Cambios en la edad de jubilación 2020: hasta los 65 años y 10 meses

El cambio de año, ese que tenemos a la vuelta de la esquina, suele traer diversas novedades, en materia fiscal, económica y también en lo que respecta a las pensiones y a la edad de jubilación. Una cuestión esta última que en gran medida ya está tasada debido a los cambios que se introdujeron en las últimas reformas aprobadas en 2011 y 2013.

Unas reformas que incorporaron varias modificaciones en aras a lograr la sostenibilidad del sistema de pensiones, que soporta cada vez más gastos y con unos ingresos más comprometidos que no dan para cubrir el pago de todas las prestaciones, por lo que se ha tenido que ir tirando de la denominada hucha de las pensiones para poder afrontar los compromisos, hasta el punto de que se ha quedado ya tiritando con tan solo 2.150 millones, después de que el Gobierno haya retirado 2.900 para poder pagar la extra de Navidad. Contrasta así con los 66.800 millones que llegó a acumular en el año 2011, cuando marcó su punto económico más alto.

Las cuentas de la Seguridad Social comenzaron a torcerse en 2012, tras la destrucción masiva de empleo con la crisis y las cotizaciones dejaron de ser suficientes para el pago de las prestaciones. Ahí comenzó a retirarse periódicamente dinero de ese fondo que se había creado precisamente en los años de superávit para hacer frente a las jubilaciones de la generación del 'baby boom', que habría que afrontar a partir de 2025. El Gobierno del PP sacó 7.003 millones en 2012 y casi el doble un año después. Prosiguió con este recurso en 2014, cuando retiró 15.300 millones y algo menos en 2015. Sin embargo, el máximo se registró en 2016, cuando se tuvieron que extraer más de 20.000 millones, es decir, más del doble de lo que cada mes tiene que abonar ordinariamente la Seguridad Social. Pese a que el PSOE lo criticó duramente en su etapa en la oposición, ya en La Moncloa usó 3.000 millones para pagar la extra de la pasada Navidad y este año hace lo mismo, aunque con una cantidad algo menor. Sumando todas las disposiciones, el Gobierno habrá retirado más de 80.000 millones en apenas ocho años.

La novedad más importante que introdujeron las reformas de las pensiones fue el retraso paulatino en la edad de jubilación de forma que se pasaba de los 65 años establecidos en 2012 a los 67 años a partir de 2027. Desde 2013 hasta 2018 se fue retrasando un mes por cada ejercicio y a partir de esa fecha se pisó el acelerador y se exigen dos meses más por cada nuevo año.

Un retraso que va aparejado al mismo tiempo al aumento del periodo cotizado, que pasa de los 35 años requeridos en 2012 a los 38 y seis meses a partir de 2027, con lo que se enduren los requisitios para poder cobrar el 100% de la prestación correspondiente. En este caso, cada año se exigen tres meses más.

Como se puede observar en el gráfico adjunto, en consecuencia 2020 conllevará una nueva vuelta de tuerca. Así, para poder seguir jubilándose a los 65 años se requerirán tener 37 años o más cotizados, frente a los 36 y nueve meses que se pedían este ejercicio. Aquellos trabajadores que no tengan cotizados el próximo año 37 años tendrán que esperar para jubilarse a tener 65 años y 10 meses.

Pero hubo otro aspecto que también se tocó, los años que se tienen en cuenta para el cálculo de la prestación contributiva. Y por supuesteo se amplió, pasando de los últimos 15 años establecidos en 2012 a los 25 en 2022. En este caso va aumentando un año cada ejercicio. En 2019 se han computado los últimos 22 años para percibir la pensión contributiva y el próximo año se necesitarán 23.

No fueron éstas las únicas reformas aprobadas para tratar de garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, ya que también se decidió limitar las subidas anuales de las prestaciones al 0,25% mientras el sistema arroje un déficit. Es el denominado índice de revalorización, que se aplicó durante cinco años hasta que los pensionistas se pusieron en pie de guerra en enero de 2018 al considerarlo irrisorio. A partir de ahí y gracias a un acuerdo del Gobierno de Rajoy con el PNV, que posteriormente respetó el Ejecutivo de Pedro Sánchez, las pensiones subieron en 2018 un 1,6% con carácter general y el 3% las mínimas y no contributivas. En este ejercicio el incremento ha sido el mismo, mientras que para el próximo la promesa del Gobierno en funciones es de aumentarlas un 0,9%.

Otra de las cuestiones que acordaron populares y nacionalistas -sin síntomas de que se vaya a retomar- fue posponer hasta 2023 la aplicación del Factor de Sostenibilidad por el que este año se hubieran adecuado las prestaciones a la esperanza de vida en el momento de la jubilación, lo que suponía de facto un recorte de las mismas.

En cualquier caso y volviendo al tema central de la información, la Seguridad Social ha enviado durante el mes de noviembre el historial laboral y las bases de cotización a un total de 1.047.728 trabajadores vascos. Una información que servirá a los empleados para conocer exactamente los años cotizados y poder realizar sus cálculos tanto en lo que respecta a la edad de jubilación, como a la cuantía que le corresponderá percibir de prestación.

Los informes se han remitido en papel en aquellos casos en los que no conste el móvil del usuario, mientras que el resto ha recibido un mensaje por sms informándole de que lo tiene disponible en la sede electrónica de la Seguridad Social.