La reducción de jornada a 37,5 horas afectará a más de 70.000 trabajadores guipuzcoanos

El CRL señala que de esos 70.000 trabajadores guipuzcoanos, 43.500 corresponden a los que tienen convenios en vigor que contemplan una jornada por encima de las 37,5 horas semanales. A estos habría que añadir la población trabajadora con sus convenios decaídos, que son 12.378 personas y que también tienen jornadas superiores, y las que trabajan en actividades no reguladas por convenio, como las empleadas de hogar, que suman otras 13.800 personas. Así, el cómputo global asciende a 69.678 personas.

Con todo, falta por computar las personas con convenios de ámbito estatal con incidencia en Gipuzkoa con una jornada superior a las 37,5 horas. Un dato que el CRL no dispone en estos momentos, aunque incrementará esa cifra inicial.

En lo que respecta a Euskadi, la población trabajadora con una jornada laboral superior a las 37,5 horas semanales se situaría en torno a las 357.000 personas. De ellas, unas 277.000 tienen convenio colectivo en vigor o prorrogado; otras 50.000 personas trabajan en actividades no reguladas por convenio, y finalmente, otras 30.000 tienen sus acuerdos decaídos y sin cobertura. Esto supone que aproximadamente algo más del 50% de los trabajadores del sector privado de la CAV podrían verse afectados en mayor o en menor medida por una reducción de su jornada. Los empleados más afectados por esta norma serían quienes trabajan en el sector servicios, en concreto en hostelería y comercio, y también las empleadas de hogar. En este último caso son 28.000 en la CAV.

De acuerdo con los datos del CRL, de las más de 277.000 personas en cuyos convenios se contempla una jornada laboral por encima de las 1.712 horas, el 54,5% estaría cubierto por convenios negociados en Euskadi y el 45,5% restante, por convenios de ámbito estatal con incidencia en la CAV. La Asociación Hostelería Gipuzkoa, cuyo convenio recoge una jornada semanal de 38,2 horas semanales, indicó ayer que de aprobarse esta reducción «conllevaría una subida de costes y en consecuencia de precios».

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, indicó que el Gobierno espera que el anteproyecto de ley llegue al Congreso a finales de febrero o principios de marzo. La vicepresidenta y ministra de Trabajo y Empleo, Yolanda Díaz, no se atrevió a fijar una fecha para su aprobación, consciente de que necesitan el apoyo de otros grupos parlamentarios.

Eso sí, aseguró que ayer era «un día histórico» para los doce millones de trabajadores que se verán beneficiados de esta reducción de jornada. El anteproyecto es fruto del acuerdo firmado el pasado mes de diciembre entre el ministerio que dirige Yolanda Díaz y las centrales CC OO y UGT, ya que la CEOE y Cepyme se opusieron al entender que la reducción de jornada se debe alcanzar vía negociación colectiva. El objetivo de Trabajo es que la norma esté publicada en el BOE antes del verano para que las empresas puedan tener unos meses de adaptación hasta final de año.

La reducción de jornada viene acompañada de una reformulación del control horario. Yolanda Díaz indicó que «será modificado. Será digital, interoperable con control remoto y en el que la Inspección de Trabajo va a saber en tiempo real cuáles son las jornadas que cualquiera va a hacer». También incluye el «derecho irrenunciable a la desconexión digital».