La privatización de la inspección fiscal da otro paso en Gipuzkoa y se amplía a multas de tráfico y la OTA

Coincidencias del destino, tanto Oiartzun como Beasain han contratado a la misma empresa -la vizcaína Gesmunpal- y en el mismo periodo: el verano de 2018. Y como resultado de ello, también podrían coincidir en los juzgados donostiarras. Según ha podido saber este periódico, la Abogacía del Estado ya ha impugnado ante los tribunales el contrato aprobado en Beasain, al entender, como hizo con el de Oiartzun, que las empresas subcontratadas realizan labores de inspección reservadas exclusivamente a funcionarios.

Lo cierto es que ambos ayuntamientos conocían perfectamente los riesgos a los que se enfrentaban. Desde el año 2005 al menos una quincena de consistorios guipuzcoanos contrataron a empresas privadas, para, supuestamente, incrementar sus ingresos tributarios. La estrategia, que dio menos resultados de los esperados, se fue diluyendo en el tiempo y se topó con la mano dura de la Abogacía del Estado y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que cortaron en seco las externalizaciones del servicio de Pasaia y Astigarraga en 2016, en un claro aviso a navegantes.

Hasta entonces, la privatización de los impuestos había levantado bastante ampollas en algunos sectores, como el empresarial, que denunciaba la obligación de tener que revelar sus datos a empresas privadas que les reclamaban cantidades muy superiores a las que hasta entonces habían abonado en tributos como el Impuesto de Actividades Económicas.

Tras las sentencias del TSJPV, todo parecía haber vuelto a la calma hasta que en los meses de julio y agosto del año pasado, Oiartzun y Beasain optaron por abrir de nuevo la puerta a la controvertida externalización de los impuestos, una decisión que altos cargos de la Hacienda foral critican en privado, recordando que el fisco ya ofrece ese servicio a través de los habituales convencios de colaboración.

Sea de una manera o de otra, tanto Oiartzun como Beasain ofrecen el mismo gancho a la empresa contratada: un trozo del pastel que afloren. Ahora bien, si en el caso del Ayuntamiento gobernado por EH Bildu, la empresa vizcaína se quedará el 28% de lo que descubra y recaude en los tributos locales, Beasain ha decidido estrujar más el limón y ampliar su licitación a las multas de tráfico y la OTA. Con ese gancho, no han faltado las empresas que han competido por el contrato. Hasta cinco compañías de todo el Estado se presentaron a una licitación que finalmente se ha llevado también Gesmunpal, que recibirá un 35% de las cantidades cobradas en vía voluntaria. En el caso de la vía ejecutiva, Gesmunpal se llevará un 20% sobre el principal de las cantidades cobradas en metálico, un porcentaje que se amplía al 40% en el caso de los intereses de demora.

El Estado no ha tardado en reaccionar. Al igual que hizo con Oiartzun, la Abogacía del Estado ha interpuesto recurso ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo en Donostia. Su denuncia repite en líneas generales los mismos argumentos que hace dos años el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco hizo suyos anulando las licitaciones de Pasaia y Astigarraga.

En resumen, la Abogacía del Estado basa su argumentación en un pilar principal: la labor de inspección fiscal está reservada al personal funcionario y con estas privatizaciones, los ayuntamientos se exceden en sus funciones. En otras palabras, se saltan la ley para recaudar más.

Con el objetivo de probar la supuesta ilegalidad de las externalizaciones, la Abogacía del Estado pone sobre la mesa varias leyes que reivindican la figura y potestad del empleado público. Para ello, echa mano del artículo 17 de la Ley de Contratos del Sector Público, rescata el artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, y se apoya en la Ley reguladora de Bases de Régimen Local. En definitiva, una batería de argumentos jurídicos para intentar cerrar la puerta de golpe a la externalización de la inspección fiscal municipal.

En caso de prosperar su recurso de Beasain, la gran perjudicada volvería a ser Gesmunpal. En la última década, la empresa vizcaína ha entrado de lleno en Gipuzkoa, al ser contratada por una quincena de ayuntamientos. La firma se ha repartido el mercado con la catalana Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI), que se adjudicó el servicio de Pasaia, aunque los tribunales dieron portazo a la licitación del contrato.