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El sector agrario vasco descarta cualquier tipo de movilización a diferencia de las tres principales organizaciones estatales (COAG, Asaja y UPA), que hoy han ... convocado una reunión que podría acabar en la convocatoria oficial de movilizaciones ante los desafíos que se avecinan, algunos distintos y otros comunes a los que han sacado a la calle a los agricultores en Alemania o Francia.
La principal organización agroganadera del territorio, Enba, avanza que «por ahora no valoramos ningún tipo de movilización», y traslada «calma». El próximo lunes Enba tendrá la habitual junta directiva de cada mes en la que «este tema estará seguro sobre la mesa», asegura su secretario general, Xabier Iraola. Desde el sindicato agrario Ehne, su presidente, Garikoitz Nazabal, sostiene que tampoco contemplan «ningún tipo de movilización».
10.000 camiones
camiones atraviesan a diario la frontera de Irun, mientras que en La Junquera, situada en Girona, pasan alrededor de 11.000 en dirección a Europa.
75% exportaciones
de España a la UE se mueve en camión y la frontera francesa es un núcleo estratégico para el paso de estas mercancías.
10 millones
de euros diarios es el coste de las paralizaciones, según la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes (Fenadismer).
El hartazgo en el sector agro es absoluto, tanto a nivel autonómico como estatal y europeo. La lista de contratiempos a los que se vienen enfrentando agricultores y ganaderos vascos en los últimos años no tiene fin. El sector lleva un tiempo denunciando que la cadena alimentaria se sustenta en un sector productor que trabaja a pérdidas, una situación que impide atraer a los más jóvenes a un sector que carece de un relevo generacional. Los elevados costes de producción y una burocracia cada vez más exigente son otros de los quebraderos de cabeza de este sector. «El contexto normativo parece que busca premiar la no producción. Cada mes se aprueba una nueva ley o un decreto que ahoga cada vez más al productor y que no tiene un impacto en el precio», concluyen Iraola y Nazabal, que entienden muchas de las quejas de los vecinos franceses. El secretario general de Enba también pone en valor la capacidad de presión del agro francés. «Ellos son capaces de cerrar los accesos a París, mientras que aquí apenas hacemos cosquillas si sacamos 30 tractores a las calles».
El agro español parece haber avanzado algo en los últimos años respecto a otros países de Europa. Se consiguió, por ejemplo, una ley de la cadena alimentaria que ahora buscan replicar otros países. También se ha logrado mantener la devolución del impuesto especial de hidrocarburos para gasóleo de uso agrícola, algo que no ha pasado en Francia. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la nueva normativa europea medioambiental, que exige mayores inversiones en tecnología, bienestar animal o la limitación de fertilizantes. El sector denuncia que el calendario de adaptación es «exigente y poco realista» y, sin mayor presupuesto para llevarlo a cabo, «implicará mayores costes y menor producción, con todo lo que eso supone para la inflación», advierten. Es por ello que desde fuentes de la industria «previsiblemente se acordarán movilizaciones».
El bloqueo de 10 autopistas francesas por las protestas de los agricultores locales ha reactivado la tensión en el campo español, que ya teme abultadas pérdidas, al igual que los transportistas vascos afectados por la agresividad de las protestas.
Guitrans –la patronal que aglutina a cerca de 2.000 camiones y 500 empresas en Gipuzkoa– e Hiru (el sindicato de transportistas autónomos que reúne a cerca de 800 conductores) han alertado estos días de que si persiste el bloqueo de carreteras galas por la huelga de agricultores franceses las empresas del territorio pueden sufrir problemas de suministro y el impacto en ellas puede ser «brutal».
Fue ayer cuando el primer ministro francés, Gabriel Attal, acusó de forma velada a España e Italia de «competencia desleal» por tener supuestamente una legislación más laxa que la francesa en materia agrícola. «Son declaraciones absolutamente falsas e indignantes», aseguró Miguel Padilla, secretario general del COAG.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió ayer que «estamos en la UE y, por tanto, las normas de producción de comercialización son similares en todos los países miembros y todos las aplicamos igual; así que que no hay ninguna ventaja competitiva por la aplicación de normas distintas».
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