Promesa para seis meses

El compromiso del lehendakari se refiere, claro está, a la segunda mitad de este ejercicio. Y atiende al consenso general de que en 2020 hay que echar el resto. Pero no sugiere un incremento del gasto, sino el cumplimiento de las previsiones del acuerdo presupuestario que suscribió con Elkarrekin Podemos. Sin duda, en la esperanza de que las ayudas europeas cubran las nuevas necesidades en 2021 y 2022 y de que quizá Sánchez complete el cuadro echándose a la espalda una mejora «justa» del sistema impositivo. Aunque ambos recursos podrían diluirse entre Bruselas y las recomendaciones ayer del Banco de España de reformas estructurales y consolidación fiscal. La promesa de Urkullu tiene una validez de seis meses, y la gente lo intuye.

Pero el escepticismo social se refiere también a los 'recortes invisibles', frente a la edulcorada versión de que en Euskadi no hubo más ajustes durante la anterior crisis que aquellos que imponía el Gobierno central. El pasado miércoles, los cinco sindicatos de la red pública de enseñanza denunciaban las rebajas en la planificación de personal para el curso 2020-2021. Inquietud que está presente también en el sistema sanitario y en los servicios sociales. Aunque los grandes números y las comparativas con otras autonomías seguirán ocultando que hay gastos que la Euskadi oficial considera prescindibles y no aparecen en campaña.