El PNV suaviza el impuesto a las energéticas aprobado junto a las tasas a bancos y a ricos

Se trata de los llamados impuestos a las energéticas, la banca y las grandes fortunas que la Cámara baja aprobó ayer definitivamente. El objetivo del Gobierno es conseguir recursos que permitan apoyar a las personas que más problemas están sufriendo con la escalada de precios provocada por la crisis energética.

Los mayores cambios sobre la propuesta que los grupos políticos que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez introdujeron se centraron en el gravamen que afecta a las compañías que comercializan energía. El texto definitivo recogió los cambios que PNV y PdCat introdujeron en el debate de enmiendas. Una serie de modificaciones que suavizaron esta 'prestación patrimonial no contributiva' para las eléctricas hasta reducir las previsiones de ingreso en las arcas públicas de 4.000 a 2.000 millones, según calculan fuentes del Ejecutivo. Y modificaciones que benefician a compañías importantes para Euskadi como Iberdrola o Petronor.

Se trata de la exclusión de la base imponible (los ingresos de la facturación sobre los que se debe abonar un 1,2%) de los provenientes de los negocios en el extranjero de las energéticas. Además, las tarifas reguladas cuyo precio está marcado por el Gobierno tampoco se incluirán.

Pero las empresas quieren insistir en ajustar los términos de la proposición de ley para rebajar aún más las cuantías que finalmente tendrán que pagar a partir del 1 de enero. Buscan para ello el trámite en el Senado, donde deberá ratificarse la norma que regula estas nuevas figuras impositivas. Desde el sector energético señalan que se podrían incluir algunas de esas enmiendas que ellos consideran clave para que la recaudación del tributo sea inferior. Esas fuentes indican a este diario que hay dos medidas relevantes: que la parte de los ingresos que perciben de las actividades reguladas (los peajes y los cargos, esto es, los conceptos fijos del recibo que pagan los consumidores en sus facturas) sea excluida del propio impuesto. Y que a la vez se establezca una desgravación en el impuesto para fomentar las inversiones en energías renovables y eficientes de cara a fomentar la descarbonización. Entre ellas se encontrarían proyectos de calado para Euskadi, como el Corredor Vasco del Hidrógeno.

Este punto fue defendido por el PNV que, a través de su portavoz Idoia Sagastizabal, señaló compartir el fondo y la filosofía de la proposición de ley, pero rechazó con contundencia que se regule como una 'prestación patrimonial no contributiva', en vez de como un impuesto que hubiera debido acordarse para que fuera regulado y recaudado en las haciendas forales. El PNV aprovechó para afear el acuerdo de EHBildu con los grupos del Gobierno y con el que se adelantó a los jeltzales consiguiendo que Euskadi participe de la recaudación de estas nuevas figuras. Para Sagastizabal, algo distinto a una naturaleza tributaria concertada que «deje en las administraciones vascas la capacidad real de recaudar y no solo de participar».

Lo que el grupo nacionalista sí criticó, al igual que el PP y otras formaciones de la oposición, fue uno de los elementos más controvertidos de la proposición de ley: el hecho de que se graven los ingresos y no los beneficios.

Lo que tiene que ver con el gravamen a los bancos apenas tuvo cambios y mantuvo el texto original con el que el Gobierno prevé recaudar 3.000 millones, 1.500 cada año de los dos que, en principio, estarán en vigor estas nuevas figuras. Unas cantidades que obtendrá del cobro del 4,8,% de la cifra neta de comisiones y márgenes de interés que ingresen los bancos que hayan sumado por estos conceptos más de 800 millones en 2019. La medida se mantiene en el texto aprobado ayer a pesar de las pegas que han expuesto tanto el Banco Central Europeo (BCE), como el Banco de España.

En cuanto al impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, se exigirá a los contribuyentes con más de 3 millones de euros de patrimonio y buscará anular el desequilibrio de las comunidades autónomas que habían eliminado este gravamen. De todos modos, se trata de un impuesto que en Euskadi afectará solo a 500 personas.

8.000millones prevé recaudar el Gobierno en dos años: 3.000 millones de los bancos, 2.000 de las eléctricas y 3.000 de grandes fortunas.

1,2%es el porcentaje de su facturación que deberán abonar las energéticas.