Las 9.474 multas en Gipuzkoa serán anuladas si el TC declara ilegal el primer estado de alarma

El conflicto jurídico abierto a raíz del recurso presentado por Vox puede no solo suponer un varapalo para el Gobierno central por la gestión durante aquellos primeros azotes de la pandemia, sino también un importante desaguisado para todas las comunidades autónomas a la hora de revertir las miles de multas tramitadas a la ciudadanía por saltarse el confinamiento o realizar traslados prohibidos en aquel momento, muchas ya pagadas.

En Gipuzkoa, la Ertzaintza y las policías locales abrieron un total de 9.474 expedientes de sanción por desobediencia a esta norma excepcional aplicada desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio en que estuvo vigente. Una cifra que en toda Euskadi se eleva a 22.957, según los datos aportados por el Departamento de Seguridad, que no incluyen las 10.000 de las policías locales de Bilbao, Vitoria y Barakaldo, ayuntamientos que tramitan sus expedientes.

De ellas, el Gobierno Vasco ha tramitado ya todas las propuestas de sanción levantadas por las policías y ha recaudado 1,8 millones de euros de los 6.292 expedientes resueltos por la fórmula del pronto pago. Es decir, los que han abonado la mitad de unas multas que en la mayor parte de los casos denunciados ascendían a 600 euros. La cuantía por incumplir las limitaciones de movilidad, los toques de queda o las agrupaciones máximas de personas, es decir, las limitaciones impuestas por el estado de alarma o la ley de Seguridad Ciudadana, puede conllevar multas de 601 a 30.000 euros. Cogiendo como referencia la horquilla más baja, en Euskadi las 23.000 multas tramitadas por Seguridad podrían ascender hasta los 14 millones de euros.

Euskadi, como ha ocurrido en otras comunidades, acumuló un retraso en la gestión y cobro de estos expedientes sancionadores. Pero el Departamento de Seguridad ha acelerado el ritmo en los últimos meses de las tramitaciones y resoluciones de esas primeras multas que datan del primer estado de alarma, y desde el pasado abril ha completado la notificación de todas ellas (entonces estaba al 83%). En total, se ha multado ya a 6.292 infractores, 3.561 propuestas por agentes de la Ertzaintza y 2.731 por las policías locales. Y se han cobrado 1.882.017 euros.

La prisa por finalizar la tramitación de esas sanciones residía en que pasado un año pueden prescribir. Solo en casos de que el denunciado presente recurso, los plazos para alegaciones y respuesta de la Administración se extienden y pueden llegar al año y medio.

Ahora, esas primeras multas notificadas y ya cobradas vuelven a estar en el aire. La propuesta del ponente del TC, Pedro González-Trevijano, para declarar ilegal el primer estado de alarma puede desbaratar y generar un nuevo quebradero de cabeza a las administraciones. El magistrado ha propuesto al tribunal declarar inconstitucional ese decreto y sus prórrogas hasta junio, porque considera que un recorte de derechos fundamentales de tal calibre requería del amparo del estado de excepción, no solo de alarma.

El pleno del TC analizará a partir del próximo día 22 esta propuesta, planteada a raíz del recurso que Vox presentó a finales de abril del pasado año contra la normativa excepcional que ha limitado, en dos periodos, la vida de la ciudadanía en el último año. En su escrito, el partido de extrema derecha alegó que «el estado de alarma no permite la suspensión de los derechos del Título I» de la Constitución sobre los derechos y deberes fundamentales, ni «restricción alguna sobre la libertad de residencia». Defendió que el Gobierno utilizó de «forma abusiva e inapropiada» la normativa, ya que, a su entender, solo el estado de excepción o de sitio permite restringir el derecho de elección de residencia, de circulación por el territorio nacional o de entrar y salir del país.

Desde el TC indicaron que la propuesta planteada por el ponente asume los argumentos de Vox pero incidieron en que no «anticipa» un voto afirmativo del pleno del Constitucional a esta cuestión. La resolución llegará con más retraso del previsto por el tribunal, no solo cuando aquel primer estado de alarma tan estricto ha quedado en el olvido, sino cuando incluso ha expirado ya el segundo que ha durado seis meses, hasta el 9 de mayo.

Sobre este no hay hasta ahora cuestionamiento jurídico. Por lo que, en este caso, las sanciones que se han propuesto a lo largo de estos meses siguen adelante. El Departamento de Seguridad está terminando de tramitar los 9.814 expedientes de los últimos meses de 2020, y aún quedan pendientes los 24.974 abiertos durante este año.

En total, en Euskadi se han sancionado durante toda la pandemia casi 58.000 infracciones por no cumplir las limitaciones de movilidad u horario del estado de alarma, a las que habría que sumar las miles que tramita Salud por no respetar la normativa sanitaria sobre el uso obligatorio de mascarillas, la distancia de seguridad o los aforos en establecimientos.