Euskadi debería pagar 2.126 millones en el Cupo por el déficit de las pensiones, según Fedea

Fedea estima que el déficit de las pensiones en Euskadi ascendió a 4.076 millones de euros según los datos de 2021, lo que supone un 11,85% del total nacional de 34.386 millones de euros. «Con el actual sistema de Concierto, las haciendas forales deberían en principio hacerse cargo, no de su propio déficit, sino del 6,24% del nacional, esto es 2.146 millones de euros», explica. Así que lo que tiene que pagar es solo la mitad de su propio agujero. Pero ni eso.

A juicio de este experto, la cantidad fijada en el Cupo por las competencias estatales no transferidas es demasiado baja para incluir este déficit. «La cifra pactada para 2022 asciende a solo 1.468 millones de euros, casi 700 millones por debajo de lo que le correspondería pagar», señala y recuerda que, además del agujero en las pensiones Euskadi, debe aportar su parte de la financiación del resto de servicios comunes del Estado o la solidaridad territoria.

Este fuerte déficit hace que «haya poco riesgo de que los partidos nacionalistas vascos pretendan romper la caja única de las pensiones, dado que les favorece enormemente». EL PNV sostiene que la transferencia de la gestión del régimen económico recogida en el Estatuto de Gernika respeta la caja única y solo pretende asumir el papel de «cajero», es decir, funciones como altas, bajas, inspección, control y gestión de la recaudación, capacidad de aprobar aplazamientos o la ordenación del pago de las prestaciones.

No obstante, también hay una fuerte polémica legal en torno a esta posibilidad. Juristas consultados, así como el cuerpo técnico de abogados del Estado y letrados de la Seguridad Social consideran que las interpretaciones del Tribunal Constitucional apenas dejan margen para la transferencia. Lo mismo opina De la Fuente. «Existen diversas sentencias sobre la materia que limitan muy considerablemente el posible alcance del traspaso», subraya.

Por ejemplo, recuerda la de 1989 sobre un conflicto de competencias sucitado por Cataluña en la que el Constitucional advierte de que tanto la recaudación como el pago de las prestaciones son competencia exclusiva del Estado. «Se podría encomendar a las comunidades autónoma funciones delegadas de recaudación, pero solo en tanto quedara asegurado que los fondos fluyeran automáticamente a la caja única centralizada en la Tesorería General», afirma.