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La Secretaria General de LAB, Garbiñe Aranburu (6d) y otros representantes de las organizaciones sindicales y sociales de la Carta Social que este miércoles han presentado un calendario de movilizaciones conjunto. EFE
ELA, LAB, pensionistas y agentes sociales convocan una huelga general en enero

ELA, LAB, pensionistas y agentes sociales convocan una huelga general en enero

La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria anuncia la huelga, en fecha aún sin concretar, con el fin de reclamar «medidas que garanticen condiciones laborales, pensiones y una vida dignas»

agencias

Miércoles, 23 de octubre 2019, 17:38

La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, en la que se integran sindicatos como ELA y LAB y numerosos colectivos, ha anunciado una «huelga general» para la segunda quincena del próximo mes de enero, en fecha aún sin concretar, con el fin de reclamar «medidas que garanticen condiciones laborales, pensiones y una vida dignas».

La huelga ha sido anunciada este miércoles en una rueda de prensa ofrecida en Bilbao por representantes de los colectivos que conforman la Carta Social de Euskal Herria encabezados por los secretarios generales de ELA y LAB, Mitxel Lakuntxa y Garbiñe Aranburu, respectivamente.

Los convocantes consideran que en la última década se ha producido un «empeoramiento» de las condiciones laborales sociales y de pensiones, por lo que han decidido llamar a la huelga general y organizar otras movilizaciones como forma de dar «un paso adelante en la lucha en favor de unas condiciones de trabajo, unas pensiones y una vida dignas».

La huelga general, con la que se busca una «confluencia de las luchas» que actualmente mantienen pensionistas, trabajadores, colectivos feministas y ecologistas, entre otros, supone «un llamamiento a recuperar los derechos laborales y sociales que se han quitado con la excusa de la crisis», ha destacado Lakuntza.

Junto a la huelga, la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria ha convocado una concentración ante el Parlamento Vasco el próximo 30 de octubre para exigir la retirada de la ley de reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), apoyará las manifestaciones organizadas por los pensionistas para el 16 de noviembre en Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Pamplona, y llevará a cabo otras movilizaciones -sin concretar- en diciembre.

Sobre si contarán con otros sindicatos para la convocatoria de huelga, el secretario general de ELA ha dicho que «si alguien se quiere sumar, es su decisión», aunque ha puesto de relieve las «diferencias muy notorias» que tienen con UGT y CCOO, sindicatos de implantación estatal, a los que, entre otros reproches, acusan de haber «permitido la jubilación a los 67 años».

Reivindicaciones

En cuanto a las reivindicaciones que formularán durante la huelga, los convocantes han hecho suyas las demandas del movimiento de pensionistas -portavoces de este colectivo han asistido también al acto informativo-, como una pensión mínima de 1.080 euros al mes y la revalorización de las pensiones con el IPC.

En materia laboral, reclaman la derogación de las reformas laborales y de pensiones, «acabar con la brecha salarial», un salario mínimo de 1.200 euros y poner fin al «fraude en la contratación».

La mejora de los cuidados a personas dependientes, la no aplicación de recortes en la RGI y medidas en relación con la vivienda y el alquiler social son las reivindicaciones en el ámbito de los derechos sociales.

Lakuntza ha subrayado que los convocantes de la huelga general dirigen sus demandas «a todas las instituciones y patronales». Ha mencionado al lehendakari, Iñigo Urkullu, a quien ha acusado de haberse erigido en «portavoz de la patronal» y a quien ha pedido que «se siente» con los colectivos sociales para atender sus demandas.

Garbiñe Aranburu (LAB) ha considerado que los presupuestos del Gobierno Vasco para 2020 «no van a cambiar la orientación de las políticas públicas» y ha indicado que la falta de competencias sociolaborales es un «déficit» del Estatuto de Gernika que hay que «superar».

Ha recordado que las organizaciones de la Carta Social defienden el «derecho a decidir» y la «plena soberanía» al entender que ello también va «ligado al empleo a las pensiones y a unas condiciones de vida dignas».

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