Las empleadas del hogar pierden un 8% de cotizantes con la escalada del salario mínimo

El caso de las empleadas del hogar es paradigmático. En el País Vasco, al cierre de 2024, había 27.091 dadas de alta en la Seguridad Social, 1.100 menos que el ejercicio anterior, lo que supone una caída del 3,8%. Pero no es algo puntual, sino que el colectivo ha perdido un 8% de la afiliación desde 2018. En concreto, han desaparecido del sistema más de 2.300 trabajadoras en estos siete años de boyante mercado laboral. Todo ello cuando su servicio se ha convertido en esencial para muchas familias, que lo demandan no solo para las labores de limpieza sino para el cuidado de mayores y niños ante la incorporación de la mujer al mercado laboral.

El fenómeno, todavía más acusado en el conjunto de España con una caída de 14% en el periodo, está muy ligado al aumento de costes de contratación, que se ha disparado en los últimos años poniendo en aprietos a las familias empleadoras. El incremento procede de la subida del salario mínimo y también de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. En concreto, la nómina para una empleada del hogar a jornada completa ha pasado de 1.024 euros hasta los 1.618 (las cifras no incluyen la cuota que corresponde a la trabajadora). Se trata de un aumento de casi 600 euros al mes, un 58%.

El grueso corresponde al SMI, que ha pasado de 736 euros en 2018 hasta los 1.134 el año pasado, lo que equivale a 1.323 euros en doce pagas. Ahora se está debatiendo la subida para este 2025. El comité de expertos del Gobierno propone una horquilla de entre el 3,4% y el 4,4%, que lo colocaría entre 1.173 y 1.184 euros –entre 1.368 y 1.381 euros en doce pagos–. Estos aumentos, impulsados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, siguen el compromiso de que el SMI alcance el 60% del salario medio.

A ello hay que sumar que las cotizaciones sociales a cargo del empleador han engordado desde los 166 euros hasta los 294 el año pasado y que este ejercicio recibirán otra vuelta de tuerca. El motivo está en la subida de las bases y también en que, desde octubre de 2022, se cotiza por el desempleo al entrar en vigor la normativa que reconoce el derecho al paro de estas trabajadoras. Es un porcentaje del 5,5% para el empleador, aunque la Seguridad Social lo bonifica en un 80%. Además, desde 2023 se aplica el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que este año subirá al 0,67%. La carga para la trabajadora también se ha incrementado desde los 40 euros hasta los 84.

En estas circunstancias, las familias tienen cada vez más dificultades para contratar este servicio. Hay hogares que pueden estar prescindiendo de él y también puede estar registrándose una mayor contratación en 'negro'. «Hay quienes solo contratan a personas 'sin papeles' y cuando les toca regularizarles, les echan», denuncia María Juncay, presidenta de Emakume Migratu Feministas. No hay que olvidar que el trabajo doméstico es una de las principales vías para las inmigrantes que se encuentran en situación irregular y que requiere cumplir años de empadronamiento previo antes de poder acceder a los 'papeles'. De hecho, la destrucción de empleo en 2024 se cebó con las empleadas del hogar extranjeras, que cayeron de 12.000 a 10.500 en la Seguridad Social.

Preguntado sobre la destrucción de empleo en el colectivo, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez-Rey, descartó que estuviese relacionado con el aumento de costes y derechos de las empleadas del hogar. El Gobierno siempre ha defendido el discurso de que la subida SMI no destruye empleo y en este caso alude al argumento de que «está cambiando el modelo de contratación» y que muchas familias contratan el servicio a través de empresas de limpieza, dentro del régimen general.

«Pero eso puede ser en el caso de las labores de limpieza pero no cuando se trata de cuidados», opina Sonia Bravo, que precisamente está al frente de la agencia Tu Ayuda a Domicilio, dedicada a este último segmento. «En el ámbito de cuidados la demanda es creciente y la contratación se hace de forma directa, bien para unas horas o bien como internas», explica.

Es en el régimen de internas en el que con más frecuencia se contrata a inmigrantes sin papeles. El actual régimen de Extranjería exige hasta tres años de empadronamiento para acceder a la regularización aunque el nuevo reglamento que entrará en vigor en mayo reduce el plazo a dos años. En todo caso, una eternidad para alguien sin recursos. Eso da pie a abusos como el que ha sufrido la colombiana María del Carmen. «Ya tengo los tres años y cuando tocaba hacerme los papeles me han dicho que la Seguridad Social me la descuentan del salario y que solo cobraré 600 euros», señala.

Pero a la vez hay malas experiencias de empleadores que han sido injustamente demandados. «Tengo un caso reciente de un cliente que accedió a tener una trabajadora para facilitarle el visto bueno de Extranjería y cuando consiguió los papeles le denunció por tenerla de forma irregular», señala un abogado, que advierte del creciente negocio en torno a estas demandas.