El reto sanitario y económico de los cuidados

La inversión en cuidados y atención a personas mayores y dependientes no ha hecho más que crecer en los últimos años y si se quiere dar respuesta a las necesidades de este colectivo deberá seguir aumentando también durante la próxima legislatura. La conquista de una mayor esperanza de vida debe venir acompañada de la garantía de unos cuidados de calidad en una sociedad con necesidades en aumento. Al mismo tiempo que se atiende a una sociedad envejecida, los esfuerzos en materia social se han fijado en combatir la pobreza. La reforma de la RGI aprobada esta pasada legislatura ha ampliado coberturas y la cuantía del subsidio a las más de 53.000 personas que lo reciben en Euskadi, una cifra al alza que ha obligado a aumentar el presupuesto hasta los 467 millones al año. En definitiva, un gasto social creciente para una sociedad con más necesidades.

Una sociedad más envejecida. Una de cada nueve personas que vive en el territorio tiene 75 o más años. Hace dos décadas tan solo el 8% de la población rebasaba esa barrera de edad. Esto establece un nuevo máximo en el índice de envejecimiento del territorio, que escala hasta el 164%, lo que significa que ya se contabilizan 164 guipuzcoanos mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Gipuzkoa no envejecía tanto desde hace 23 años. Cada vez hay más mayores y ocho de cada diez prefieren envejecer en su domicilio, lo que obliga a rediseñar el sistema actual de cuidados.

Una nueva RGI.Uno de los compromisos de la legislatura que termina fue aprobar una nueva ley que regule el sistema vasco garantía de ingresos, un acuerdo que fraguó a finales de 2022 con los votos de PNV, PSE, Elkarrekin Podemos, la abstención de EH Bildu y el voto en contra del PP y Vox. La nueva regulación entró en vigor en abril de 2023 y en seis meses ya se vislumbró su impacto: la flexibilización de los requisitos permitió que cerca de 3.000 familias en situación de pobreza que antes no podían percibir esta ayuda ahora puedan cobrarla. Se han reforzado las cuantías para familias con hijos menores y se ha permitido 'entrar' al sistema a colectivos vulnerables que antes no podían hacerlo, como refugiados. Al mismo tiempo, se han reforzado los controles para evitar fraudes. Aunque hay más demanda porque se ha ampliado a nuevos colectivos, los datos en Gipuzkoa señalan a que se ha reducido la pobreza y la desigualdad, pero en cambio, se han cronificado las situaciones de pobreza severa: la recuperación económica no ha llegado a los que peor lo están pasando, de ahí que mantener la protección social y ahondar en cómo atender a estos colectivos siga siendo prioridad.

Competencias compartidas. A diferencia de la atención sanitaria –que depende únicamente del Gobierno Vasco—, los servicios sociales se articulan en diferentes instituciones y no vale con mirar solo al Ejecutivo autónomo para una radiografía. Al Departamento vasco de Política Social le corresponde establecer el marco general, el paraguas bajo el que luego se despliegan los servicios que competen a diputaciones y ayuntamientos, aunque también cuenta con la responsabilidad de servicios como el Betion –el botón de teleasistencia–. En el caso de Gipuzkoa, la apuesta de la Diputación pasa por reforzar los cuidados en el domicilio. Un estudio foral ha demostrado que los mayores que reciben cuidados en el hogar retrasan hasta cinco años el ingreso en una residencia. Y ahí las cuentas son claras: en los próximos diez años el territorio necesitaría 1.000 plazas más de las existentes en la actualidad (unas 5.000) en las residencias.

Más ayudas económicas. Una de las características del sistema de cuidados en Gipuzkoa es el fuerte impulso a las ayudas económicas a la dependencia. El último año 6.295 personas recibían las prestaciones económicas para contratar a un asistente personal (PEAP) y 8.434 se beneficiaban de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar (PECE). Si se compara con cifras de 2019 se observa un cambio de tendencia: mientras que aumenta el número de usuarios de las ayudas para contratar a un cuidador –hace un lustro eran 5.711– bajan los perceptores de las ayudas para el cuidado familiar –9.263 en 2019–.

Un nuevo modelo de residencias. Independientemente del deseo de envejecer en su casa, el ingreso en una residencia antes o después parece inevitable. Y la pandemia ha acelerado la necesidad del cambio de modelo de cuidados también en estos recursos hacia una atención personalizada, con unidades convivenciales de unas quince personas y habitaciones individuales. En Gipuzkoa hay 65 recursos. La mayoría de plazas, 4.762, son concertadas y cuestan de media 1.470 euros al usuario por mes, aunque también hay alguna privada. En el caso de Gipuzkoa son 464 y los mayores pagan unos 4.000 euros mensuales.

La huella de la pandemia. El Covid supuso una pesadilla para las residencias de mayores. La vulnerabilidad de los usuarios hizo que estos centros se convirtieran en un caldo de cultivo para el SARS-CoV-2, y eso sumado a las medidas de confinamiento que tomaron derivó en que la demanda cayera a mínimos históricos en 2021. Con el estigma del Covid ya superado, este pasado 2023 la lista de espera en las residencias ha vuelto a cifras prepandemia y a finales de año había 718 personas esperando su turno para entrar en una residencia del territorio, una cifra incluso superior a la de 2019.

Récord de usuarios y de gasto social. Gipuzkoa cuenta ya con más de 30.000 personas atendidas en los diferentes recursos sociales, y por ende, el presupuesto del gasto en este capítulo también ha escalado a cifras récord, sin que se vislumbre freno: para 2030 se calcula que en Gipuzkoa el gasto en servicios sociales escalará a 569 millones de euros, casi un 50% más que en prepandemia. En Euskadi se estima que el gasto en siete años deberá ascender a los 1.695 millones, también un 50% más que en 2019. ¿Cómo pagarlo? Esa es una de las grandes preguntas.