El Superior vasco anula los despidos en Tubacex y obliga a readmitir a los trabajadores

La resolución supone un golpe para la compañía, que ya en julio de 2020 anunció un ajuste de 500 personas, el 20% de su plantilla, en todos los 20 centros que tiene repartidos por el mundo, donde emplea a más de 2.500 personas. La dirección, que intentó negociar un recorte salarial en las plantas vascas, ha advertido de los problemas de viabilidad en ellas, paralizadas por una huelga indefinida desde hace 146 días. Con este paro los sindicatos han tratado de hacer rectificar al grupo para que retire los despidos y negocie medidas como los ERTE ante lo que defienden que es una crisis coyuntural derivada del Covid.

Los jueces les han dado la razón. La sentencia se alinea con la que la sección de Iturri emitió para el ERE de PCB, filial de ITP Aero, cuyos despidos anuló al considerar que estaban ligados a los problemas derivados de la pandemia en el sector aeronáutico y, por tanto, entran dentro de la llamada 'prohibición de despedir por causas ligadas al Covid' establecida por el Gobierno. La Sala de lo Social del TSJPV, reunida en pleno, estableció que en estos casos los despidos serían anulados y no declarados improcedentes, como hacen el resto de Superiores, porque según defendió Biurrun en una entrevista con este periódico «es la única forma de respetar el espíritu de la ley», que busca evitar la destrucción de empleo con los ERTE.

Horas después de conocer la noticia, la compañía ha manifestado que «a pesar de ser una sentencia que no ha sorprendido conocidos los pronunciamientos previos del Tribunal, y aunque aún queda por hacer un análisis jurídico pormenorizado de la misma, será recurrida ante el Tribunal Supremo en los plazos que marca la ley». La dirección de Tubacex «ve incomprensible que no se tenga en consideración que el sector de Oil&Gas afronta un importante cambio de modelo de negocio afectado por la transición energética y la descarbonización». Y añaden además que «en este contexto no se entiende que la delicada situación de las plantas de Tubacex en Álava durante los últimos años no se considere estructural sino coyuntural unida al Covid que comenzó en 2020».

En un caso muy similar, el ERE de Aernnova, otra sección del TSJPV, la liderada por Pablo Sesma, calificó el expediente de procedente al entender que había una causa estructural. Tubacex pertenece a un sector diferente, al ser un fabricante de tubos orientado al mercado del gas y el petróleo, pero el debate que se planteó en el juicio fue el mismo. La empresa defendió que lo suyo es un problema estructural más allá del Covid, dado que lleva tiempo con números rojos en TTI y, a la vez, las perspectivas futuras son de más pérdidas como consecuencia de que se ha acelerado la transición energética, lo que retrae las inversiones en petróleo y gas. Los sindicatos insistieron en que su mala situación viene derivada del parón por el Covid que la recuperación del precio del petróleo por encima de los 75 dólares hace prever una reactivación de los pedidos.

Parte de la razón de que haya habido dos procesos es que la situación de los dos centros es algo diferente. TTI sumaba unas pérdidas entre 2017 y 2019, a lo que se añaden 18 millones en 2020. Según explicó el abogado en el proceso, tras perder el contrato de Irán por la política de Trump en 2018, que dio un año de alivio, en 2019 se llenó la planta con productos de bajo valor añadido no rentables, lo que llevó a números rojos de 12 millones ese ejercicio. «Si no se toman medidas, la compañía entrará en causa de disolución en 2022», advirtió.

En Acerlava, sin embargo, se han obtenido beneficios en los últimos años. Pero la empresa asegura que se debe a resultados extraordinarios, debido a una operación con el níquel.