El sector inmobiliario pide una fiscalidad que fomente el alquiler

Para ello, propuso modificaciones en tres impuestos relacionados con el sector inmobiliario: el de Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el propio IRPF. En el primer caso, el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Polo propuso aprobar un tipo superreducido del 1,5% para favorecer y facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos que se encuentran en la base de la pirámide con menor poder económico. El tipo reducido del 2,5% y el superreducido de 1,5% serían aplicables en función del precio unitario, euros por metro cuadrado, y no en función de la superficie.

Con el objetivo de evitar que las viviendas de nueva adquisición queden vacías y para vincular su compra con el arrendamiento como vivienda habitual, el presidente de las APIs de Gipuzkoa propuso la creación de un tipo reducido de 2,5% para la compra de viviendas con destino al alquiler con varios requisitos: cuando el comprador sea una persona física, la vivienda deberá permanecer arrendada como vivienda habitual, al menos, seis años. Cuando el arrendador sea una persona jurídica (sólo para sociedades patrimoniales), la vivienda deberá permanecer arrendada como vivienda habitual, al menos, 8 años. La renta deberá estar por debajo de la renta de referencia.

Respecto al IRPF, plantea medidas para aumentar la oferta de viviendas en alquiler a precios adecuados. Se propone, entre otras cuestiones, conceder reducciones fiscales al arrendador, siempre que tenga la consideración de persona física o persona jurídica con condición de sociedad patrimonial.

También hubo alguna medida para favorecer la compra, con el objeto de favorecer el acceso a la vivienda (como derecho fundamental recogido en la Constitución). Así, defendió el mantenimiento de la deducción por adquisición de vivienda habitual. Sin embargo, se propone que su importe dependa de la capacidad económica.

Para favorecer la rehabilitación del parque de viviendas, pidió una deducción especial por rehabilitación, mejora de la eficiencia energética y mejora de la accesibilidad. En lo relativo al IBI, se propone la reducción de esta tasa municipal para las viviendas que se pongan en el mercado de arrendamiento en cualquiera de los programas públicos (Bizigune, ASAP, etc.).