Predique con el ejemplo

No hace falta disponer de la misma y elevadísima conciencia social de este gobierno de progreso para admitir que vivimos circunstancias económicas extraordinarias, con consecuencias sociales también extraordinarias que exigen la adopción de medidas fiscales igualmente extraordinarias. Pero sí creo que, antes de implantar nuevos impuestos o de subir los existentes, hay que estar muy seguros de que gastamos bien los ingresos obtenidos con los que ya tenemos. Todo el mundo pagaría de mejor grado si estuviera convencido de que su esfuerzo se utiliza bien.

Lo que me chirría es que el presidente de la ABE, el español José Manuel Campa (un economista prestigioso que fue secretario de estado de Economía con Rodríguez Zapatero), asegure, para justificar su opinión, que las entidades pueden asumir el coste del gravamen. Hombre, si la justificación del impuesto reside solo en que lo pueden pagar y no en su necesidad, su oportunidad y su equidad, debería haber solicitado que se los suban también a él y a sus colegas de la administración europea, que dados sus sueldos, puede asumir también una mayor carga fiscal sobre su renta.

Luego dice otras cosas con las que estoy muy de acuerdo. Por ejemplo eso de que los banqueros devuelvan parte de su bonus si los resultados de las cuentas de resultados que administran van mal. Estoy de acuerdo e, incluso, me parece poco exigente. Si las cosas en una empresa van mal, deberían ir mal para todos. Resulta sorprendente la generosidad con la que han tratado las cúpulas bancarias sus retribuciones, a la hora de subir sus emolumentos y cobrar sus bonos, mientras las cotizaciones de las entidades bajaban a los infiernos en estos años de crisis financieras encadenadas. Un descaro consentido por los propios accionistas que acostumbran a mirar a las Juntas, donde se aprueban a la búlgara las propuestas de remuneración, con una indiferencia inexplicable y la misma abulia con la que las vacas miran al tren. Pues nada, a pagar, al menos hasta que hablen los tribunales, en donde recalarán las quejas y quienes decidirán la 'legalidad' de las medidas.