El Supremo libra al Gobierno Vasco de pagar 200 millones a Itzarri, la EPSV de sus funcionarios

El Tribunal Supremo acaba de exonerar al Gobierno Vasco de la obligación de tener que abonar cerca de 200 millones de euro extra al plan de pensiones complementario de sus funcionarios, a Itzarri EPSV. Los sindicatos Erne y ELA reclamaban que el Ejecutivo abonase los compromisos de pensiones correspondientes al periodo comprendido entre 2014 y 2016, en que no se hizo a pesar de que no había prohibición legal para hacerlo,como si ocurrió en años anteriores. Las limitaciones y recortes presupuestarias de los Presupuestos Generales del Estado, a raíz de la anterior crisis económica, se daoptaron bajo la presidencia de Mariano Rajoy, a finales de 2011, vía Real Decreto

El Supremo, con el fallo conocido ayer, viene a da la razón a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), de fecha 23 de enero de 2019, que también desestimó la reclamación sindical. Por ahora el Supremo sólo ha comunicado el fallo a las partes, pero no la argumentación de la sentencia, por lo que habrá esperar unos días para conocer exactamente las razones del mismo.

Erne y ELA reclamaban las aportaciones del 3% para todos los trabajadores dependientes del Gobierno Vasco, inicialmente hasta 2016, ya que si la sentencia les era favorable exigirían también los pagos posteriores, ya que hasta 2018 el Ejecutivo vasco no las reactivó.

En enero de 2019, el TSJPV sentenció que el hecho de levantarse las limitaciones a las aportaciones al plan de pensiones complementario de los funcionarios, no implicaba un «obligado» al Ejecutivo para su realización. Así, el tribunal vasco estimó que no existía «imperatividad o mandato, u obligación», al margen de que existieran o no pactos de los que se derivara obligar a las aportaciones. La Administración vasca rechazó que esos pactos le obligaran y argumentó que se debía atender a la regulación presupuestaria vigente en cada momento.

Tras conocer la orientación del fallo judicial, el secretario general de Erne, Roberto Seijo, mostró su desacuerdo y adelantó que analizarán si es posible recurrirlo al Tribunal Constitucional o al Europeo.