La Diputación suprime las primas de jubilación anticipada a sus funcionarios, que podían alcanzar los 40.000 euros

La Diputación de Gipuzkoa ha aprobado esta mañana en Consejo de Gobierno suprimir las primas por jubilación voluntaria anticipada y por renuncia a la condición de empleado público premiada. El Ejecutivo foral, pese a los protestas de los trabajadores, se atiene a la resolución del Tribunal Supremo, que ha puesto de manifiesto con insistencia «la falta de cobertura legal y justificación de las primas de jubilación de las administraciones locales». «Es decir, ha sentenciado que son ilegales y, por lo tanto, estamos cumpliendo con este mandato de los tribunales», ha explicado la portavoz foral, Eider Mendoza, en su comparecencia de este mediodía en San Sebastián.

Hasta el momento, el personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa que cumplía con los requisitos establecidos en el régimen de previsión social para acceder a la jubilación anticipada voluntaria tenían derecho a una prima. Esta prima era equivalente a un número de pagas mensuales determinado en función del número de trimestres que restasen hasta alcanzar la edad legal de jubilación, con un máximo de 40.000 euros. En muchos casos se incentivaba la jubilación anticipada para rejuvenecer las plantillas de las administraciones locales.

Sin embargo, la Sentencia 459/2018, de 20 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, estableció el criterio de que las primas de jubilación no son medidas de apoyo adoptadas en el ámbito de la obra social, sino retribuciones distintas a las previstas por la legislación básica estatal para las personas funcionarias de las entidades locales. Por tanto, según la sentencia, modifican el régimen retributivo del personal funcionario de las entidades locales, careciendo de cobertura legal y justificación. Este criterio se ha repetido en distintas sentencias, la última el 5 de abril.

«Hemos hecho un análisis exhaustivo dentro y fuera de la Diputación, de forma coordinada con las administraciones de más peso desde el punto de vista del personal, y todos y todas coincidimos en lo mismo. No es una cuestión de voluntad: estamos obligados y obligadas a acatar la sentencia y no hay otra alternativa», ha insistido la portavoz. «Ignorar esta jurisprudencia supone prevaricar o malversar fondos públicos para cualquiera que firme una orden de pago, tanto en el caso del personal técnico como de las y los responsables políticos», ha justificado.

La decisión se ha adoptado cinco días después de una protesta de en torno a 250 trabajadores forales, que se concentraron el jueves en la plaza de Gipuzkoa, en el exterior del palacio foral, aunque también hubo un grupo de personas que trasladó la movilización al interior, en las zonas de trabajo y a las dependencias de los responsables políticos «profiriendo gritos, con la intención de ejercer presión sobre las personas responsables de la materia, generando al mismo tiempo una sensación de inseguridad y tensión entre el personal», denunció la institución foral.

El Tribunal Supremo también anuló el 4 de mayo la prima que solicitaba un bombero al Ayuntamiento de Bilbao. El consistorio donostiarra también se ha pronunciado en las últimas semanas a favor de cumplir el mandato judicial y acabar con dichas primas, pese a las protestas de numerosos empleados municipales, que enmarcaban estas primas en un fomento e incentivo de la jubilación anticipada para favorecer el rejuvenecimiento de las plantillas.

En San Sebastián, la Junta de Gobierno Local ha aprobado también este martes la derogación de la aplicación de las primas por jubilación anticipada que se venían abonando a aquellos/as trabajadores/as municipales que se acogían de forma voluntaria a la jubilación.

Un informe de los servicios jurídicos municipales señala que las primas de jubilación «tienen naturaleza retributiva» por lo que, de acuerdo a la doctrina vigente, «carecen de cobertura legal» y, en consecuencia, aconseja suprimirlas. Los servicios legales del Consistorio concluyen que la aplicación de dichas sentencias del Tribunal Supremo es de obligado cumplimiento

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