Trabajo pone la lupa sobre los contratos temporales y a tiempo parcial

Este lunes la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social será escenario de una reunión preparatoria para perfilar ese plan, y a la que están invitadas las comunidades autónomas. Allí estarán representantes del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno vasco, que también se propone redoblar sus esfuerzos contra las distintas formas de explotación laboral. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ejecutivo de Vitoria pone la lupa en la que cree más extendida: los contratos temporales, y a tiempo parcial. «Porque en el conjunto de España, y también en Euskadi, tenemos una tasa de temporalidad excesiva», admite Jon Azkue, viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social.

En la Comunidad Autónoma Vasca prácticamente el 30% de los contratos tienen una duración determinada, frente a una media Europea que apenas sobrepasa el 14%. Por otro lado, y según un estudio realizado por la empresa de recursos humanos Randstad, Euskadi es la segunda autonomía donde más incidencia tiene la contratación a tiempo parcial: casi el 17% de los ocupados vascos no desempeña su actividad profesional a jornada completa. Una proporción superior a la media estatal (14,8%) y sólo superada por la Comunidad Valenciana (17,3%).

Azkue advierte de que solo en la primera mitad de este año la Inspección ha obligado a transformar en indefinidos o a tiempo completo casi el doble de contratos temporales y a tiempo parcial que en todo el pasado año. Un dato que denota, por un lado, el crecimiento que sigue experimentando la contratación de duración determinada (antes de la crisis la tasa de temporalidad era del 20%). Además, y aunque los indefinidos poco a poco va recuperando terreno, el 91,4% de los contratos firmados en el pasado mes de junio fueron temporales, con una media de duración de 53 días. Pero, por otro lado, la estadística adelantada por Azkue también refleja «que cada vez es más efectivo el seguimiento que se realiza desde la Inspección».

Los sindicatos consultados por DINERO coinciden en señalar la temporalidad como el principal fraude cometido por las empresas a la hora de contratar. «Está muy extendido», admite Mari Cruz Elkoro, secretaria general de la Federación Zerbitzuak (Servicios) de ELA. Y no porque la contratación temporal sea ilegal en sí, que no lo es, sino porque «en muchas ocasiones se utilizan contratos eventuales para cubrir necesidades estructurales en las empresas». «Que en una compañía haya, por poner un ejemplo, cinco fijos y veinte eventuales denota que algo falla», añade. El encadenamiento de contratos temporales con un intervalo de unos meses en los que el trabajador se ve obligado a ir al paro es, a su juicio, una manera de actuar «muy extendida» entre las empresas. «Al final, esas compañías lo que hacen es crear bolsas de trabajo. Con el agravante de que además esas personas que van al paro acaban cobrando una prestación de desempleo. Que no lo digo por ellos. Pero esa bolsa de trabajo se acaba financiando con dinero público», censura la sindicalista.

«Muchas empresas juegan al límite con la contratación eventual», que fija un Garbiñe Espejo, responsable de organización de la Federación de Industria de CC.OO.-Euskadi, que también pone el acento en el abuso que a veces se hace de las horas complementarias. Son aquellas que vienen a completar las jornadas en los contratos a tiempo parcial cuando las circunstancias productivas de la empresa lo requieran. Ahora bien, el número de horas complementarias no puede exceder del 30% de las ordinarias fijadas en el contrato laboral. Un porcentaje que, sin embargo, puede ser ampliado a través de un convenio colectivo hasta un máximo del 60%. «Sucede que en la mayoría de los casos se trata de trabajadores que tendrían que estar contratados a jornada completa. Es un mecanismo de flexibilidad al que suele recurre la empresa. Y se da mucho en la hostelería, ahora en verano», explica Espejo.

«En muchos convenios que hemos suscrito, como el del textil de Bizkaia o de Gipuzkoa estamos incorporando medidas a través de la negociación colectiva para intentar ir consolidando esas horas complementarias que se van haciendo», tercia Mari Cruz Elkoro, quien aboga por ver en todo caso si esas horas de trabajo «son realmente estructurales complementarias».

La contratación eventual y a tiempo parcial es el mayor foco de fraude laboral por parte de las empresas, pero según la sindicalista de ELA, «hoy día las mayores situaciones de explotación las están protagonizando los servicios de 'outsourcing'». Es decir, la externalización de áreas y departamentos secundarios de una empresa, con el objeto de centrar sus esfuerzos en las actividades que conforman la esencia de la empresa. Un principio que, a decir de los sindicatos -y también del viceconsejero Azkue- se incumple de forma sistemática en algunos sectores empresariales.

El caso más palmario es el de las 'Kellys', sobrenombre por el que se conoce a las camareras de piso de los hoteles ('las que limpian'). «Al final lo que se hace es subcontratar actividades principales de la compañía a través de estas empresas de servicios de una manera fraudulenta. Muchas veces constituyen cesiones ilegales», advierte Elkoro. Porque, una cosa es subcontratar la limpieza, la seguridad o los comedores, actividades auxiliares para la mayoría de las empresas. Y otra, denuncia Azkue, es que un hotel diga que «hacer camas no entra en su actividad principal. Al final, lo que hacen es quitar el derecho a la negociación colectiva a esas trabajadoras. Para vigilar externalizaciones de este tipo se dirigen campañas desde la Inspección de trabajo».

Pero Elkoro advierte de que el fenómeno del 'outsourcing' no es exclusivo de las empresas del sector servicios. «En las industrias también están entrando este tipo de empresas para desempeñar labores propias de producción, que son del núcleo principal de la compañía. Y pasa que cuando la empresa principal decide rescindir el contrato con la sucontrata, los trabajadores se quedan en la calle. Además, las empresas utilizan estos subterfugios «para no aplicar al trabajador las condiciones de la empresa principal». Garbiñe Espejo advierte además que en la cadena de contrataciones y subcontrataciones, «se pierde la coordinación en el control de riesgos laborales», lo que a su juicio contribuye a perpetuar la precarización del trabajo.

Elkoro también critica el hecho de que, a su juicio, buena parte de las situaciones de explotación «se da en ámbitos subcontratados de la administración. Las últimas huelgas que hemos tenido en este sindicato (Palacio Euskalduna, Museo Bellas Artes, Mediateka del Centro Azkuna, etc.) demuestran cómo se están haciendo las licitaciones, qué presupuestos se están destinando a determinados servicios y qué situaciones está generando la administración en las subcontratas. Con gente que trabaja en la Mediateka de un centro público y desde hace ocho años a cambio de 800 euros por jornada completa, y sólo engordan un poco la nómina si trabajan domingos, festivos…».

Azkue se defiende de esta acusación con el argumento de que «no todo es, y perdón por la palabra, 'funcionariable' en la administración. Hay materias que se pueden externalizar o subcontratar. Dicho esto, aun siendo autocrítico, tenemos una oportunidad para mejorar con la nueva ley de contratación de servicios. Por primera vez, se establecen cláusulas sociales. Significa que a la hora de adjudicar servicios no sólo importe el precio, que es algo que desgraciadamente ha pasado durante muchos años, seguramente agudizado por la crisis».