El buzón del fraude laboral aflora por primera vez denuncias por acoso sexual en Euskadi

En esencia, este buzón nace para proteger a todos los trabajadores pero, sobre todo, busca dar cobijo a los más vulnerables, aquellos que están con contratos precarios en pequeñas empresas y carecen de representación sindical para la defensa de sus derechos. También se dirige a ciertos colectivos autónomos, como empleadas del hogar.

¿Pero qué tipo de conductas se comunican por esta vía? Las más frecuentes guardan relación con horas extras no retribuidas o irregularidades en el contrato. Es decir, mi jefe me obliga a trabajar 12 horas diarias, me pagan solo la mitad de las horas que trabajo o llevo encadenando contratos temporales irregulares desde hace años... Son frases que habrá podido oír en su entorno o, quizá, le haya tocado sufrirlas.

En los últimos tres años, 1.722 vascos han recurrido al buzón para comunicar irregularidades, a una media de 574 al año. Y en ese tiempo se han presentado 243, 137 y 251 denuncias formales –cada una puede contener varias irregularidades– .

A diferencia de otros años, en 2022 se denunciaron conductas de acoso sexual. ¿Cuál es la razón? ¿Está cambiando algo en la percepción de las víctimas, mayoritariamente mujeres? ¿Se atreven a censurar actitudes que antes se daban por normalizadas? Todas las fuentes consultadas en este reportaje matizan que sigue siendo muy difícil dar el paso para denunciar y advierten de que estos procesos son largos e incómodos, porque una cosa es denunciar y otra bien distinta, demostrar.

La subdirectora de la Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco, Iciar González, subraya que desde 2007 las empresas vascas están obligadas a contar con un protocolo de acoso sexual, y también que la competencia de su departamento estriba en «actuar y levantar un acta» en caso de que se cometa una infracción.

A tenor de las cifras que manejan, no es, desde luego, una conducta común. Y no lo es porque la ausencia de denuncias en Inspección se explica por la «gravedad de los hechos». En cuanto a las sanciones a las que se pueden enfrentar las empresas en caso de comprobarse los hechos, «oscilan desde 7.501 hasta 120.000 euros, porque el acoso sexual es una infracción muy grave en materia laboral», asegura.

Entre 2017 y 2022 Inspección ha realizado 21 actuaciones inspectoras en materia de acoso sexual, y se han detectado irregularidades en dos de ellas habiendo requerido a las empresas para su subsanación inmediata. Actas de infracción no hay.

Los sindicatos son otra de las vías que tienen las víctimas para denunciar. Ainhoa Ordorika, abogada de ELA y miembro de la Fundación Bidelagun, que se dedica a temas de salud laboral –entre los que se incluyen por motivo de acoso sexual o discriminación por razón de sexo– cuenta que «está habiendo un aumento» de denuncias. De hecho, actualmente tienen siete procedimientos en curso, cinco de violencia interna y dos de violencia externa –cuando alguien de fuera de la empresa es el agresor–.

Ordorika reconoce que años atrás apenas contaban con denuncias, que contrasta con las siete que llevan ahora. ¿Cuál es el motivo? En su opinión, «al menor miedo a denunciar se une el hecho de que se es más consciente de que hay algunas actitudes o comentarios que no son tolerables».

Isabel Abella Ruiz de Mendoza es experta en violencia y dirige Abella Legal, despacho de abogadas y consultora de igualdad, y asegura que cuando se habla de este tipo de violencia no hay perfiles concretos de víctimas: «Hay factores de riesgo que pueden hacer que te sitúes en una situación de acoso sexual, que afecta mayoritariamente a mujeres. Por ejemplo, es más común en las empresas muy jerárquicas, aquellas que tienen liderazgos muy autoritarios, cuando hay carencias socioeconómicas que te colocan en una situación más vulnerable...».

Abella considera que las dificultades para identificar estos hechos son «la normalización de la violencia, la ausencia de herramientas de las empresas, la falta de formación en las instituciones públicas y privadas para erradicar estas actitudes y la necesidad de más recursos para transformar las organizaciones».

Estas carencias afectan directamente a las víctimas, a las que les cuesta comunicar estos hechos en su ámbito laboral y, por tanto, deben recurrir a fuentes externas: la Justicia –que se direcciona en los juzgados de lo Social–, Inspección de Trabajo o la vía sindical.

Abella matiza que hay comportamientos laborales cotidianos y reprochables que no se denuncian. Los que sí se señalan tienen que ver con «comentarios machistas –donde se incluyen chistes–, alusiones al cuerpo y la vestimenta de las mujeres, el menosprecio a su trabajo, proposiciones de carácter sexual en directo o por entornos digitales, tocamientos y abrazos no justificados...».

La letrada remarca que se piensa que estas conductas tienen lugar únicamente en oficinas, cuando «las trabajadores del hogar están muy expuestas por su situación económica más precaria, el desconocimiento del idioma» o la ausencia de testigos.

Volviendo al buzón que habilita el Gobierno Vasco, ¿cómo es el proceso de tramitar una denuncia? El comunicante no tiene que identificarse. En el formulario los únicos campos obligatorios son la descripción de los hechos, una dirección de correo electrónico y el sexo del comunicante. Una vez recogidas las denuncias, se activa el siguiente protocolo. Se analiza la comunicación y se comprueba la cuestión para su investigación. Si no se disponen de datos suficientes, como la identificación de la empresa, se le pide esa información al denunciante. En caso contrario, se archiva.

La viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, detalla que el Gobierno Vasco creó esta herramienta para tratar de paliar «el miedo» que en algunos casos da la denuncia en la Inspección de Trabajo y que puede tener como consecuencia perder el empleo. «Hay trabajadores y colectivos muy vulnerables en los que la falta de sindicación hacen que la denuncia sea más complicada», agrega.

Y como en ese proceso no se guardaba el anonimato, Lakua introdujo esa posibilidad como un «complemento». «No es ni queremos que sea» la vía más habitual de entrada a la Inspección, dice, aunque reconoce que están entrando casos que pueden ser «importantes».

En Bizkaia se recurre mayoritariamente a la denuncia, mientras que en Gipuzkoa se trabaja «mucho» de oficio, por campaña propia. Debido a su carácter anónimo no se puede desglosar el número de denuncias por sectores o por edad, aunque sí por sexo. En Gipuzkoa, de las 251 denuncias comunicadas de 2022, 163 las presentaron hombres y 88, mujeres.