La Seguridad Social exige 410.587 euros a Glovo en el macrojuicio a los 168 'riders' de Gipuzkoa

Así consta en la demanda presentada en el juzgado el 5 de julio de 2022 por la Tesorería General en la que reclamaba que se iniciase un proceso de oficio en materia de relación laboral contra la empresa GlovoAPP23, S.L., con sede en Barcelona, y contra los 168 trabajadores guipuzcoanos. Un escrito al que ha tenido acceso este periódico. Con todo, deja bien claro en la demanda que el importe de las actas de liquidación deben ser abonadas exclusivamente por la empresa pese a que los trabajadores figuren como demandados.

El Juzgado de lo Social número 4 de Donostia admitió el pasado 24 de abril a trámite la demanda, como adelantó ayer este periódico. El macrojuicio se celebrará el próximo lunes en la sala de vistas número 13 de la planta baja y dará comienzo a las 9.15 horas. Se trata de una sala amplia preparada para albergar en principio a todos los demandados, aunque según confirmaron ayer fuentes judiciales no será obligatorio que acudan los repartidores, ya que basta con que lo haga su representación legal. Un grupo de ellos estará representado por los servicios jurídicos de LAB.

En el escrito de demanda, la Tesorería General de la Seguridad Social aporta una amplia y detallada documentación respecto a la labor realizada por la Inspección, la documentación requerida en diferentes ocasiones a la compañía y la finalmente aportada por ésta, con la que concluye que «la relación laboral de los repartidores con Glovo es desde un principio la de un trabajador por cuenta ajena y no la de un autónomo», que es como han funcionado, y defiende la empresa. Entre otras cosas la Tesorería General cuestiona la libertad que tienen los repartidores debido al sistema de control que ejerce la compañía.

Para calcular la cuantía que reclama, recoge un listado completo de los trabajadores, los tiempos de trabajo y las bases de cotización que correspondería abonar a Glovo en función de los pagos realizados a los repartidores, que eran quincenales. También computa las jornadas parciales.

La compañía de reparto a domicilio señala en sus alegaciones que la propuesta de liquidación de las cuotas «incurre en nulidad en pleno derecho». Y argumenta varias cuestiones. Una de ellas es de carácter formal, al indicar que la Inspección «superó con creces los nueve meses de plazo legales para realizar las actuaciones inspectoras, ya que la primera visita se inició el 9 de febrero de 2021 y no se notificó el acta hasta el 11 de abril de 2022».

También alega que a los repartidores se les dio de alta en el sistema Reta –el de autónomos– sin que se impugnara por parte de la Seguridad Social y que si hay que corregir el régimen por el que deben cotizar «el procedimiento es el de revisión de oficio», por lo que reclama la nulidad de la demanda. Asimismo, apunta que la sentencia del Tribunal Supremo 778/2017 del 10 de octubre establece la imposibilidad de que el ente gestor de la Seguridad Social revise por sí mismo lo que ha reconocido con anterioridad.

Pero el argumento de fondo es que niega el carácter laboral de la relación, ya que, a su entender, «la prestación de servicios revela el carácter autónomo de la relación jurídica». De hecho, señala que los repartidores tienen plena libertad para elegir día y hora, franjas horarias, itinerario, incluso puede elegir no prestar los servicios previamente seleccionados o rechazar los pedidos asignados, y también los descansos y vacaciones.

Finalmente, considera que un posible recargo sería «improcedente» y argumenta que si se considerara que la relación es laboral las bases de cotización y los coeficientes de parcialidad propuestos no se corresponden con los tiempos reales de trabajo ni con los importes efectivamente percibidos.

Fuentes de la Inspección de Trabajo de Gipuzkoa indican que no les consta que haya otra demanda en curso contra Glovo respecto a los años posteriores a 2020, aunque apuntan que la Inspección sigue realizando su trabajo. Asimismo, indican que en caso de que se reconozca la relación laboral de los 'riders' a estos se les reconocería las cotizaciones como asalariados y la empresa tendría que abonar sí o sí las cuotas.