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El Plan económico elaborado por el Gobierno y enviado a Bruselas ha causado un gran revuelo e inquietud. No alcanzo a entender bien cuál es la razón. Se podrá decir que no es realista y no hay forma de cuadrarlo o, simplemente, que será lesivo ... incluso para sus propios objetivos de creación de empleo. Pero no que haya sido una sorpresa, una vez que sus principales medidas se anunciaron ya con ocasión del proyecto de presupuestos non nato que pactó con Podemos. Ya sabe, eso de darle con alegría al gasto social y de apretar las tuercas al ingreso de empresas y particulares. ¿Eso está mal? Pues ya sabe que los objetivos del gasto son siempre irreprochables: generalización de la atención sanitaria, mayor protección al paro, mejoras en la educación, subidas de los sueldos de los funcionarios ... Es realmente difícil cuestionar los objetivos de una mejora del Estado del Bienestar, lo que no está tan claro es su oportunidad, el reparto de costes/beneficios y, sobre todo, molesta su justificación.
Empecemos por esto. Se han dicho tonterías tan enormes como «el que no quiere pagar impuestos está en contra de la democracia»; o «el sistema fiscal debe de ser progresivo», o su variante de «los ricos deben pagar más». La primera frase es del ministro José Luis Ábalos y la acaba de decir. Pero hombre, no se trata de no querer pagar impuestos (por cierto, si quiere saber cuántos ciudadanos quieren pagar impuestos que los haga voluntarios durante un año. Probablemente se asustaría) sino de cuánto pagar, de cómo pagar y para qué pagar que son cuestiones más sutiles, cuya respuesta requiere un poco más de elaboración que su tosco pensamiento.
La segunda la dijo Pedro Sánchez en los debates televisivos de la reciente campaña. ¿Es posible que el flamante economista, presente y futuro presidente de la nación, no sepa que el sistema fiscal español es progresivo desde que se implantó? Siempre lo ha sido, ¿de verdad que no se ha enterado? Y la tercera, que es consecuencia de lo anterior lo mismo. Los ricos ya pagan más y convendría fijar que porcentaje es contribución solidaria deseable y a partir de qué tipos se convierte la medida en mera expoliación. Otra respuesta que requiere un poco más de elaboración.
Se aduce también que en España la presión fiscal es baja, lo cual es cierto si comparamos el ingreso obtenido con el PIB producido y no lo es si hablamos de la cuña fiscal que consiste en calcular en que cantidad neta se convierten los ingresos brutos percibidos, una vez deducidos los IRPG pagados y las cotizaciones sociales aportadas. Visto así, estamos justo por encima de la media europea superando a países a quienes siempre consideramos modélicos en esto de contribuir a sostener al Estado. El problema de España es que duplicamos la tasa media de paro y eso nos resta un millón y medio de contribuyentes. Y por eso siempre será mejor concentrarnos en cómo crear esos empleos que en pensar cómo castigamos a las empresas que los crean y a los directivos que las gestionan.
Aquí aparecen ciertas contradicciones de peso. Subir los salarios y aumentar los impuestos nos conducirá a una pérdida de productividad, como reconoce el propio documento del gobierno. Aún así, espera que se cree empleo en cantidades apreciables. Es decir, las empresas deberán cargar con costes mayores que les será difícil trasladarlos a los precios, cuando vemos como se desinfla poco a poco la economía. Pero, el gobierno de manera milagrosa asegura que a pesar de ello crearán empleo. Para hacerlo, a él, le basta con el BOE mientras que las empresas deben considerar otras muchas variables que no son fáciles de gestionar.
En resumen, un catálogo de buenas intenciones, cuyo coste se carga sobre las espaldas de quienes asumen la responsabilidad de generar la riqueza que necesitamos y el empleo que deseamos. Eso de entrada, porque no deberíamos olvidar que todos los impuestos los acaban pagando los consumidores finales. ¿Quién si no lo haría? Pues no se queje. Eso es lo que votamos y eso es lo que tenemos.
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