Las 360 viviendas proyectadas en la cárcel de Martutene quedan en el aire y abren una disputa legal

El Ayuntamiento donostiarra se ha encontrado con la paradójica situación legal de no poder recuperar gratuitamente los suelos que cedió en 1944 al Estado para construir la cárcel de Martutene y que ahora necesita para desarrollar la segunda fase de la operación urbanística de Txomin Enea, con un 75% de viviendas protegidas. El viejo penal se quedará en breve sin uso ante la apertura del nuevo centro penitenciario de Zubieta, pero una ley de 2003 tapona las esperanzas municipales al establecer que una administración a la que se ha cedido un terreno asume su titularidad pasados 30 años de uso. Y es que el Ayuntamiento no solo cedió los terrenos sino que aportó hace 80 años un millón de pesetas para su edificación y ahora se ve ante la sorprendente situación de que esos suelos ya no son suyos y si los quiere tiene que pagar (nuevamente) por ellos. Ayuntamiento y Departamento vasco de Vivienda confían en que el agua no llegue al río y esperan que la política pueda enmendar el sinsentido a que conducen algunas normas.

Nadie lo vio venir durante los años que costó hacer el planeamiento urbanístico de Txomin Enea. La primera fase ya está completada, a falta de rematar la construcción de la cooperativa de viviendas Bizikide, y la segunda fase espera a que terminen las obras de la nueva cárcel de Zubieta, algo previsto para los próximos meses. Los reclusos serán trasladados en el primer semestre de 2025 y el viejo penal de Martutene quedará vacío y se desafectará del uso penitenciario en espera de su nuevo destino. El Ayuntamiento tenía muy claro cuál era su futuro porque ese terreno lo compró el consistorio para que el Gobierno de España construyese allí la nueva prisión provincial (tras rechazar ubicarla junto a los cuarteles de Loiola) y para permitir librar a Ondarreta de la presencia de este equipamiento de seguridad.

La cesión de los terrenos se detalla en las escrituras firmadas el 16 de septiembre de 1944 por el alcalde, Rafael Lataillade, y el director general de Prisiones, Ángel Bernardo Sanz, ante el notario Adolfo Sáenz Alonso, un documento al que ha tenido acceso DV.

El documento recoge cómo el Ayuntamiento donostiarra adquirió 55.308 m2 de los caseríos Bernategui Txiki y Bernategi Aundi y segregó 12.000 m2 de estos terrenos para ofrecérselos al Ministerio de Justicia para la construcción de la nueva prisión. El consistorio no se limitó a poner el suelo sino que aportó un millón de pesetas, hace 80 años, para su edificación, y aceptó todas las condiciones que le impuso el Estado, como mantener una zona de aislamiento de 20 metros de anchura alrededor de la cárcel, a modo de elemento de protección, y la obligación de no construir a menos de 5 metros de esa franja de aislamiento.

Este acuerdo permitió edificar el centro penitenciario y los reclusos fueron trasladados de Ondarreta a la nueva prisión a primeros de mayo de 1948, según la documentación obrante en el Archivo Municipal.

Un informe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, solicitado por el gobierno municipal para analizar las posibilidades de reversión gratuita de estos suelos, explica que se trató de una cesión gratuita municipal «sujeta a una condición», que no es otra que el terreno se utilizase como centro penitenciario.

El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de 1986, señala en su artículo 111 que si los bienes cedidos por una administración a otra no fuesen destinados al uso (previsto), «o dejasen de serlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán aquellos a la corporación local». Esta es la tesis que ha sostenido el Ayuntamiento para quedarse con un solar donde en breve ya no habrá usos penitenciarios.

Sin embargo, la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas establece en su artículo 21.4 que basta con cumplir la condición del destino del bien (el uso penitenciario) durante 30 años para que la administración a la que se cede el bien lo pueda considerar de su titularidad. Esta norma echa por tierra la pretensión municipal de recuperar automáticamente los suelos de la cárcel, una vez que queden sin uso penitenciario.

