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El adelanto de las elecciones generales ha sembrado de inquietud el cierre de la operación de compra de los terrenos de los cuarteles de Loiola ... . El círculo más cercano al alcalde teme que la materialización de la compra se demore en la actual situación de 'impasse' y que a partir del 23 de julio un posible vuelco político en España empantane un acuerdo que solo está a falta de pasar ante notario para oficializar el cambio de titularidad de los terrenos donde se prevé construir un nuevo barrio.
Pasan las semanas y no llega la llamada del Ministerio de Defensa para acudir ante notario para materializar la venta de las 17,5 hectáreas en la margen derecha del Urumea, frente a Loiola. Fuentes próximas a la Alcaldía expresaron su preocupación por la situación generada tras las elecciones del 28 de mayo, que llevaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a adelantar sorpresivamente las elecciones generales al 23 de julio, ante los malos resultados de los socios de gobierno en las elecciones municipales y autonómicas.
24 de noviembre de 2020 El PNV pacta en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado la venta de los cuarteles de Loiola en 2021.
Noviembre de 2021 Se pacta una prórroga de 6 meses.
15 de noviembre de 2022 Acuerdo con el Miniterio de Defensa sobre precio y plazos.
29 de mayo de 2023 Sánchez adelanta las elecciones. La venta aún no se ha formalizado.
Nadie sabe si el giro de la política española podría afectar al acuerdo sobre los cuarteles. El nuevo escenario preelectoral, de momento, ha suscitado «inquietud» en el Ayuntamiento donostiarra, que confió en una firma de las escrituras en el mes de mayo y que a partir del adelanto electoral solo ve incertidumbre en el horizonte. Eso sin llegar a especular con lo que podría suceder si se produce un relevo en la Moncloa como consecuencia de la convocatoria para renovar el Congreso y el Senado.
Hay que recordar que el acuerdo para traspasar los terrenos de los cuarteles se produjo entre el grupo parlamentario del PNV y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado 2021. Si los comicios llevan al PP al poder sin haberse materializado la compra-venta nadie sabe lo que podría pasar. En Ijentea desconocen qué tratamiento podría dar el PP a un asunto acordado por Sánchez –los cinco grupos municipales, incluido el de los populares, aprobaron en el Pleno de mayo una modificación de crédito para crear la partida presupuestaria que permita financiar la operación– y, sobre todo, qué efectos podría tener la presión y el ruido de su posible socio, Vox, con este asunto. La formación de extrema derecha ya intentó paralizar la operación de los cuarteles mediante un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que le dio parcialmente la razón y obligó a proteger los dos principales edificios militares. Ayuntamiento y Ministerio de Defensa han recurrido esta sentencia ante el Supremo, pero de momento Urbanismo ha tenido que asumir el blindaje de estas dos construcciones.
Durante la campaña electoral de las municipales, el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, realizó un acto político frente a los cuarteles en el que aseguró que harán «todo lo posible para evitar que derriben los cuarteles». «No aceptamos las trampas de los negocios de Sánchez con el PNV y Bildu para arrasar este cuartel esencial para a defensa nacional», afirmó.
Es por ello que el Ayuntamiento está interesado en que se despejen cuanto antes las incógnitas y que la venta se materialice. El acuerdo con Defensa prevé efectuar ahora un primer pago de 5 millones de euros y abonar el resto, hasta los 73,3 millones en total acordados, en un plazo de seis meses. Los 5 millones iniciales ya están reservados en las cuentas públicas municipales. Para el resto, el Ayuntamiento tiene previsto utilizar el remanente de tesorería de la liquidación de los Presupuestos 2022 –8.615.22 euros– y completar la cantidad restante mediante un préstamo bancario de alrededor de 60 millones de euros que el nuevo gobierno municipal tendrá que negociar con las entidades financieras .
No es la mayor operación de crédito negociada por el Ayuntamiento para un gran proyecto de residencial. Hay que recordar que la operación de San Bartolomé exigió de un préstamo de 100 millones de euros que se negoció en plena crisis inmobiliaria de 2008.
En el caso de los cuarteles, las incertidumbres son más políticas que económicas. La solvencia y los niveles de deuda del Ayuntamiento, incluso la bonanza económica actual, soplan a favor de la transformación de estos terrenos en una nueva zona residencial, una ordenación urbanística que deberá definirse en los próximos años en la revisión del PGOU. Pero «falta la guinda del pastel» y el adelanto electoral del 23-J no ayuda, más bien lo contrario, a despejar las dudas.
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