La subida de la inflación amenaza el bolsillo de pensionistas y trabajadores

David Valera

Madrid

Sábado, 23 de junio 2018 | Actualizado 27/09/2018 17:16h.

Todos los ciudadanos habrán notado al llenar el depósito de sus vehículos el alza de la gasolina o del diésel. Y es que los carburantes se encuentran en su nivel más alto desde finales de 2014 y sólo en mayo son un 11% más caros que hace un año, según datos del INE. También habrán visto cómo la factura de la luz se ha elevado también un 4,8% en el último ejercicio. Estas son dos de las consecuencias más inmediatas del encarecimiento de la cesta de la compra provocada por la subida del petróleo. Así, la inflación en el quinto mes del año se disparó hasta el 2,1%, lo que supuso casi duplicar la tasa del 1,1% de abril. Un escenario que se mantendrá al menos durante el verano y que supone un elemento de riesgo para el crecimiento económico ante una posible moderación de la demanda interna, como señaló el Banco de España en su último boletín. Además, un IPC alrededor del 2% implica que los pensionistas pueden perder poder adquisitivo pese a la revalorización contemplada en los Presupuestos. Los trabajadores son otro de los colectivos perjudicados por esta mayor presión de los precios.

Los años de baja inflación e incluso tasas negativas ya han quedado atrás. Los precios vuelven a niveles que antes de la crisis eran considerados habituales. Sin embargo, la característica radica en la volatilidad de este comportamiento (con subidas abruptas como la registrada en mayo) cuya causa fundamental está en los productos energéticos. Así, los datos del INE muestran que la inflación subyacente (índice general sin alimentos ni componentes energéticos) se sitúa solo en el 1,1%, es decir, un punto por debajo de la del IPC general.

Esto significa que el aumento de los precios se debe a los efectos de la subida del petróleo. Las previsiones son que el barril de crudo siga por encima de los 75 dólares (los niveles más altos desde finales de 2014) durante los próximos meses hasta que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aumente la producción, algo que se espera para el tercer trimestre.

De momento, la tasa del IPC del 2,1% es la más alta desde abril de 2017 y ha provocado que los organismos revisen sus proyecciones. Así, el Banco de España elevó su previsión de inflación nada menos que seis décimas hasta el 1,9% en 2018. Un nivel que supera la estimación realizada por el anterior Gobierno del 1,4% y que ya ha quedado claramente desfasada. La CEOE mantiene que los precios seguirán en ese 2% durante el verano y Funcas –la fundación de las Cajas de Ahorro– proyectó que incluso podrían superar esa tasa en algunas décimas.

La clave está en cuánto tiempo permanecerá la inflación en ese nivel para conocer las dimensiones del impacto. «La subida de la inflación tendrá su efecto en el consumo porque la capacidad de compra de los hogares es menor», señala María Jesús Fernández, economista senior en el departamento de Coyuntura y Estadística de Funcas. Precisamente el consumo es el motor principal de la economía, por lo que una ralentización más intensa de lo esperado sería un contratiempo. En cualquier caso, esta experta señala que este efecto podría compensarse en parte con un mayor gasto público o también con la subida de las pensiones y de los salarios.

Sin embargo, el incremento de precios puede hacer que esas revalorizaciones sean insuficientes. Así, por ejemplo, el aumento de las pensiones del 1,6% contemplado en los Presupuestos de 2018 (las mínimas y de viudedad se elevarán más) no evitaría una pérdida de unas cuatro décimas de poder adquisitivo para este colectivo. Este problema podría subsanarse después de que el Pacto de Toledo alcanzase un acuerdo para que estas prestaciones se vinculen al IPC al menos en tiempos de bonanza económica como el actual.

Una tasa del 2% también implica pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores, cuya subida salarial pactada en convenio en mayo fue del 1,59%. En este sentido, los sindicatos y la patronal ultiman un pacto salarial que supondría un alza de las retribuciones del 2% que podría alcanzar el 3% en función de la productividad. En cualquier caso, desde los sindicatos ya han advertido que en un escenario en el que el PIB crece cerca del 3% y las empresas obtienen «beneficios récord» no es admisible que los trabajadores «vean reducida su capacidad de compra» por una mayor inflación.

Sin embargo, desde Funcas advierten de los 'efectos de segunda vuelta' que supondrían una subida de las pensiones o los salarios más pronunciada para compensar la inflación. Así, María Jesús Fernández recuerda que el alza del IPC no se debe a una subida generalizada de precios, sino al repunte concreto de los productos energéticos.

Tampoco considera que suponga un riesgo para la competitividad de las empresas españolas a la hora de exportar debido a que las compañías de otros países también sufren esa subida de precios procedentes del petróleo.

A pesar de ello, en mayo la tasa del IPC armonizado (homogéneo en toda la UE) se situó en España en el 2,1%, un punto por encima de la registrada el mes anterior, frente al 1,9% de la zona euro. Habrá que ver, por tanto, si el petróleo da un respiro en los próximos meses o si sigue ajustando el bolsillo de los españoles.

La subida de la inflación vivida en el último mes también da más argumentos a los partidarios de que el BCE normalice su política monetaria y dé pasos hacia una subida de tipos siguiendo el ejemplo de la Reserva Federal de EE UU. Sin embargo, ese es un escenario que la entidad que dirige Mario Draghi ha descartado llevar a cabo «al menos hasta el verano de 2019». Hay que tener en cuenta que el objetivo del eurobanco es lograr que la inflación se sitúe cerca de ese 2%, una tasa que prácticamente se ha alcanzado en la zona euro (1,9% en mayo). Por eso las presiones de países como Alemania, defensores de la vuelta a una política monetaria estándar, irán en aumento si la inflación sigue en esos niveles durante varios meses.

El organismo se ha mostrado muy cauto y pone más el foco en la evolución de la inflación subyacente. Y ese índice (que no tiene en cuenta los productos energéticos) todavía se encuentra en el 1,3%, es decir, lejos del 2%.

De hecho, a comienzos de 2017 la tasa de IPC se encontraba en niveles similares a los actuales. En España incluso alcanzó el 3% en enero y febrero, una vez más por el efecto coyuntural del petróleo. Desde Funcas, la economista María Jesús Fernández, insiste en que el BCE debe analizar si el alza de la inflación es consecuencia de la «presión de la demanda» (es decir, una subida generalizada de precios) o solo se debe al encarecimiento del petróleo.

Teniendo en cuenta que el repunte actual es consecuencia del encarecimiento del barril de crudo, apuesta por mantener la política actual. Algo positivo para los mercados de deuda como el español, que seguirán beneficiándose de un clima positivo a la hora de captar recursos en los mercados. Por el contrario, los bancos ven alejarse las posibilidades de una subida de tipos que llevan meses reclamando para que les ayude a mejorar su rentabilidad. De momento, el BCE prefiere esperar.