El nieto mayor de la Duquesa de Alba, investigado por un presunto delito medioambiental

Problemas judiciales para el nieto mayor de la Duquesa de Alba por un presunto delito medioambiental en una finca que gestiona una de sus sociedades. El Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor ha citado el próximo 20 de febrero a las 10:30 horas de la mañana a Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, en calidad de investigado, por ser el representante legal de la empresa Eurotecnia Agraria. Esta sociedad familiar de los Alba gestiona de la finca Aljóbar, dedicada al cultivo de naranjos y donde hay abiertos desde hace años ocho pozos de agua supuestamente no autorizados, dentro del término municipal de Aznalcázar, según una denuncia de la Fiscalía.

De momento, el juez del caso ha ordenado el precinto temporal de los pozos, así como «la retirada de las bombas y demás equipos instalados en ellos que tengan como fin la extracción de aguas de la Cuenca del Guadalquivir». A tal fin, añade en su resolución, se «autoriza el uso proporcionado de la fuerza si fuera necesario para ello, quedando apercibida la parte investigada en estas actuaciones de la posible comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial en caso de quebrantar ese precinto o continuar con el uso de esos pozos no autorizados». El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil será el que ejecute sus instrucciones.

Según el auto conocido este martes, «los hechos investigados serían constitutivos de un posible delito contra el medio ambiente en relación con la existencia de ocho pozos no autorizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)». Dichas infraestructuras, precisa el instructor, «han sido objeto de precinto en fechas recientes por la autoridad administrativa al volver a ser usados sin haber sido legalizados ni estar dotados de los preceptivos contadores volumétrico», informa Europa Press.

Las actuaciones de este caso se remontan, al menos, a un año y medio atrás. En octubre de 2023, Eurotecnia Agraria respondía a una denuncia de la Fiscalía contra la empresa y también contra Eugenia Martínez de Irujo como presidenta de la misma. Lo hacía desligando a la aristócrata de la gestión de la sociedad –su hermano Luis, afirmaba entonces, «es el miembro del consejo responsable de la gestión de la finca Aljóbar» y ella «nunca ha participado en la explotación agrícola»- y sosteniendo que la extracción de agua «en ningún momento ha superado el volumen máximo aprobado por la CHG».

En todo caso, el juez encuentra posibles «indicios de daño sustancial al medio ambiente con esas captaciones de agua no autorizadas, con impacto colateral en el Parque Nacional de Doñana y, en consecuencia, a su avifauna». Al respeco, afirma que en el informe pericial encargado sobre el asunto se revela «una sobrexplotación del acuífero que puede causar daños ambientales, como el propio descenso de su nivel piezométrico o un deterioro en la calidad de sus aguas, al movilizar aguas del subsuelo o en la compactación del suelo y la salinidad de sus aguas».

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