Pese a que la competencia de Prisiones se transfirió al País Vasco en 2021, lo que quedará dentro del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Euskadi es el nuevo centro penitenciario de Zubieta, mientras que el viejo penal de Martutene pasará a manos de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios de la Seguridad del Estado, una sociedad mercantil dependiente funcionalmente del Ministerio del Interior. Este tipo de bienes se suelen vender o subastar, pero no se ceden gratuitamente.

Esta realidad encendió las luces rojas en el Ayuntamiento. El informe jurídico que encargó el consistorio para conocer las posibilidades de recuperar sin coste esos suelos concluye que «resulta complicado sostener la posibilidad del ejercicio del derecho de reversión por parte del Ayuntamiento sobre el terreno y el edificio de la actual cárcel de Martutene», aunque deja abierta una ventana porque «el Tribunal Supremo no se ha pronunciado» sobre el artículo 21.4 en relación con la Disposición Transitoria segunda de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas y «algunos tribunales han entendido que tal precepto no resulta de aplicación a las entidades locales por no tener carácter de normativa básica o general». Este pequeño resquicio se queda en agua de borrajas al considerar lo que se podría dilatar en el tiempo un pleito de estas características y lo que demoraría la construcción de las 359 viviendas de la segunda fase de Txomin Enea, donde están previstas 86 libres, 182 de protección social y 91 tasadas.

Tanto el Ayuntamiento como el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco fían la solución a un acuerdo político con el Gobierno de Pedro Sánchez.

El pasado mes de octubre, el Pleno del Ayuntamiento aprobó una resolución, al finalizar el debate sobre el estado de la ciudad, que insta al Gobierno central «a realizar en el plazo más breve posible la cesión gratuita al Ayuntamiento de los terrenos de la cárcel de Martutene para que pueda construir vivienda pública en los mismos». Fue la primera señal pública de que algo no iba bien en la operación de revertir esos 12.000 m2 a la ciudad.

Pero el gobierno municipal, que conocía desde hace meses la resistencia de la Administración Central del Estado a devolver la parcela de la prisión, llevaba tiempo tratando de sumar al Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco en este objetivo. La consejería, que dirige el socialista Denis Itxaso, no ha dudado en implicarse en la tarea, primero por la convicción de que «tenemos que hacer causa común en el objetivo de construir vivienda pública», según manifestó el consejero a DV, pero también por haber sido concejal donostiarra durante varias legislaturas y por haber desempeñado el cargo de delegado del Gobierno en el País Vasco y conocer de primera mano las teclas que tocar en cada ministerio. Itxaso explicó que «el alcalde (Eneko Goia) nos ha propuesto que hagamos causa común con esto y yo he cogido el guante. Tengo una especial interlocución con el Gobierno central por motivos obvios y me he puesto ya a la tarea» de tratar de lograr la reversión gratuita de la parcela. El consejero de Vivienda consideró que el objetivo social de hacer vivienda protegida permite ver «agua en la piscina» en los contactos que mantiene con los responsables del Gobierno. Si la cesión es al Ayuntamiento o al Gobierno Vasco es una cuestión secundaria, tanto para Vivienda como para el Ayuntamiento. Fuentes próximas a Urbanismo señalaron que «lo prioritario es que la reversión de la parcela sea gratuita. El Ayuntamiento no va a poner 'peros' a la hora de hacer vivienda protegida en Txomin».

La delegada del Gobierno en el País Vasco y también exconcejala donostiarra, Marisol Garmendia, confirmó a DV que el Ministerio del Interior «está analizando la petición» realizada por el Ayuntamiento en relación a la reversión de la parcela. «Estos casos con muchas aristas legales no suelen ser fáciles», indicó, pero mostró su confianza en que el destino que se pretende ayude a desatascar el conflicto jurídico sobre la reversión de los terrenos.