El «sorprendente» giro de la abogada del Estado

¿Cuándo se debe elevar una información a la Fiscalía? La cuestión sobrevoló la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia de marzo, una vez conocido el sobrecoste de 5 millones de euros en las obras -paralizadas desde febrero- de la lonja pesquera de San Pedro. Según fuentes de dicho consejo, de aquella sesión salió el acuerdo de solicitar a Puertos del Estado una auditoría integral -con sus ramificaciones técnica, económica y legal- para aclarar lo sucedido. El documento instaba a actuar «a la vista del resultado de la auditoría que se lleve a cabo», antes de decidir «si procede adoptar actuaciones adicionales de exigencia de responsabilidades» y ver «si en su caso se evidencian motivos para poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial». Las mismas fuentes aseguran que fue la propia asesora jurídica del consejo, la abogada del Estado que a posteriori decidió elevar el caso a la Fiscalía, «quien propuso ese acuerdo», lo que les lleva a acoger «con sorpresa» su «giro».

Las mismas fuentes garantizan que «desde que ella propuso adoptar ese acuerdo en marzo hasta que pocos días después solicitara un consejo extraordinario para votar si recurríamos a la Fiscalía, no hubo ningún aporte de documentación adicional ni cambió, para nada, de la situación».

En la votación del consejo del 5 de abril solo el subdelegado del Gobierno y el representante de LAB secundaron la nueva tesis de la asesora jurídica, Macarena Olona, de recurrir a la Fiscalía. El resto -presidente, vicepresidente, un representante de Puertos del Estado, tres del Gobierno Vasco, una de la Diputación de Gipuzkoa, tres de la Cámara de Comercio, más los alcaldes de Pasaia y Errenteria-, se decantaron por mantener la postura de esperar a los informes aclaratorios.

Dicha actitud fue reprochada ayer por algunos partidos políticos. EH Bildu centró su crítica en la Diputación. «La transparencia que debe regir la actividad de un Gobierno exige que, tan pronto como se detectan indicios de delitos en la gestión de una institución pública, debe ponerse toda la documentación necesaria en conocimiento de la ciudadanía, de sus responsables políticos y de los tribunales», expresó su portavoz, Xabier Olano, para concluir que «nos preocupa esa actitud oscurantista y nos lleva a preguntarnos qué motivos se esconden tras esa ocultación».

La diputada foral de Movilidad y Ordenación del Territorio, Marisol Garmendia, aclaró al respecto que «la Diputación ha sido una institución que ha pedido luz y taquígrafos, llegar hasta el final y depurar responsabilidades». Explicó que «como representante del consejo del Puerto he consultado toda la información con los servicios jurídicos de la Diputación y he votado en consonancia con su criterio». Concluyó que «no estamos ocultando nada» y subrayó el hecho de que «había un acuerdo en el consejo para esperar los resultados de la auditoría solicitada».

Podemos anunció que exigirá «todas las explicaciones que sean necesarias» para determinar el sobrecoste de las obras y analizar «la actuación de cada una de las instituciones representadas en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria en la reunión que decidió no dar cuenta de este hecho a la Fiscalía». Por su parte, la coordinadora de Ezker Anitza-IU de Gipuzkoa, Arantza González, ahondó en la misma crítica para señalar que «una desviación de un 46%, que asciende a 7 millones de euros de dinero público, es más que suficiente para que, además de las responsabilidades administrativas, se investigue si se ha cometido un delito».