el 23,4% del años 2015». Pero «a pesar del éxito de la reforma laboral de 2022 en el aumento de la proporción de empleo indefinido», advierte de que la dualidad en el mercado laboral «sigue siendo mayor que en otras economías avanzadas, lo que tiene consecuencias fiscales« negativas.
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